El estallido del Caso Koldo ha sido un misil a la línea de flotación tanto para el Partido Socialista como para el gobierno de Pedro Sánchez. Casualmente, se trata de un presunto caso de corrupción que la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado que nace de la venganza de Isabel Díaz Ayuso, quien fue acusada de tráfico de influencias por las comisiones cobradas por su hermano Tomás en la compra de mascarillas.
Más allá de las acusaciones que el Partido Popular está realizando, incluso al presidente del Gobierno, y de las reclamaciones de adoptar responsabilidades políticas, la realidad es que la corrupción está presente en toda la historia de España, no es algo que se haya creado tras la muerte de Franco, como afirman muchos bocazas desde los foros y canales de la extrema derecha.
Para dar más datos, en la propia familia del dictador hubo implicados en casos de corrupción, como fue el caso de Nicolás Franco. Es más, se puede afirmar sin lugar a duda que el franquismo sobrevivió gracias a la corrupción.
La propia Monarquía y, principalmente, la dinastía borbónica también estuvo implicada en gravísimos casos de corrupción.
Es decir, la asimilación de la corrupción con la democracia es una mentira de proporciones bíblicas. Sin embargo, es algo que cala en una sociedad absolutamente desafecta hacia la clase política. De eso se aprovechan quienes quieren reventar el sistema para implantar regímenes autoritarios aplicando la misma argumentación que Darth Vader para justificar el Imperio Galáctico. Sin decisiones ni votaciones, sólo aplicar la voluntad de una persona.
La corrupción política
Hay una máxima que se cumple a la perfección: cuando se está en la oposición no hay corrupción. Los corruptos sólo surgen cuando se está en el gobierno y se tiene acceso al dinero público. Esto, que parece de Perogrullo, los partidos y los políticos lo olvidan pronto, sobre todo cuando surge un nuevo caso en el lado contrario.
En el Partido Popular y en el Partido Socialista hay material suficiente como para escribir un tratado enciclopédico sobre todos los delitos relacionados con la corrupción política. Entre las dos principales formaciones acumulan el 90% de los casos, por tanto, están absolutamente inhabilitados para echarse en cara uno al otro nada. Son iguales, por más que ambos se quieran presentar como santos anacoretas.
El modus operandi siempre es el mismo, sobre todo cuando la justicia y las fuerzas de seguridad les han pillado. Negación, sensación de escándalo o acusaciones de tramas policiales o judiciales en su contra. Cuando están en el otro lado, ambos partidos se lanzan a cuchillo contra el adversario cruzando todas las líneas rojas que se quieran pintar en el suelo.
Ahora, en el Caso Koldo, el PP ha cogido un hueso que no va a soltar, sobre todo porque enfrente tiene a un PSOE dividido y a un gobierno muy débil. Los socialistas, por su parte, intentan justificarse con argumentos tan absurdos como que ellos estaban dándolo todo para conseguir material sanitario en un momento muy difícil. Es decir, exactamente lo mismo que sucedió con la Gürtel, los Papeles de Bárcenas o los ERE de Andalucía.
Sin embargo, no aprenden de los errores pasados. Ni los unos ni los otros. En consecuencia, se hace muy difícil crear una política anticorrupción eficaz que termine con esta lacra que mina absolutamente los recursos económicos de todas las administraciones públicas.
Para lograr ese objetivo, que debería ser prioritario, los dos partidos tendrían que sentarse, reconocer públicamente sus errores y negociar un pacto de Estado con las reformas radicales que en todas las materias existentes se precisan. ¿Por qué en otros países europeos no existen apenas casos de corrupción? ¿Por qué hay ciudadanos de otras naciones que no saben responder a la pregunta de cuál ha sido el último gran caso de corrupción que recuerdan? Porque hay una conciencia en los dirigentes políticos de que esa corrupción no es inevitable, como sí sucede en España.
Reformas radicales
A los políticos de todos los partidos se les llena la boca afirmando que van a luchar contra la corrupción o que su línea de actuación está basada en el principio de «cero corrupción». Esto es, en realidad, un oxímoron muy cruel para la ciudadanía porque, si se repasa todo lo que han hecho los distintos presidentes del gobierno, los hechos demuestran que se hace lo contrario, incluida la eliminación de delitos del Código Penal que aplican directamente a la corrupción.
La primera gran reforma que hay que aplicar es la de la Justicia. En esto no está incluida la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que para erradicar la corrupción política, lo primero que hay que hacer es eliminar la judicial que, por más que se quiera negar, existe. Esto ha sido admitido por profesionales de la judicatura que, desde el anonimato, no niegan la existencia de presiones y sobornos para orientar la resolución de asuntos en una dirección determinada.
