Pedro Sánchez siempre ha presumido de ser un hombre que lo resistía todo, que luchaba contra todos. Además de un victimismo crónico, el actual presidente del Gobierno se ha dado cuenta de que la corrupción es un hecho que afecta a todos. Cuando se está en las esferas de cualquier tipo de poder, es muy fácil corromperse porque la naturaleza humana es así. Desde las alturas es demasiado sencillo utilizar la influencia para conseguir beneficios personales. Esto no es una cuestión de políticos, empresarios, banqueros, jueces o fiscales. La corrupción está ahí y en el mundo no existen los unicornios blancos, sobre todo en los ámbitos en los que se presume de limpieza.
Si alguien esperaba que la semana pasada Sánchez iba a presentar su dimisión y convocar elecciones anticipadas entonces es que no le conocen. Por más que haya escándalos de presunta corrupción en su partido, por más que afecten a su entorno más cercano, a Sánchez no se le saca de la Moncloa ni con agua hirviendo.
Sin embargo, más allá de todo eso, que es sabido por todos (salvo los que aún se creen lo que afirma o dice), la realidad es que el presidente del Gobierno no es capaz de analizar con profundidad lo que le está pasando a él y al país.
En octubre de 2016, cuando fue expulsado legítimamente de la Secretaría General, Sánchez pretendía gobernar con 85 escaños y un pacto parlamentario similar al que le ha sostenido desde las elecciones de 2019. En aquellas semanas previas al famoso Comité Federal, gente muy cercana a él le advirtieron de que, aunque aritméticamente era posible, la ciudadanía no iba a entender determinadas cesiones que se deberían hacer tanto a la extrema izquierda de Podemos como al independentismo catalán que, en aquellos momentos, estaba preparando un nuevo referéndum ilegal. Además, tal y como le dijeron sus hombres de confianza, la gente no iba a comprender que en esa ecuación se incluyera a Eh-Bildu.
Han pasado los años y el escenario político no se diferencia mucho de lo que había en el 2016. Lo único, la distribución de los escaños, nada más. Lo peor que existe en política es el dogmatismo, incluso más que el sectarismo. Pedro Sánchez y el PSOE hablan de la España plurinacional, del respeto a otras formaciones, del consenso, pero, en realidad, lo que la ciudadanía capta es que Pedro Sánchez se mantiene en el gobierno porque tiene la llave de la caja.
En su comparecencia del jueves volvió a no entender lo que está sucediendo y por qué le está pasando lo que le ocurre. Los pactos con los independentistas y nacionalistas, la cesión de competencias, la amnistía, el sectarismo y, sobre todo, la falta de eficacia de las medidas que adopta el gobierno progresista en materias tan sensibles como los salarios, la calidad del empleo o los niveles de pobreza, están haciendo mella en el presidente del Gobierno.
Pactar con el independentismo y el nacionalismo, en sí mismo y desde la teoría política es absolutamente legítimo. Sin embargo, el pueblo no lo ve así. Las heridas están abiertas por el procés y la mera posibilidad de una amnistía total es visto por la ciudadanía como un ejercicio de otorgar impunidad a cambio de apoyo político. Pactar con EH-Bildu, por más que sea legítimo, es visto por el pueblo como una traición a las víctimas del terrorismo de ETA.
A todo esto hay que añadir los casos de presunta corrupción y la respuesta del PSOE ante los mismos con ataques a los jueces, la Guardia Civil y a los medios de comunicación que no son regados de campañas de publicidad institucional a cambio de un sometimiento mediático absolutamente indecente.
A la falta de entendimiento ciudadano de los acuerdos de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder y del precio que está pagando por ello, hay que sumar que los jueces califican, por ejemplo, la amnistía como una injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo en sus decisiones, de ahí que se hayan creado esa guerra que desde el dogmatismo y el sectarismo de determinados sectores de la izquierda se haya calificado como lawfare o intento de golpe de Estado.
En cuanto a los jueces, hay que confiar en su ética, pero también limpiar aquellos despachos que hacen lobby para intentar influir en ellos. Los jueces ya lo dejaron claro, aunque de manera indirecta. Es momento de nombrar y señalar a estos grupos, especialmente ahora que la UCO está destapando redes de corrupción vinculadas a Latinoamérica.
Hay que tener muy poca capacidad de análisis para emprender medidas y hacer declaraciones contra, precisamente, los que van a investigar los casos de presunta corrupción. Y, sobre todo, apelar a teorías de la conspiración que, al fin y al cabo, se sustentan en acusaciones sin pruebas o en análisis dogmáticos y sectarios. Y, sobre todo, intentar realizar reformas de los códigos jurídicos que incluyen medidas que terminarían con las investigaciones judiciales a personas cercanas al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno. Hay que ser muy torpe.
Y luego está el informe de la UCO que ha terminado con Santos Cerdán. El presidente del Gobierno no se da cuenta de que el problema le afecta a él directamente. Desde que retornó a la Secretaría General del PSOE en 2017, sus dos secretarios de Organización están siendo investigados con serios indicios de corrupción. Primero fue José Luis Ábalos, posteriormente, Santos Cerdán. Dentro de una organización esto es muy grave y, en cualquier lugar que no sea España, habría determinado la dimisión inmediata del líder. No hay que irse muy lejos para ver el comportamiento que tuvo el expresidente de Portugal, Antonio Costa, que no dudó en dimitir tras la aparición de indicios de corrupción en uno de sus más cercanos colaboradores. Pero, bueno, la decencia suele ir por barrios.
