En su afán, que roza la obsesión, por buscar pruebas que le permitan procesar a la esposa de Pedro Sánchez, el titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dejado pendientes otros deberes. El olvido más significativo afecta a un alto cargo de la empresa Municipal de Transportes de Madrid, dependiente del Ayuntamiento. El gerente de la EMT, Alfonso Sánchez Vicente, está imputado por malversación en una denuncia presentada por Podemos. El problema es que Peinado dictó auto prorrogando la instrucción fuera del plazo, dos meses después de que concluyese el año legalmente establecido, ordenando, además, nuevas diligencias que han sido suspendidas por la Audiencia Provincial de Madrid que le ordena convertir el caso en procedimiento abreviado o proceda a su archivo. Como todavía quedan importantes indagaciones, a Peinado no le va a quedar más remedio que cerrar la causa. Por él encantado, ya que la investigación salpica al Ayuntamiento de Madrid y al mismísimo José Luis Martínez Almeida. Pero a Peinado se le acumulan más contratiempos. Todo parece indicar que, después de la oposición por parte de la fiscalía, difícilmente va a prosperar su petición de que el Tribunal Supremo abra una investigación por malversación contra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que apunta como responsable del nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno.
Las diligencias que se le han escapado al juez parten de una denuncia de Podemos por malversación relacionada con el encargo de un evento sobre movilidad por parte de la EMT al digital Okdiario. La adjudicación ascendía a 72.600 euros, cuatro veces más de lo que había pagado poco antes la entidad pública a otra empresa por un acto similar. Los superiores de Peinado dicen que “no son válidas las diligencias acordadas en fecha posterior al 23 de enero de 2025, en que finalizó el plazo máximo de instrucción”. Los magistrados advierten que la estimación del recurso de la acusación particular es parcial y que las diligencias acordadas antes del 27 de enero podrían practicarse aún fuera de plazo. En Podemos están con la mosca detrás de la oreja. Consideran que ese “error” pudo ser premeditado para proteger a Martínez Almeida que estaba cerca de la imputación. Y es que ya son demasiadas las sospechas que recaen sobre un juez que parece haber centrado todo su trabajo en investigar al entorno de Pedro Sánchez con la esperanza de poder llegar al mismísimo presidente. Más Madrid ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial en la que piden que se sancione a Peinado por “dejación de funciones”. Veremos qué dice un órgano de gobierno de los jueces que no se compromete ante asuntos polémicos daba la bipolarización de su composición.
El juez Peinado cuida mucho todo lo que tenga que ver con el caso Begoña Gómez. Desde el punto de vista jurídico es impecable su exposición razonada dirigida a la sala de Admisiones del Tribunal Supremo pidiendo la apertura de una investigación al ministro Félix Bolaños por malversación y falso testimonio. Pero el fiscal del TS, Fernando Prieto, le gana la partida con argumentos contundentes negándose a la petición del instructor madrileño. El ministerio público señala en que los hechos recogidos por Peinado en su exposición razonada no son, en ningún caso, constitutivos de delito. Y recalca que el juez no aporta datos objetivos que sustenten su afirmación de que la asistente de Begoña Gómez ha realizado actividades privadas ajenas a su función pública ni cuál es la responsabilidad que pudiera tener Bolaños en esos supuestos hechos delictivos. El fiscal considera que Peinado debería haber detallado al Supremo esas supuestas actividades privadas desempeñadas por la empleada de Moncloa que, en opinión del juez, implican una extralimitación de las funciones que tiene asignadas por su puesto de trabajo. El escrito considera que el magistrado también debería haber explicitado con datos objetivos qué conocimiento tenía Bolaños de esas supuestas actividades privadas, y no limitarse a lanzar afirmaciones sustentadas en lo que considera “una vaga referencia al conocimiento público y notorio”. Prieto argumenta que la existencia de una dependencia orgánica de Álvarez respecto al actual ministro no supone, ni mucho menos, que este ejerza un control sobre sus actividades al tiempo que rechaza que Bolaños tuviera ningún tipo de control en la gestión presupuestaria y, en concreto, en los fondos públicos que, en opinión del instructor, fueron malversados al pagar a la trabajadora un sueldo público dedicando, presuntamente, parte de su jornada laboral a cuestiones supuestamente privadas de la esposa del presidente.
El magistrado se queja al Supremo de que Bolaños le mintió durante su comparecencia en calidad de testigo. Un interrogatorio que ha sido calificado de surrealista por parte de los expertos que no entienden, primero, como el juez se atrevió a pedir una tarima para “situarse por encima” del testigo. Aquí mismo se ha manifestado que no se puede decir que Bolaños mintiese. En varias sentencias, el Tribunal Supremo interpreta la ley en el sentido de cuando se puede pedir responsabilidades a un testigo obligado a decir la verdad: es a partir de la vista oral, es decir, en el juicio y no en una fase previa del procedimiento. Por lo tanto, no tiene consistencia la acusación de Peinado. Pero es que, además, el juez sugiere algo inaudito, el registro de las dependencias de Moncloa para averiguar las actividades que lleva a cabo la asesora de la mujer del presidente. Un hecho que, de aceptarse, no tendría precedentes en la historia de la democracia.
Ya se ha comentado suficientemente las estrafalarias decisiones del juez Peinado que debe estar acostumbrado a que sus superiores le desautoricen. Lo peor no es eso. Es que con esta obsesiva instrucción que lleva a cabo se está olvidando de otros asuntos en su juzgado y eso es sintomático porque, además, afectan a cargos del Partido Popular. Y eso acaba por cuestionar su imparcialidad.