Han fulminado las previsiones. No se esperaba la rapidez con que ha sido renovado el Consejo General del Poder Judicial. Está claro que una hipotética alianza de estado entre el PP y PSOE acabaría con todas las dudas generadas en la actividad política de este país. Pero lo del CGPJ sólo ha sido un espejismo probablemente provocado por las presiones de Bruselas.
Lo cierto es que el Congreso y el Senado han tramitado, apenas sin debate, el acuerdo al que llegaron Félix Bolaños y Esteban González Pons. Los candidatos propuestos, diez progresistas y diez conservadores, han sido elegidos sólo con la oposición de los grupos parlamentarios que querían un nuevo modelo, todos menos Sumar, que se ha subido al carro por la inclusión en la lista de dos nombres propuestos por ellos.
Todo parecía indicar que no se llegaría a tiempo de designar a un nuevo presidente del Consejo que, a su vez lo será del Tribunal Supremo, para pronunciar el discurso de la apertura del año judicial en septiembre. Y es que había razones de peso para apresurar la toma de posesión. En primer lugar, porque Felipe VI inicia su periodo de vacaciones en Marivent la semana que viene por lo que los aspirantes tendrían que haberse trasladado a Palma de Mallorca para prestar promesa o juramento con el consiguiente gasto presupuestario. Y luego porque los vocales salientes todavía estaban haciendo de las suyas. Su última resolución ha sido amparar al juez número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, al que amplios sectores sociales consideran que roza la prevaricación con sus decisiones en el caso Begoña Gómez.
Era necesaria la urgencia con que se ha tramitado la renovación. La rapidez ha sorprendido a todos. Pero aún queda lo más difícil por hacer. La elección de los nuevos vocales va pareja a una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Se suprime la capacidad decisoria de la comisión permanente, habitual durante el mandato del anterior consejo en la etapa de Carlos Lesmes.
Ahora deberá ser el pleno el que tome las decisiones. Y además estas no pueden ser adoptadas por mayoría simple sino de tres quintos, es decir 13 de los veinte vocales. Con ello se pretende acabar con la discrecionalidad a la hora de nombrar a los jueces y magistrados de las instancias superiores, la tarea inmediata del CGPJ para cubrir las más de 100 vacantes entre Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de justicia y audiencias territoriales. Y este martes habrá que elegir al nuevo presidente que lo será también del Supremo.
Se han filtrado los nombres de los siete candidatos y la impresión es que sus perfiles son parecidos a lo que nos tiene acostumbrados la derecha judicial. Tres de ellos, Ana Ferrer, Antonio del Moral y Carmen Lamela, son magistrados de la sala segunda de Lo Penal que preside Manuel Marchena. Dos de ellos formaron parte del tribunal que juzgó a los líderes del procès. Esos que para justificar las condenas por sedición afirmaron que el referéndum del 1 de octubre de 2017 fue “un señuelo” pasando a denominarlo, ahora, “golpe de Estado secesionista” en el auto en el que presentan la cuestión de inconstitucionalidad. Carmen Lamela, magistrada de la Audiencia Nacional, se encargó de instruir la causa del procés en la Audiencia Nacional hasta que se hizo cargo de las diligencias el juez del Supremo, Pablo Llarena, y mandó a la cárcel a Oriol Junqueras y compañía. Se la considera ultraconservadora. Es cierto que Ana Ferrer emitió un voto particular contra dichas sentencias, y que cuenta con el aval de Juezas y Jueces para la Democracia. Sería la presidenta mas asumible para el progresismo de este país.
Los otros cuatro, Esperanza Córdoba, Ángeles Huet, Pablo Lucas y Pilar Teso, pertenecen a la controvertida sala tercera, la de Lo Contencioso Administrativo que mantiene un enfrentamiento con el gobierno progresista y últimamente con la fiscalía general del Estado. Lucas se ha encargado de elaborar las ponencias donde han anulado los nombramientos de Dolores Delgado y, además, tiene que ir a declarar a la comisión de investigación del Congreso de los Diputados para que explique las actividades del servicio de espionaje, CNI, en el llamado Caso Pegasus, como encargado de su control judicial.
La reforma de la LOPJ acaba con el presidencialismo en la institución que hasta ahora había estado presente en todos los mandatos. El nuevo presidente o presidenta sólo tendrá la potestad de emitir del voto de calidad en caso de empate, pero la mayoría de las decisiones, como van a ser las de los nombramientos de los magistrados de las instancias judiciales superiores, deberán adoptarse por mayoría de tres quintos. Y eso limita la capacidad del nuevo titular cuyo trabajo, en realidad, va a consistir en la mejora de la imagen de un organismo desprestigiado, y de un poder judicial ineficaz y carente de independencia.
El verdadero caballo de la batalla que se avecina en el seno del Consejo será la reforma del método de designación de los vocales que sustituirán, dentro de cinco años, a los recientemente nombrados. La derecha judicial sigue insistiendo en que sean jueces y magistrados los que los designen mediante elección directa. El PSOE considera que la normativa actual es suficiente para garantizar la independencia judicial. La ultima palabra la tendrán los nuevos vocales quienes van a tener que hacer frente, además, a las críticas de la izquierda que exigen una reforma en profundidad para evitar que la administración de justicia siga siendo lo que es, ahora: un reducto de jueces conservadores que, además, están utilizando la toga para dar la batalla política contra el gobierno de Pedro Sánchez.
No parece que los nuevos vocales estén por la labor de cambiar las reglas del juego. Por su procedencia y porque la primera decisión que han adoptado, la de los candidatos a presidirlos, ya ha sido polémica, mucho nos tememos que el nuevo CGPJ va a ser más de lo mismo.