Cándido Conde-Pumpido ya ha avisado. En diciembre caduca su mandato como miembro del Tribunal Constitucional y el Senado deberá designar su sustituto y el de otros tres jueces, la progresista, María Luisa Balaguer, y los conservadores, Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último será confirmado ya que tomó posesión hace un año en sustitución del magistrado Alfredo Montoya que renunció en julio de 2022 por motivos de salud. Si se respeta la tradición, los socialistas designarán dos nuevos miembros, y uno los populares. Pero hay muchas incógnitas que despejar en estos momentos debido a la crispación política existente en el país. No hay que olvidar que el PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado.
La actual composición del Constitucional es favorable al bloque progresista, siete miembros frente a cinco conservadores. En el PSOE confían en que en esta renovación parcial se mantenga la correlación de fuerzas, pero en Génova advierten que ellos tienen la mayoría parlamentaria por lo que estarían en condiciones de exigir un magistrado más. En tal supuesto, los bloques quedarían empatados. También cabe otra hipótesis. La renovación requiere una mayoría de 3/5 de senadores que el Partido Popular sólo tendría si cuenta con el apoyo de Vox, algo que todavía no se da por seguro. Entonces se produciría una situación de bloqueo y los cuatro magistrados a renovar permanecerían en sus puestos. Algo que ya sucedió en el mandato del anterior presidente, Pedro González-Trevijano, con las consecuencias de todos conocidas, un presidente en funciones vetando los nombramientos del parlamento en un gesto que fue calificado de “golpe de estado” y este país no está para situaciones de bloqueo institucional.
Hay que tener en cuenta, también, que Conde-Pumpido es el “enemigo público número 1” del PP al que atribuyen un control férreo del grupo progresista hasta ahora mayoritario. Al presidente de la corte de garantías se le critica su proximidad al PSOE argumentando que fue designado fiscal general del Estado por el gobierno de Rodríguez Zapatero. Es cierto que, durante su mandato, el pleno del TC ha aplicado lo que se podría denominar “el rodillo” con votaciones de la mayoría del bloque progresista sin buscar el consenso. Además, en Génova se destaca su pertenencia a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia y especulan con la posibilidad de que haya tenido que ver con los nombramientos de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz como fiscales generales del Estado, de ahí la inquina de las asociaciones vinculadas a la derecha judicial hacia estos nombramientos.
En principio, a Conde-Pumpido le quedan cuatro meses para sacar adelante las cuestiones pendientes, la más importante y controvertida se refiere a los amparos de los condenados independentistas catalanes. En otras circunstancias, estas sentencias se habrían hecho esperar. Pero el actual presidente ha logrado poner al día los asuntos pendientes, algunos de los cuales permanecían años en los cajones de los despachos de Doménico Scarlatti como ocurrió con la ley de plazos de interrupción del embarazo.
Independientemente de las críticas recibidas por parte de la derecha, lo que nadie puede cuestionar es la celeridad con la que está actuando la corte de garantías. Conde-Pumpido ha puesto al día los asuntos pendientes. En enero de 2023 se hallaban en trámite 6.810 recursos de amparo, en diferentes fases procesales, a los que se añaden los 8.059 que se ingresaron durante el año, de modo que el tribunal ha tenido que hacer frente a 14.869 recursos de amparo. Pues bien, a lo largo de 2023 se resolvió la admisibilidad de 11.503 recursos de amparo, es decir, 3.444 más de los que ingresaron, lo que supone una importante reducción del número de asuntos pendientes.
En el primer año de mandato de Conde-Pumpido, además del recurso sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo ya citado, se resolvieron los de la designación de los miembros del consejo de administración de RTVE, los derechos de radiodifusión de los partidos de futbol, las fórmulas parlamentarias de juramento o promesa de la Constitución, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el decreto-ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, la ley de eutanasia, la ley orgánica de Educación, también conocida como ley Celaa, el impuesto temporal que grava a las grandes fortunas y el impuesto municipal de plusvalía. Conde-Pumpido también aprobó y puso en marcha el “plan de choque” para agilización de la tramitación y resolución de los recursos de amparo con el fin de poner al día en un plazo de seis meses la tramitación de estos recursos, que se encontraba seriamente retrasada. En este sentido, el Tribunal ha dictado hasta la fecha más de 12.500 resoluciones.
Y ese es el principal activo de Conde-Pumpido al que hay que añadir dos resoluciones controvertidas, la de la pieza de los Eres de Andalucía y la ley de amnistía. Pero todavía quedan algunas claves pendientes de resolver como es el tratamiento de la malversación de caudales contemplado en la sentencia del Tribunal Supremo en la que se rechaza aplicar la medida de gracia a los condenados del procès. La malversación es el principal foco de debate que la derecha judicial quiere trasladar a la que consideran máxima instancia de la Unión Europea, el TJUE. Han llegado a cuestionar las decisiones del TC por ser contrarias a las de la jurisdicción ordinaria. Y hay un sector que propone procesar a Conde-Pumpido y los jueces del bloque progresista por prevaricación, una iniciativa sin posibilidades de prosperar ya que la Constitución manifiesta que las resoluciones de la corte de garantías son inapelables.
Todavía es pronto para especular con las posibilidades de renovación de los cuatro jueces que se debe de llevar a cabo a finales de año. Pero nadie descarta un bloqueo que implique su permanencia durante un tiempo indeterminado que algunas fuentes del entorno de la derecha establecen en dos años, el periodo que falta para la celebración de elecciones generales. Cándido Conde-Pumpido ha manifestado a su entorno personal su contundente oposición a permanecer en funciones durante un largo periodo de tiempo, pero si se da tal circunstancia no le quedará más remedio que permanecer en el cargo. Quiere retirarse con todos los honores sin dilatar plazos. Es un prestigioso jurista que nunca ha pretendido prolongar su permanencia en los cargos que ha ocupado. Pero si no le queda más remedio aceptará su nueva situación.
Por cierto, se maneja la posibilidad de que, si caduca el mandato de conde-Pumpido, el PSOE propondrá al exministro y magistrado de la corte, Juan Carlos Campo, como su sucesor.