La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sido llamada por la jueza María Inmaculada Iglesia para investigar una trama cada vez más enmarañada: la que rodea al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada responde así a la petición conjunta del PSOE y la Fiscalía, que ven indicios claros de delitos graves, entre ellos corrupción en los negocios, administración desleal y un posible blanqueo de capitales.
No se trata ya solo de un fraude fiscal de más de 350.000 euros por el que Amador será juzgado próximamente. El foco judicial se ha desplazado a una operación sospechosa: el pago de 500.000 euros a la esposa del presidente de Quirón Prevención, empresa que año tras año se embolsa cientos de millones en contratos públicos gracias a la Comunidad de Madrid, que preside la propia Ayuso.
Un entramado con olor a corrupción
El dinero se entregó en diciembre de 2020 a cambio de una sociedad sin empleados ni activos relevantes, Círculo de Belleza SL. La compañía, dedicada a la estética, apenas había facturado 30.000 euros en el último ejercicio. ¿Por qué entonces pagar medio millón por ella? Según Amador, lo hizo por su supuesta “red de distribución”. La jueza no se lo cree.
La sospecha es que esa suma no fue un simple pago comercial, sino una comisión encubierta. Todo apunta a que fue el precio por un favor anterior: el pelotazo de dos millones de euros que González Amador se llevó como intermediario en una compraventa de mascarillas en plena pandemia. Una operación en la que participó, cómo no, Quirón Prevención.
Ahora, la UCO deberá tirar del hilo. La jueza les ha ordenado que determinen si los beneficios ilícitos se ocultaron o transformaron para blanquear su origen. También les pide que investiguen los vínculos societarios y patrimoniales entre los implicados. El cerco se estrecha.
El silencio de Ayuso y el símbolo del ático
Mientras se multiplican los indicios y la jueza amplía el alcance de la investigación, Isabel Díaz Ayuso guarda silencio. Desde hace días se encuentra en Estados Unidos promocionando Madrid como destino empresarial. Pero ni sus discursos en inglés ni sus posados internacionales sirven para tapar el escándalo que amenaza con hundir su credibilidad.
El caso ha revelado, además, que tanto Ayuso como su pareja disfrutan de un lujoso ático en Chamberí cuya compra está rodeada de sombras. Oficialmente lo adquirió el asesor fiscal de Amador como un “favor” porque el empresario no tenía liquidez. Aun así, paga 5.000 euros al mes por un alquiler con opción a compra. Otro “detalle” sin aclarar.
No es de extrañar que desde la izquierda hayan convertido ese ático en el símbolo del caso. “Queremos saber cuál es el pegamento de ese triángulo amoroso entre Ayuso, su novio y Quirón”, ha dicho Manuela Bergerot (Más Madrid). “¿Cuál es la contrapartida del ático? ¿Qué relación hay entre ese tren de vida y los 1.300 millones adjudicados a Quirón en contratos públicos?”, ha insistido.
¿A qué espera la presidenta para dar explicaciones?
El PSOE también ha saludado la intervención de la UCO y exige que se esclarezca el origen del dinero que permite a Ayuso y su pareja vivir por encima de sus posibilidades. “Es una operación turbia, oscura y poco transparente. No puede quedar impune”, señalan desde el partido.
De momento, la presidenta madrileña no ha dado la cara. Se parapeta tras comunicados ambiguos y delega explicaciones en portavoces que restan importancia a la entrada en escena de la Guardia Civil. Según ellos, la UCO “solo analiza documentos”. Como si investigar corrupción a gran escala fuese una cuestión meramente administrativa.
Pero esta vez el escándalo tiene raíces profundas. Y si la justicia llega hasta el fondo, como ya hizo con otros casos de corrupción, la pregunta será inevitable: ¿puede seguir Ayuso al frente de la Comunidad mientras su entorno más íntimo está bajo sospecha judicial?
Por ahora, la UCO ya trabaja. Y cuando la élite de la Guardia Civil entra en escena, pocas veces lo hace en balde.