Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso han vuelto a desatar una tormenta política, no por su contenido legítimo de crítica, sino por la gravedad de las acusaciones lanzadas sin una sola prueba. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha insinuado que Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero estarían detrás de una supuesta “trama de corrupción de Estado” que habría derivado en el ingreso en prisión sin fianza del dirigente socialista Santos Cerdán. Lejos de mostrar respeto institucional por la Justicia y por la gravedad de una decisión judicial que afecta a un alto cargo de un partido rival, Ayuso ha aprovechado la situación para alimentar el descrédito institucional, deslizando teorías conspirativas sin fundamento.
Acusaciones sin pruebas, política sin límites
“Esta trama de corrupción de Estado ha tenido apuntalado a un falso Gobierno, de muy dudosa legitimidad”, llegó a afirmar Ayuso, quien también tildó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “delincuentes que han secuestrado la legislatura”. Acusar de esta forma, sin aportar ningún indicio más allá de conjeturas políticas, es de una irresponsabilidad que debería alarmar a cualquier demócrata, sea del signo político que sea.
Porque no, no es legítimo acusar sin pruebas. No es legítimo hablar de “trama” ni de “secuestro del Estado” cuando lo único que ha ocurrido es que una persona ha sido enviada a prisión provisional en el marco de una investigación judicial, de la que, por cierto, ni el Gobierno ni Sánchez ni Bolaños están implicados. La separación de poderes no es un adorno: es la base misma de nuestra democracia. Respetarla es un deber, no una opción.
El ingreso en prisión de Cerdán exige respuestas claras. Pero también exige responsabilidad, respeto a la justicia y, sobre todo, una política que no se base en la calumnia. En estos tiempos convulsos, la verdad sigue siendo revolucionaria. Y el odio, una amenaza demasiado vieja como para repetirla.
Criminalizar al adversario: el veneno del discurso
La presidenta madrileña no se limitó a denunciar hechos contrastados, sino que se adentró en un terreno peligrosísimo: el de convertir la discrepancia política en delito, el pacto parlamentario en traición, y la alternancia democrática en una farsa. Así, afirmó que el Ejecutivo actual no es legítimo porque “no fue elegido” o porque los acuerdos con otros partidos “nunca se explicaron”. Pero eso no es verdad. Pedro Sánchez obtuvo la confianza del Congreso con una mayoría parlamentaria, formada dentro del marco legal y constitucional. Es lo mismo que habría hecho el PP de haber logrado los apoyos necesarios.
La crítica a los pactos es legítima. La manipulación sistemática de los hechos para presentar al adversario como un criminal no lo es. Es jugar con fuego, con el mismo fuego que en otros tiempos oscuros de nuestra historia alimentó el odio y rompió la convivencia democrática.
Cerdán en prisión: gravedad, no carnaza
El ingreso en prisión de Santos Cerdán es un hecho grave que debe investigarse hasta el final. Pero eso no puede servir como pretexto para derribar la presunción de inocencia o para justificar ataques infundados contra el presidente del Gobierno o sus ministros. El respeto a los procedimientos judiciales implica no usarlos como arma política, ni mucho menos presentarlos como consecuencia de una supuesta “trama golpista”.
La propia Audiencia Nacional ha sido clara: se trata de un caso complejo, y las medidas cautelares adoptadas responden a razones procesales, no a conspiraciones políticas. Pero Ayuso no solo ha ignorado esta realidad, sino que ha aprovechado cada aparición pública para vincular al presidente del Gobierno con delitos que ni siquiera están siendo investigados en su contra.
Un discurso que flirtea con lo antidemocrático
A lo largo de sus intervenciones, Díaz Ayuso ha sugerido que España camina hacia “una república federal laica plurinacional”, y que el Ejecutivo actual no respeta “la Ley de Leyes”. Estas expresiones no solo distorsionan el marco constitucional —que permite perfectamente debates sobre modelos de Estado dentro de la legalidad—, sino que también cargan de tintes apocalípticos el debate público. Es la estrategia de quien quiere gobernar desde la agitación, no desde la razón.
En lugar de centrarse en la gestión de su comunidad, Ayuso parece obsesionada con presentar a España como un país en ruinas morales, políticas e institucionales. Y lo hace, además, desde la retórica del desprecio: hablando de “mafiosos”, “terroristas”, “delincuentes”, “traición” o “tiranía”. Palabras mayores que no deberían pronunciarse con tanta ligereza.
Una presidenta que desprecia a los españoles
Tal vez lo más inquietante de su discurso no sean las acusaciones concretas, sino la visión que proyecta de su propio país. Para Ayuso, España está “abandonada”, “en manos de quienes odian España”, y “sin proyecto”. Esa descripción catastrofista no solo ignora la realidad, sino que degrada a millones de ciudadanos que votaron por opciones legítimas, que pagan sus impuestos y que merecen respeto, no desdén.
Decir que el Gobierno está “al servicio de quienes odian a España” es una frase gravísima. Es acusar de traición al adversario político por el simple hecho de no compartir el mismo modelo de país. Es alimentar el resentimiento, la desconfianza, la polarización y el odio. Y eso, señora Ayuso, es lo que verdaderamente debilita a España.
En defensa de la democracia: hechos, no miseria
La democracia española es fuerte, pese a los intentos de algunos por dinamitar su credibilidad desde dentro. Las instituciones funcionan. La justicia actúa. La prensa investiga. Y el Congreso legisla. Puede gustar más o menos el Gobierno actual, pero fue elegido conforme a las reglas del juego. Si alguien quiere cambiarlo, que lo haga en las urnas. Lo demás es ruido.
Es perfectamente legítimo —y necesario— criticar al Ejecutivo. Pero hacerlo con respeto a los hechos, sin insultos ni teorías conspirativas, es lo que distingue a una oposición democrática de un populismo sin escrúpulos.
El ingreso en prisión de Cerdán exige respuestas claras. Pero también exige responsabilidad, respeto a la justicia y, sobre todo, una política que no se base en la calumnia. En estos tiempos convulsos, la verdad sigue siendo revolucionaria. Y el odio, una amenaza demasiado vieja como para repetirla.