Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha encontrado una vez más en el ojo del huracán. Esta vez, por su vehemente defensa del músico Nacho Cano, detenido por presuntas irregularidades laborales en su espectáculo 'Malinche'. Ayuso ha arremetido contra la policía y el Gobierno, acusándolos de "estalinismo" y de usar las instituciones del Estado para destruir la reputación de Cano por motivos políticos. Sin embargo, esta defensa ha desencadenado una ola de críticas, especialmente después de que Renfe decidiera romper su contrato con el artista tras sus declaraciones en contra de la policía.
Una defensa indefendible
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado lo que ella llama la “presunta detención” de Nacho Cano, calificando la intervención policial y las acusaciones como un intento de destrucción personal con fines políticos. Ayuso, en su defensa a ultranza, ha utilizado términos como "estalinismo" para describir lo que considera una maniobra del gobierno de Pedro Sánchez para desacreditar a Cano debido a su apoyo a la presidenta.
“Buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político, a través de las herramientas del Estado, solo es propio de países que lo han perdido todo”, declaró Ayuso durante la presentación de Hispanidad 2024. Este tipo de retórica, incendiaria y desproporcionada ha sido criticada por muchos como una forma de desviar la atención de las serias acusaciones de explotación laboral y contratación ilegal de inmigrantes que pesan sobre Cano.
Las acusaciones contra Nacho Cano
Nacho Cano ha sido detenido por la policía acusado de contratar a inmigrantes en situación irregular para su espectáculo 'Malinche'. Según fuentes policiales, los 17 supuestos estudiantes mexicanos, que llegaron a España con visas de turista, trabajaban en condiciones precarias, con sueldos de 500 euros al mes y jornadas laborales de hasta 10 horas diarias. Estos jóvenes no tenían permiso de estudios, a pesar de lo que afirmaba Cano, y fueron engañados para pensar que estaban en una situación legal.
Las investigaciones revelaron que estos artistas, que debían ser estudiantes, no tenían ninguna relación con instituciones educativas reconocidas y que su entrada al país se había gestionado de manera fraudulenta. “Todos los expedientes tenían la misma documentación y todos fueron resueltos a finales de mayo denegando el permiso de estudios y obligando por ello a la salida obligatoria”, explican fuentes de la investigación. Esta situación ha desatado un escándalo que pone en evidencia no solo a Nacho Cano, sino también a la administración regional que lo apoya.
La reacción de Renfe
Renfe, que tenía un acuerdo de colaboración con el espectáculo 'Malinche', decidió rescindir el contrato tras las polémicas declaraciones de Nacho Cano, en las que calificó a la policía de "criminal" y sugirió que su detención era parte de una conspiración política debido a su apoyo a Ayuso. Renfe, en su comunicado, afirmó que “las declaraciones realizadas ayer martes 9 de julio de 2024 por el artista y productor Nacho Cano en las que califica a la Policía Nacional de ‘criminal’ nos obligan a proceder a rescindir el acuerdo de colaboración con Malinche The Musical Spain”.
La empresa pública justificó su decisión al considerar que la continuación del acuerdo podría causar un “perjuicio reputacional”. Renfe subrayó su compromiso con la legalidad y la preocupación por la presunta vulneración de los derechos de los trabajadores. La ruptura del contrato también pone de relieve la gravedad de las acusaciones y la falta de sustento en la defensa de Ayuso.
Ayuso y el desprecio a la legalidad laboral
La postura de Isabel Díaz Ayuso no solo es discutida por su retórica incendiaria, sino también por su aparente desprecio a la legalidad laboral. Defender a capa y espada a un empresario acusado de explotar a trabajadores inmigrantes en situación irregular no solo es irresponsable, sino también peligroso. En lugar de condenar las prácticas laborales abusivas, Ayuso ha optado por politizar el asunto, desviando la atención de las verdaderas víctimas: los jóvenes artistas explotados.
El mensaje que envía Ayuso es claro: en su administración, las conexiones políticas y el apoyo personal parecen estar por encima de la legalidad y los derechos laborales. Esta actitud no solo es dañina para la justicia y la equidad en el lugar de trabajo, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones y en la capacidad del gobierno para proteger a los más vulnerables.
La politización de la cultura
El caso de Nacho Cano y 'Malinche' pone en evidencia cómo la politización de la cultura puede tener efectos devastadores. Al defender lo indefendible, Ayuso ha puesto en riesgo no solo su credibilidad, sino también la percepción de la Comunidad de Madrid como un lugar donde se respetan los derechos laborales y se valora la legalidad. Este escándalo puede tener un efecto disuasorio para otros artistas y productores que podrían dudar en trabajar en una región donde las reglas parecen aplicarse de manera arbitraria.
Además, el uso de términos como "estalinismo" para describir la acción policial en un caso de presunta explotación laboral es un insulto a las verdaderas víctimas de regímenes totalitarios. Ayuso, al elegir esta estrategia de defensa, trivializa las experiencias de aquellos que han sufrido bajo verdaderas dictaduras y muestra una falta de respeto por la historia y la justicia.
La amistad por encima de la legalidad
Isabel Díaz Ayuso ha demostrado una vez más que su lealtad a aliados políticos está por encima de la legalidad y los derechos laborales. En lugar de defender lo indefendible y atacar a las instituciones que buscan justicia, debería centrar sus esfuerzos en garantizar que Madrid sea un lugar donde se respeten los derechos de todos los trabajadores. La ruptura del contrato con Renfe es solo una muestra de las consecuencias negativas que pueden surgir de una defensa irresponsable y politizada. Es hora de que Ayuso asuma la responsabilidad y trabaje por una comunidad más justa y legal.