La crisis de la vivienda ha estallado definitivamente y el gobierno de Pedro Sánchez no cuenta con las herramientas que le exigen desde determinados ámbitos de la izquierda, además de que muchas de las propuestas más radicales, como las expresadas en las manifestaciones de diferentes organizaciones de la sociedad civil, son inasumibles y con efectos muy negativos a lo que se pretende.
El derecho a la vivienda está reconocido en el artículo 47 de la Constitución, pero, como sucede con la sanidad, el trabajo digno o la educación no está blindado con una legislación adecuada. Pedro Sánchez lleva en el gobierno 6 años y, en el tema de vivienda, no ha hecho nada. Ahora vienen unas prisas que no son buenas.
Isabel Rodríguez ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados tras la reunión de ayer de Sánchez con distintos colectivos. La ministra ha señalado que hay que blindar el parque público de vivienda para evitar la eliminación de la protección de las casas construidas por las administraciones.
Además, ha pedido rigor a la hora de afrontar la actual crisis de vivienda y ha reivindicado la ley aprobada por el gobierno, además de instar a no poner «palos en las ruedas». Rodríguez ha reconocido que muchas de las medidas puestas en marcha hasta ahora no tendrán un efecto en el corto plazo.
Por otro lado, la ministra ha recordado los efectos positivos que tuvo durante la etapa de la burbuja inmobiliaria la construcción de viviendas con protección oficial que sirvió de «ascensor» para muchas familias porque pudieron acceder a pisos de calidad a precios asequibles.
Esa es la única solución efectiva que existe: la puesta en marcha de decenas miles de promociones en suelo público propiedad del Estado, como, por ejemplo, los suelos que aún tiene el Ministerio de Defensa en toda España.
Sin embargo, las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que cualquier medida aprobada por el gobierno no ser aplicada.
De ahí que las demandas de un sector de la izquierda sean utópicas e imposibles de aplicar por parte del gobierno de Sánchez. Sobre todo porque, en muchos casos, esas supuestas soluciones lo que provocarán es que se genere violencia.
Por ejemplo, hoy el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hablado de expropiación de viviendas. ¿A quién? ¿A los grandes fondos, a los bancos o al trabajador que como resultado de su ahorro ha podido adquirir cuatro o cinco viviendas? Del mismo modo que la vivienda es un derecho constitucional, la propiedad privada también lo es. ¿Cómo demuestra el gobierno que las viviendas se están utilizando para la especulación? En el caso de bancos y fondos está claro, pero con las personas de clase media y trabajadora es más complejo e injusto. Ese sector de la izquierda sectaria está criminalizando a trabajadores.
La crisis de la vivienda en España se cimenta en la gravísima devaluación salarial que sufren los trabajadores. La gente no gana lo suficiente siquiera para pagarse una vivienda digna y poder llevar una vida normal, sin apreturas. Por no hablar de los jóvenes. Es muy complicado de entender que las generaciones actuales tengan un presente y un futuro más negro que la gente de mi edad o de la de mis padres. Todo se origina por la precariedad salarial y un mercado laboral que incentiva esa situación.
Sin embargo, ni el gobierno ni una izquierda presa del buenismo y el sectarismo parten de esta base ni afrontan el problema, sobre todo después del fracaso absoluto de la reforma laboral de Sánchez.
Durante la época de la burbuja había mucha oferta de vivienda libre acompañada de importantes paquetes de VPO. En aquellos primeros años del 2000, ganar 1.200 euros al mes era casi un estigma. El precio del alquiler, con unos sueldos más adecuados a la situación económica de España, era un 40% más bajo que en la actualidad. Esta situación no es normal. Por tanto, algo está pasando y deriva de la precariedad laboral, salarial y del incremento exponencial de la pobreza que ha traído el gobierno de Sánchez.
Si no se ataja la causa principal de la problemática del acceso a la vivienda, entonces el resto de cuestiones serán secundarias. A partir de ahí, las soluciones irán llegando por sí mismas porque los mercados se van renovando y si hay una seguridad por parte de los propietarios de vivienda de que no va a haber impagos de alquiler, entonces habrá más viviendas disponibles y, en consecuencia, los precios bajarán.
Desde la derecha, su defensa de un mercado libre sin ningún tipo de regulación, supone la complicidad con los movimientos especulativos que señala directamente la Constitución. Es más, distintas administraciones gobernadas por el Partido Popular vendieron el parque de vivienda pública a fondos buitre, es decir, aquellos que obtienen sus beneficios de la especulación salvaje.