La Abogacía del Estado, en nombre del fiscal general Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo la citación de cuatro periodistas del diario El País como testigos en la causa abierta por presunta revelación de secretos. El caso gira en torno a una supuesta filtración relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, quien habría manifestado su intención de admitir delitos fiscales.
Los periodistas conocieron antes la voluntad de admitir delitos, según el fiscal general
En un escrito dirigido al magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, los servicios jurídicos del Estado han pedido que declaren como testigos el subdirector de El País, José Manuel Romero, y tres periodistas del mismo medio: Berta Ferrero Franch, Fernando Peinado Alcaraz y Luis Ramón Manuel Gómez Arrojo. Todos ellos comparecieron ante notario el pasado 13 de mayo para registrar y autentificar el contenido de mensajes de WhatsApp y correos electrónicos intercambiados con el abogado de González Amador, Carlos Neira.
La petición de la Abogacía se enmarca en la causa que investiga al fiscal general del Estado, quien habría intervenido en la divulgación de un correo electrónico del abogado de González Amador fechado el 2 de febrero de 2024. Según el escrito al que ha tenido acceso RTVE.es, la defensa de García Ortiz sostiene que los periodistas ya tenían conocimiento de la voluntad del empresario de reconocer los delitos fiscales antes de cualquier intervención del Ministerio Público.
En este contexto, se solicita también la comparecencia de Carlos Neira para esclarecer si recibió solicitudes por parte de los periodistas pidiéndole confirmación sobre la postura de su cliente y si autorizó o consintió que el contenido de ese correo fuera divulgado a través de terceros, incluidos posibles contactos en el entorno político de Díaz Ayuso.
Además, la Abogacía pretende que Neira confirme si el correo fue enviado a un buzón genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos y qué tratamiento se le dio posteriormente. Se cuestiona si, tras recibir un segundo mensaje del fiscal del caso el 12 de marzo, el abogado lo reenvió directamente a su cliente y si este autorizó su posterior difusión pública.
El objetivo de estas comparecencias es reforzar la idea de que los periodistas tuvieron acceso a la información clave —la admisión de delitos por parte de González Amador— antes de que el fiscal general pudiera haber cometido cualquier acto constitutivo de revelación de secretos. La Abogacía subraya que esta circunstancia es "especialmente relevante" para valorar la responsabilidad penal de García Ortiz en el procedimiento.
Discrepancias en la cronología de la filtración
Además de las declaraciones testificales, la Abogacía del Estado ha solicitado que se cite a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para aclarar una importante contradicción detectada en los informes sobre la primera difusión pública del correo electrónico en cuestión.
Existen dos versiones divergentes: una sitúa la publicación inicial en la página web de la Cadena Ser a las 23:51 horas del 13 de marzo de 2024; otra sostiene que ya había sido difundido en antena a las 23:25 de esa misma noche. La precisión de esta cronología es clave para determinar si el fiscal general pudo haber tenido algún papel en la filtración del contenido a los medios o si, por el contrario, el correo ya circulaba antes por otros canales.
En el momento actual del procedimiento, solo está pendiente la declaración como testigo de Alberto González Amador, prevista para este viernes. La incorporación de estas nuevas diligencias busca reorientar la investigación en favor del fiscal general, quien defiende que no fue responsable de ninguna revelación ilícita y que la información ya era conocida en círculos periodísticos antes de su supuesta implicación.
Con estas peticiones, el Ministerio Público trata de demostrar que la filtración tuvo un origen ajeno a su titular y que se trata de una maniobra mediática y judicial que podría tener, además, implicaciones políticas de amplio alcance.