Hay un sector de juristas que llaman al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, “el Ángel Hurtado de los fiscales”. Y tiene sentido porque existe cierto paralelismo en sus actuaciones. El juez del Supremo, que va a sentar en el banquillo a Álvaro García Ortiz por una inconsistente acusación de revelación de secretos, se negó a imputar al Partido Popular y a llamar a Mariano Rajoy a declarar en la investigación de la caja B, una investigación por la que, posteriormente, el PP sería condenado como persona jurídica.
Ahora se ha descubierto, cuando se ha levantado el secreto del sumario del caso Montoro, que Luzón y su número dos, Antonio Romeral, libraron al partido de Núñez Feijóo de la acusación de delito fiscal en el mismo sumario de la Gürtel y no pidieron la prisión provisional para el extesorero, Luis Bárcenas, hasta que aparecieron los indicios de que éste había depositado dinero en cuentas de Suiza. Algo que no ha ocurrido con Santos Cerdán para el que ha pedido al juez el ingreso en prisión. Luzón, fiscal de sala la élite del ministerio público vetó actuaciones de su subordinada, Carmen Cerdá, alegando el principio de jerarquía. Ese que el gobierno progresista quiere enmendar con la reforma del Estatuto Fiscal, dándoles mayor autonomía a los acusadores públicos que están al cargo de las diligencias.
El curriculum oficial de Luzón contiene algunas inexactitudes. No es cierto que participase en el caso Banesto. Los fiscales que se encargaron de este asunto, en el que resultaron condenados los directivos de la entidad bancaria, Mario Conde y Arturo Romaní entre otros, fueron Florentino Ortí, que renunció para trabajar en el sector privado siendo, actualmente, el responsable del área penal del despacho Rodríguez Arribas Abogados, SLP, Luis Manuel López Sanz, hoy teniente fiscal Anticorrupción destinado en la sección social de la fiscalía del Tribunal Supremo, en calidad de teniente fiscal de anticorrupción, Y Javier Sánchez Junco, en excedencia, que se ocupa de la defensa del rey emérito, don Juan Carlos.
Nada tuvo que ver con el caso Gescartera a pesar de lo que se refleja en su historial. Tampoco está clara la unanimidad de sus compañeros en su ascenso a la jefatura de la fiscalía anticorrupción en 1995. Cuando cesaron a su antecesor, el ultraconservador Manuel Moix salpicado en casos de corrupción, su designación no recibió la unanimidad de sus compañeros. Su oponente, Pedro Crespo, el aspirante con mayor rango de la carrera, recibió el voto de los tres vocales de la Unión Progresista de Fiscales en el Consejo Fiscal. No obstante, se dijo que su ascenso significaba “una derrota del gobierno del PP en su intento por hacerse con el control de la fiscalía”.
Esos analistas se equivocaban. Luzón paralizó causas en las que se vieron envueltos dirigentes populares. Se opuso a la imputación de Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, en Púnica. Se hizo cargo personalmente de las cuestiones que rodeaban a la familia de Isabel Díaz Ayuso, entrando en conflicto de intereses con la fiscalía europea, en un gesto claramente tendente al archivo de las diligencias Y, tal vez lo más significativo hasta ahora, el cese del fiscal, Ignacio Stampa, en el caso Villarejo alegando la existencia de conflicto de intereses. A Stampa se le llegó a acusar de revelación de secretos por haber filtrado, presuntamente, información confidencial a los abogados de una parte acusadora, la de Podemos. Luzón no lo dudó y, a pesar de asegurar públicamente su confianza en su subordinado, le sustituyó por César Rivas mientras encargó a otro fiscal, Carlos Ruiz de Alegría, una investigación a su compañero, diligencias que fueron archivadas por no encontrar indicios de delito.
Pero donde Alejandro Luzón ha sido mas cuestionado públicamente es en el sumario abierto por el juzgado número 2 de Tarragona, secreto hasta hace unos meses, y en el cual, tras su levantamiento, se ha descubierto que la fiscala que lleva el asunto, Carmen García Cerdá, tuvo que paralizar algunas de sus actuaciones por orden directa de su jefe.
Luzón se opuso a analizar los correos de Cristóbal Montoro en los cuales se prueba la existencia de mordidas a su despacho, Equipo Económico, por parte de empresas gasistas a cambio de modificaciones legales que les beneficiaban. Sobre todo, la existencia de un correo que Montoro recibió en el año 2005 a una dirección que pretendía disimular su titularidad ([email protected]) y en el que se adjuntaba un escrito del ministerio público referido a la caja B del Partido Popular en la operación Gürtel. El exministro de Mariano Rajoy tuvo dicho documento en su poder incluso antes de que les llegase a las partes personadas en la causa, e incluso con anterioridad a ser entregado al instructor de la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz.
Luzón ordenó a su subordinada, García Cerdá, que paralizase las pesquisas sobre este documento en el que, al parecer, figuraba la firma de otro fiscal, Antonio Romeral, que, posteriormente, fue ascendido a teniente fiscal encargándose de controlar directamente la actuación de García Cerdá quien, a partir de ese momento, tuvo que rendir cuentas a Romeral.
García Cerdá protestó llegando a escribir, en un informe, que “como fiscales que somos me cuesta que tengamos dudas sobre este extremo”. Se refería a la negativa de Luzón y Romeral a la pretensión del juez de Tarragona de intervenir los teléfonos de los imputados, Montoro y nueve de sus colaboradores. El enfrentamiento le supuso la apertura de un expediente, y la convocatoria de una junta de fiscales en la que 18 de sus miembros respaldaron a Luzón y cinco votaron a favor de abrir una investigación sobre la llamada “brigada fiscal” de Montoro. Una vez obtenido el apoyo de sus compañeros, el jefe anticorrupción decretó que todos los escritos y actuaciones sobre de este asunto debían de contar con el visto bueno o de él mismo o, en su defecto, de su mano derecha, Antonio Romeral.
Para limitar la investigación sobre este asunto, Luzón ha contado con la inestimable colaboración de la UCO del teniente coronal Antonio Balas que ha limitado la investigación de las actividades del bufete Equipo Económico cuyos resultados se deben más a las indagaciones de los Mossos d‘Esquadra y a los inspectores de la Agencia Tributaria que a la policía judicial.
El fiscal jefe Anticorrupción, que ya tanía algún que otro borrón en su historial se encuentra, ahora mismo, en el disparadero. En otros momentos su actuación habría sido objeto de examen por parte de la fiscalía general, pero, en las actuales circunstancias, con García Ortiz pendiente del banquillo de los acusados, las cosas no están para mayores enfrentamientos. Pero los hechos están ahí.