Además, existe una estructura de autoprotección que termina en el archivo sistemático de la práctica totalidad de las denuncias presentadas por los ciudadanos por presuntos casos de corrupción de los jueces.
Por otro lado, está, directamente, el incumplimiento o la rebelión contra la jurisprudencia y la doctrina europea que se perpetra de manera recurrente en determinadas audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y en el Tribunal Supremo. Esto sucede, principalmente, en los casos en los que los ciudadanos plantean demandas contra las grandes empresas de determinados sectores. Estos comportamientos derivan en querellas por prevaricación contra los magistrados que firman esas sentencias, querellas que son archivadas por defecto y que presuntamente conllevan represalias para quienes las interponen.
El régimen de incompatibilidades de magistrados y jueces también es un asunto clave para reformar de manera radical. No es de recibo que sea legal que, por ejemplo, los jueces de lo mercantil cobren por asistir a cursos, seminarios, congresos, conferencias o mesas redondas organizadas por administradores concursales.
Tampoco es muy transparente que haya magistrados o jueces que impartan clases en universidades privadas cuyos máximos accionistas son las grandes empresas a las que luego tienen que juzgar. Esto genera un clima de legítima sospecha ciudadana porque se pone en tela de juicio la independencia y la imparcialidad.
Ese clima de sospecha constante sobre la imparcialidad de los jueces cuando instruyen y juzgan causas contra los grandes intereses económicos, empresariales, políticos y financieros exige que los patrimonios de los jueces sean inspeccionados y auditados a través de investigaciones independientes, patrimonio que esté ubicado tanto dentro como fuera de España. La corrupción judicial existe, pero se desconoce en qué magnitud porque no se ha investigado a fondo. Una democracia no puede subsistir bajo un clima de sospecha constante en el que puedan existir elementos ocultos que dictaminen el resultado de una causa judicial. Las grabaciones del excomisario Villarejo revelarían que en España sí se podrían estar comprando jueces.
Nada de lo anterior ha sido afrontado ni por el PSOE ni por el PP y son estos dos grandes partidos los que tienen capacidad para acabar con un tipo de corrupción que genera más corrupción.
Defensa de los denunciantes
La aprobación por parte de la Unión Europea de la Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción fue una oportunidad que España no ha aprovechado. En este país a las personas que han denunciado o alertado sobre corrupción se la ha represaliado sin piedad desde todos los ámbitos, sobre todo desde el político y el judicial.
En un país donde la corrupción sistémica es el modo de vida de mucha gente, empresas e intereses, esta Directiva hacía mucho daño. Por eso, hubo presiones para que la trasposición de la misma no tuviera el alcance máximo. Por esta razón, fue una chapuza, tal y como han denunciado organizaciones de denunciantes o, directamente, Transparencia Internacional.
una Directiva creada para, precisamente, proteger a los denunciantes de corrupción de las represalias políticas, económicas, judiciales o personales, ha sido transformada de tal manera por la trasposición española que deja a los alertadores en una situación crítica.
La nueva ley que, en teoría, debería ser de aplicación a cualquier caso de corrupción denunciado, tal y como se señala claramente en la Directiva, sólo protegerá a los denunciantes causas graves o muy graves. Esto deja fuera, evidentemente, a quienes denuncien cualquier tipo de abuso de poder que no sea categorizado como grave o muy grave.
Además, deja desprotegidos a quienes no denuncien a través de los canales no oficiales, es decir, los que no son ni autónomos ni independientes.
Pero, sobre todo, no elimina la responsabilidad penal de los denunciantes que se pueden encontrar con querellas y demandas por parte de los denunciados o con sentencias absolutamente arbitrarias, sobre todo si el foco está puesto sobre un miembro de la carrera judicial.
Anna Myers, directora ejecutiva de la organización Whistleblowing International Network y Tom Devine, director jurídico del Government Accountability Project señalaron en un comunicado que «es alarmante ver que los legisladores en España, una vez más, no logran comprender el valor y la importancia de proteger a los informantes como una de las formas más efectivas de prevenir la corrupción e identificar los abusos de poder con suficiente antelación para detener el daño. Si lo hicieran, estarían luchando para que España tuviera la mejor ley de Europa. En cambio, el mensaje para la gente de España es ‘habla bajo tu propio riesgo’».
La chapuza es de tal calibre que, a los pocos días de la aprobación de la trasposición al ordenamiento jurídico, la Comisión Europea se dirigió a España a través de una carta en la que le anunciaba que había abierto un procedimiento sancionador.
Ni el PSOE ni el PP están legitimados para hablar de anticorrupción porque tienen demasiados muertos en sus respectivos armarios. Menos golpes de pecho, menos alharacas, menos teatro y más acción eficaz, aunque para ello sea necesario derrumbar los cimientos para construir algo nuevo.