Se ha analizado en muchas ocasiones en Diario16+. La composición actual del Consejo General del Poder Judicial hace inviable la toma de decisiones en los asuntos trascendentales. Ahora mismo hay bloqueo en dos de ellos: el informe sobre la nueva forma de elección de los vocales cuando haya que proceder a la renovación, y la cobertura de las vacantes de jueces en el Tribunal Supremo y, en especial, el nombramiento de los presidentes de las salas de Lo Penal y Lo Contencioso Administrativo. Ese bloqueo se produce por la polarización existente en el seno del consejo. El acuerdo entre el PSOE y el PP repartió las vocalías a partes iguales y eso se nota ahora. Los diez conservadores mantienen posturas radicalmente diferentes a las de los diez progresistas. Ambos actúan en bloque y la presidenta, Isabel Perelló, de signo progresista, no es capaz de ponerlos de acuerdo. Y lo peor de todo es que ese acuerdo es urgente.
Antes del 6 de febrero, el CGPJ deberá enviar al Congreso de los Diputados una propuesta sobre la modalidad de elección de los vocales que en 2028 sustituirán a los actuales. Y no se quiere volver a situaciones parecidas a las del pasado. El bloque conservador insiste en que los 12 vocales de extracción judicial deben ser elegidos por los miembros de la carrera mediante votación directa tal y como se hace ahora mismo en el Consejo Fiscal por poner un ejemplo. Los progresistas mantienen el modelo actual en el que el Parlamento elige sobre una lista cerrada que proponen los jueces. La comisión formada por dos vocales de cada signo no ha logrado un acuerdo y aunque esta semana seguirán negociando se da por segura la presentación de dos informes por separado. También se ha difundido un estudio elaborado por el Tribunal Supremo en el cual se admite la “divergencia de puntos de vista” en relación con este asunto y propone dos alternativas. Por una parte, asume el modelo que defienden “amplios sectores de la carrera judicial, incluidas la mayoría de las asociaciones judiciales”, el de la elección directa por parte de los jueces, pero admitiendo, también, que se podrían introducir mecanismos para reflejar el “pluralismo”, como un sistema de listas abiertas o la inclusión de “criterios de proporcionalidad”. Eso en lo que se refiere a los 12 vocales del turno judicial. El nombramiento de los ocho restantes seguirían siendo competencia exclusiva del Parlamento siempre según este informe.
Lo cierto es que ya no cabe duda de que se presentarán a las Cortes las dos posturas. La del Supremo no entra dentro de esta ecuación según el acuerdo alcanzado por PP y PSOE, pero es probable que se tome en consideración. Sobre todo, porque se da por hecho que, al final, van a ser los jueces los que elegirán directamente a esos vocales. Y aunque las tres asociaciones de magistrados de signo conservador están de acuerdo con esta modalidad, alguna, como la AJFV, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, exige mecanismos correctores que introduzcan la proporcionalidad porque, de seguirse el criterio de listas cerradas, se da por seguro que la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, obtendrá la mayoría y, por lo tanto, la totalidad de las doce vocalías en juego
Por lo tanto, el primer gran desacuerdo en este renovado poder judicial ya está servido. Pero no es el único. La negociación para designar dos decenas de jueces que deben cubrir las plazas vacantes en el Tribunal Supremo, la presidencia de la Audiencia Nacional y otros puestos clave en esta instancia se encuentra en un callejón sin salida. Los progresistas quieren que se aplique la ley de paridad que exige la presencia equilibrada en los nombramientos. Precisamente, en base a la mayoritaria presencia de mujeres en la carrera, un 53%, quieren que las dos presidencias de sala recaigan en Ana Ferrer, la de Lo Penal, y Pilar Teso, la de Lo Contencioso Administrativo. Los conservadores insisten en que sean Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas los elegidos. Ambos ya están ejerciendo en funciones y esta circunstancia la están utilizando en la derecha judicial para aplazar el debate. La idea es que permanezcan así hasta su próxima jubilación y que, para entonces, la Asociación Profesional de la Magistratura pueda aportar otros perfiles. De ahí la explicación a este bloqueo.
En cuanto a las otras altas instancias judiciales hay encima de la mesa dos informes opuestos sobre cómo se debe aplicar la ley de paridad, una norma que persigue implantar el equilibrio de género en las masculinizadas cúpulas de los tribunales. El bloque progresista defiende que la presencia equilibrada de ambos sexos debe imponerse en cada presidencia, sala, o audiencia donde se cubran plazas. Los conservadores creen que será suficiente con que esta paridad en el conjunto de nombramientos se vaya aplicando en el transcurso de sus mandatos.
Y no todo termina en esas discrepancias. El enfrentamiento entre los dos sectores se hace cada vez más evidente. En el último pleno, el bloque conservador quiso forzar el debate y la votación de la proposición de ley que modifica la figura de la acusación particular en un claro intento de politizar la institución tal y como sucedió en épocas pasadas. Al ser una proposición de ley presentada por el grupo socialista en el Congreso, que no pasó el filtro del Consejo de Ministros, no es obligatorio el dictamen del CGPJ. Pero eso, al bloque conservador le importa un bledo. Pasó con la ley de amnistía. Siempre que se intenta aprobar una norma contraria a sus intereses los vocales conservadores del CGPJ la emprenden contra ella a través de resoluciones que, en ocasiones, no se ajustan a derecho. El Consejo puede opinar, como cualquier organismo de este país, pero debe de tener en cuenta que jamás debe traspasar la línea roja del terreno exclusivo de los otros poderes del Estado.
Conclusión: el órgano de gobierno de los jueces está muy dividido y ello va a impedir sacar adelante el trabajo que debe realizar. No basta con dictaminar sobre asuntos menores. Las grandes cuestiones que afectan al poder judicial están bloqueadas. Como estuvieron durante los cinco años de mandato caducado.