Las explicaciones dadas por Pedro Sánchez no se las cree nadie, salvo los sanchistas más sectarios. Afirmar que no se esperaba eso de Santos Cerdán es una boutade muy grande porque desde hace meses se venía hablando de las comisiones y cobros que habría presuntamente cobrado el número 3 del PSOE. Desde hace meses se viene avisando e informando de que Cerdán podría tener presuntas cuentas en el extranjero. Desde hace meses, desde hace meses…, ¿esto no lo sabía el presidente del Gobierno? Ante la insistencia de esas informaciones, ¿por qué no le dio por iniciar una investigación interna? ¿Tanto se han creído lo de la “máquina del fango” como para calificar como denuncia falsa todo lo que afecte negativamente al PSOE o al presidente? Eso es una irresponsabilidad enorme.
Pero es que lo de Cerdán y Ábalos viene de lejos, más allá del presunto cobro de comisiones, como lo demuestran los movimientos (que bien podrían ser calificados de supuesto trato de favor o tráfico de influencias) que se realizaron en las semanas posteriores a la toma de posesión de Pedro Sánchez y a los nombramientos de los nuevos delegados de gobierno por los que se realizó el traslado del hermano de Cerdán de una prisión en Valencia a otra de Sevilla con mejores condiciones fuera de lo normal por todo Sevilla. Eso, aunque pueda ser legal, es absolutamente contrario a la ética y quien hizo esos supuestos favores tuvo una escalada importante dentro del partido y de las responsabilidades del grupo parlamentario socialista.
Por otro lado, la solución que pretendió dar con la auditoría externa es otra boutade porque, en primer lugar, la presunta corrupción de Santos Cerdán o José Luis Ábalos no tiene una correlación directa con las cuentas del PSOE. Además, hay que tener en cuenta que esas cuentas ya están auditadas por el Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿qué hay que auditar? Y, sobre todo, ¿a qué empresa encargará la auditoría, a los mismos del banco de su amiga Ana Botín?
Todo esto se basa una vez más en la estrategia del victimismo que ha implantado Pedro Sánchez en el PSOE. Todo es culpa de los demás, cuando, en muchos elementos, el único responsable es el presidente del Gobierno, responsabilidad que podría ser activa o pasiva, dependiendo del lado que se mire y de los niveles de ética que se manejen.
Pedro Sánchez alcanzó el poder tras una moción de censura por la condena por corrupción del Partido Popular. Ahora él mismo está acorralado por distintos casos de corrupción. La instrucción judicial sigue su curso y la presunción de inocencia se mantiene activa hasta que haya una sentencia firme. Sin embargo, desde un punto de vista ético los casos ya están determinados. La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, es culpable porque no se puede justificar de ninguna de las maneras que se esté trabajando con empresas que optan a contratos públicos. El hermano de Pedro Sánchez es culpable, desde la ética, de haber sido colocado por “ser vos quien sois”. El Caso Koldo son todos culpables por aprovechar el poder y las influencias para cobrar comisiones y enriquecerse. Eso es así y las repercusiones éticas deberían ser causa de dimisión inmediata.
Además, no podemos ignorar la irresponsabilidad de quienes se han corrompido o han permitido la corrupción. Incluso las declaraciones de Aldama, junto a los viajes de Zapatero por Latinoamérica (especialmente a Venezuela), son reveladoras. ¿Cómo es posible que el presidente desconozca los movimientos de aviones o lo que Ábalos negociara con la ministra de Venezuela? Es increíble.
Pero, es que, durante los años de mandato de Sánchez se han permitido otros tipos de corrupción, como la aprobación de la operación de Banco Popular que benefició a Banco Santander. Eso sí que debería auditarse desde un punto de vista de la responsabilidad del gobierno. Porque, es cierto que la resolución se produjo durante el mandato de Mariano Rajoy, pero que la primera gran decisión económica del gobierno Sánchez fuera aprobar la fusión por absorción cuando había decenas de miles de causas abiertas en los tribunales no tuvo ninguna lógica. ¿Aún hay que seguir recordando el tuit de Ana Botín aplaudiendo el nombramiento de Nadia Calviño mientras 1,2 millones de personas habían perdido sus ahorros? La señora Calviño aún no ha dado explicaciones, como no las dio Pedro Sánchez por el hecho de poner a la Abogacía del Estado a defender los intereses de Banco Santander. Eso también es, desde otro punto de vista, un elemento que podría ser calificado como corrupción.
Sánchez no convocará elecciones porque no es su estilo. Él ha llegado donde está a través de su manual de resistencia y se ha creído que cumple el papel de la aldea gala de Asterix. Pero todos los regímenes caen de un modo u otro. Mariano Rajoy dijo de los papeles de Bárcenas que “todo es falso, salvo alguna cosa”. La semana pasada, Pedro Sánchez vino a decir lo mismo con otras palabras. El problema está en que, seguramente, seguirán saliendo cosas. La investigación de la UCO profundizará aún más y, según se rumorea desde hace semanas en los mentideros políticos de la capital, el próximo misil irá directamente a la Moncloa. Entonces no servirán ni auditorías ni falsa tristeza. Pero el daño ya está hecho y no solo se ha destrozado un gobierno, sino también a un partido centenario abducido por el culto al líder, el sectarismo, el dogmatismo y, por desgracia, la corrupción.