Sólo hay un motivo para apartar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La causa general que ha emprendido un juez, Ángel Hurtado, que no consideró que la Gürtel concerniera al PP y a Mariano Rajoy, con la complicidad de una UCO, unidad de la Guardia Civil cuestionada, que mantiene la tesis conspirativa, y una asociación de fiscales, la APIF, enemigos acérrimos porque se consideran agraviados en las designaciones y nombramientos. Y si se investiga mas a fondo, seguro que se va más allá de los afiliados de la asociación independiente de fiscales. Se están descubriendo cosas en la carrera fiscal que huelen a podrido: un fiscal jefe anticorrupción que niega a una subordinada que siga profundizando en la llamada “trama Montoro”, y así podríamos seguir. A Álvaro García Ortiz lo van a suspender con algo parecido a un golpe de Estado y algunos magistrados del Supremo empiezan a decir que no todo vale. El malestar y las diferencias son evidentes. La derecha judicial no va a permitir que esos jueces sigan discrepando. Para neutralizarlos fueron designados por el peor presidente del Consejo General del Poder Judicial que ha tenido la democracia de este país, Carlos Lesmes, el que colocó a 160 afines al Partido Popular. Esos que instrumentalizan la magistratura contra Pedro Sánchez.
¿Por qué se pide la cárcel para García Ortiz? Sólo por revelación de secretos. Las investigaciones han dado pocos resultados y estos se centran en que el fiscal general del Estado borró todos los datos contenidos en sus soportes digitales. Una trampa que colocó a García Ortiz en una disyuntiva endiablada: o dejaba acceder al Supremo (y por tanto a las acusaciones, y a todo el mundo) a las comunicaciones profesionales y personales del jefe de la fiscalía, o convertía esa protección de su intimidad profesional y personal (y la de todas las personas que se comunican con él) en una prueba en su contra. Un callejón sin salida. Pero hay algo que se debe de tener en cuenta a la hora de decidir si se le aparta de su cargo: no ha metido la mano en la caja, no ha sido corrompido, no ha cometido ninguna irregularidad penal al frente de sus funciones que siempre ha desarrollado dentro de la más estricta legalidad y el delito de revelación de secretos no tiene suficiente entidad como para toda la escandalera que se está montando salvo que el principal agraviado, la “victima”, no es otro que la pareja de un personaje con mucha influencia en la vida pública y social española.
El que iba a ser ponente, el juez Palomo del Arco, acabó siendo apartado y condenado a redactar un voto particular. De los otros dos magistrados, el presidente de la sala que fue el que, al final, redactó la sentencia, es un tal Tomás Sánchez Melgar, Fue fiscal general del Estado nombrado por el PP y entre sus reflexiones antológicas merecen la atención una referida a la ley del sólo si es si: "hay que ir exigiendo una corroboración de verosimilitud y credibilidad de la declaración de la víctima de delitos sexuales". Sobran los comentarios.
En cambio, su compañero discrepante ocupará un lugar en la historia de la judicatura española por sus argumentos esgrimidos en el voto particular que consta de 40 páginas. Es largo, algo más que el propio auto del que discrepa, y cuenta con un índice previo, lo que facilita su lectura y esquematiza el argumentario. Algo que contrasta con lo "deslavazado" de la resolución mayoritaria, en opinión de los expertos. Dice el juez discrepante: que “no resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado". No es que discrepe en una cuestión concreta, es que disiente de la totalidad de razones que dan por válidas sus compañeros. Palomo del Arco dice, además, que la "relativa coincidencia cronológica" es "harto insuficiente" para procesar al fiscal general. Según el magistrado, no existen indicios para atribuir a García Ortiz la filtración a la prensa del correo electrónico dirigido a la Fiscalía, el 2 de febrero de 2024, donde el abogado del novio de Ayuso reconocía en su nombre la comisión de dos delitos fiscales por montante de 350.000 euros de cara a alcanzar un pacto con el que evitar la cárcel. Y así el juez va desmontando los argumentos de sus compañeros en los que se nota cierta precipitación en la redacción del auto.
Se empieza a sospechar que existe una corriente dentro del Supremo, la de la derecha judicial, que quieren que Hurtado suspenda de sus funciones a García Ortiz antes del 7 de septiembre en que se procede a la ceremonia de inauguración del año judicial. Se rumorea de que en la Casa Real no ven con buenos ojos la presencia de García Ortiz sentado a la derecha de Felipe VI. De confirmarse tal extremo habrá que empezar a hablar de un conflicto institucional ya que en Moncloa apuestan por la inocencia de García Ortiz y le quieren en todos los actos judiciales.
Una crisis institucional que se agrava por momentos en la judicatura. Los jueces que se podrían considerar progresistas pero que, en realidad son de los pocos profesionales que emplean argumentos razonables en sus decisiones y comentarios, empiezan a discrepar abiertamente de sus compañeros pertenecientes a la derecha judicial. Un sector muy influyente critica al juez Hurtado por haber aceptado la petición de APIF de apartar a García Ortiz y pedir la opinión de las otras partes. Los expertos dejan bien sentado que “en estos asuntos la judicatura no está habilitada para opinar. Aquí no se opina”. Es más. Para cesar a García Ortiz el gobierno debería acudir a los requisitos para hacerle dimitir y ninguno de ellos tiene que ver con el caso que ocupa.