El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, una decisión que pone en tensión máximo el escenario político y judicial español. La resolución, adoptada a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y respaldada por las acusaciones populares, se fundamenta en la presunta participación de Cerdán en una trama de amaños de obra pública a cambio de comisiones, así como en el riesgo de fuga, destrucción de pruebas y posible coacción a testigos que advertían los fiscales.
La comparecencia de Cerdán ante el juez Puente se prolongó apenas una hora y media, durante la cual el ex número tres del PSOE declinó responder a las preguntas de la Fiscalía y las acusaciones populares, limitándose a contestar únicamente a las cuestiones formuladas por su abogado, Benet Salellas. Tras la vista, Cerdán negó rotundamente las imputaciones de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias y aseguró ser víctima de “una cacería política” alimentada por su papel en la negociación con Bildu y PNV para asegurar el ascenso de Pedro Sánchez al poder.
La Fiscalía considera que existen abundantes indicios de que Cerdán habría facilitado contratos públicos amañados a empresas vinculadas a su entorno y que, a cambio, habría recibido cuantiosas comisiones. Los investigadores denuncian la opacidad de varios ejercicios presupuestarios y anotaciones manuscritas que, en su opinión, revelan instrucciones directas del exsecretario de Organización para adjudicar obras sin concurrencia competitiva. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, llegó a afirmar en sala que “el engranaje de la trama no se entendería sin el liderazgo y la influencia de Cerdán en la maquinaria interna del PSOE”.
El riesgo de fuga alegado por la Fiscalía se apoya en la presunta capacidad de Cerdán para utilizar sus amplias redes de contactos internacionales, mientras que la posibilidad de destrucción de pruebas se vincula a su acceso a documentación sensible en sedes oficiales y a los mensajes electrónicos bajo su custodia. El magistrado Puente compartió el temor de que, de no acordarse prisión provisional, algunas de las conversaciones clave podrían eliminarse antes de que la Guardia Civil completara sus diligencias.
La decisión del Tribunal Supremo añade un nuevo capítulo a un proceso en el que ya han declarado varios consejeros regionales y altos cargos municipales, y que ha provocado conmociones en la ejecutiva socialista. En Moncloa, los portavoces gubernamentales han expresado su respeto a la autonomía judicial, si bien han reclamado prudencia a la opinión pública para no “anticipar juicios de valor”.
Mientras Cerdán va camino ya de un módulo de prisión preventiva a la espera de que el Supremo termine de perfilar los cargos definitivos, el PSOE encara una encrucijada decisiva con la sombra de un adelanto electoral que cada vez parece más cercano. El futuro político de la formación, acostumbrada a enarbolar la regeneración como bandera, se verá tensionado por las reacciones que esta medida provoque entre sus bases y en la opinión pública. En los próximos días, la Sala Segunda del Tribunal Supremo valorará también las solicitudes de medidas cautelares para los otros investigados en el “caso Koldo”, y se espera que la investigación aún reserve sorpresas, tanto en las piezas principales como en las ramificaciones que apuntan a responsables locales y empresarios implicados en la contratación irregular.
En este pulso entre poder y justicia, la prisión provisional de Santos Cerdán simboliza el choque entre la exigencia de responsabilidad democrática y la tentación de considerar la política como un refugio frente al escrutinio penal. El desarrollo de este procedimiento marcará un hito en la rendición de cuentas de la alta función pública española.