El talante excesivamente contemporizador de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, la ha llevado a proponer a un ultraconservador como su vicepresidente. Dimitry Berberoff es un halcón entre los halcones. Magistrado de la sala de Lo contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que se está convirtiendo en el verdadero poder judicial en la sombra, es el segundo en rango de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, APM. Y hay quien dice que, si la Perelló pertenece a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, Berberoff no es que sea afiliado de la APM, es que es su estratega. Que la presidenta, María Jesús del Barco, hace lo que le susurra al oído su vicepresidente. Por lo tanto, la proporcionalidad de las fuerzas está desequilibrada. Y eso en un organismo dividido en dos sectores antagónicos que no se ponen de acuerdo ni en la designación de los segundos niveles: el secretario general y el portavoz. Los conservadores quieren reservarse esos nombramientos. Los progresistas se oponen. Y si en esas estamos, ¿qué pasará cuando haya que empezar a cubrir las 123 vacantes de los tribunales superiores?
El secretario general del CGPJ juega un importante papel en la organización de la institución. Por ese motivo la derecha judicial juega fuerte a la hora de su nombramiento. José Luis de Benito ocupó este cargo desde 2019. Se jubiló anticipadamente el pasado mes de octubre. El bloque conservador no le soportaba porque había sido jefe de gabinete en dos ministerios ocupados por socialistas, José Antonio Alonso y Carme Chacón. Los vocales propuestos por el PP vigilaban minuciosamente su trabajo hasta que llegó un momento en que la situación se hizo insostenible. Una retirada a tiempo era la mejor opción para De Benito. Le sucedió Manuel Luna, un juez procedente de la sala de lo contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial de Murcia, a quien los progresistas quieren mantener
El anterior gerente, José María Márquez, se retiró al mismo tiempo que su jefe inmediato, José Luis de Benito. Por Márquez pasaban asuntos de importancia capital como es la gestión presupuestaria, la administración de personal y temas relativos a la contratación de bienes y servicios. Al menos Márquez dejó resuelta su sustitución. Una persona de su entera confianza, su número dos, se hizo con el puesto que, ahora dependerá del nuevo secretario general.
En cuanto a la figura del portavoz, un cargo del que prescindió el anterior CGPJ, ahora se pretende recuperar, pero ambos sectores lo reclaman para sí. “Hay dos colectivos con diferentes sensibilidades y la persona que se elija tiene que representar a la presidenta y a la institución, no a su grupo”, advierte un vocal.
Y también habrá que decidir que pasa con la Escuela Judicial, objeto de controversia en el pasado. Su anterior director, el magistrado Jorge Jiménez Martín, tuvo que dimitir después de haber soportado las furibundas críticas de los vocales elegidos a propuesta del PP en el anterior consejo, aquél que llevaba caducado más de cinco años. Consideraban que no cumplía con los requisitos que establece la ley ya que permaneció en el puesto “de forma interina” desde 2018. Y eso lo argumentaban unos señores cuestionados por sus circunstancias. Le sustituyó María Jesús Millén, directora de formación continua de la escuela quien permanece de manera interina. La unidad que dirige opera en Madrid mientras que la sede oficial de la Escuela está en Barcelona. Todo un galimatías que también deberá resolver este nuevo consejo.
Pero donde se va a dar la batalla más dura va a ser a la hora de cubrir las plazas vacantes en los tribunales superiores porque la nueva normativa acordada por PSOE y PP obliga a que las designaciones se hagan por una mayoría de tres quintos. Se acabó la discrecionalidad del presidente de la época de Carlos Lesmes quien hacía y deshacía a su antojo a la hora de colocar a sus afines en las altas instancias de la magistratura y así han acabado los tribunales, controlados por la derecha judicial.
El momento clave será en el mes de noviembre. Para entonces, el presidente de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, debe dejar sus funciones siendo sustituido de forma provisional por el juez más antiguo, Andrés Martínez Arrieta. La ley orgánica del Poder Judicial, LOPJ, precisa que los presidentes de sala “sólo podrán ser reelegidos una vez” por lo cual no hay posibilidad de un tercer mandato.
Para ocupar su vacante los jueces progresistas juegan fuerte por la candidatura de Ana Ferrer, que fue candidata a presidir el CGPJ pero que los conservadores la consideran “excesivamente izquierdista”. Ferrer pertenece a la sala desde abril de 2014 y la consigna por parte de la izquierda es que se elija a una mujer de acuerdo con la mayoría en el seno de la carrera judicial. De momento no hay candidato alternativo, pero todo parece indicar que Andrés Martínez Arrieta se postulará para el cargo. Ya se presentó para la sala quinta del Supremo en anteriores ocasiones. Martínez Arrieta es bien visto por el sector conservador que insiste en que no es necesario aplicar ese criterio de proporcionalidad que piden los progresistas.
Están claras las posturas antagónicas y el empate entre los dos sectores obliga a la presidenta a utilizar su voto de calidad. Aunque es progresista, la magistrada catalana juega al dialogo y contemporización por lo que sus decisiones pueden sorprender y no gustar a unos u otros. Difícil papel el suyo todo porque, por aquello de acabar con la crisis del CGPJ, los dos negociadores de la renovación del CGPJ, Esteban González Pons y Félix Bolaños, pactaron un acuerdo que convierte al órgano de los jueces en poco menos que ingobernable. Y es mucho el trabajo que tiene. Como para pasarse todo su mandato discutiendo. A la vista está su inoperancia y hay que acabar con este estado de cosas.