La sombra de la corrupción sigue alargándose sobre Isabel Díaz Ayuso. Su pareja, Alberto González Amador, ha sido imputado por corrupción en los negocios y administración desleal, en un nuevo golpe judicial que dinamita la credibilidad de la presidenta madrileña. La jueza Inmaculada Iglesias ha citado a declarar al empresario el próximo 10 de abril, sumando esta imputación a las ya existentes por fraude fiscal y falsificación documental. La defensa de Ayuso se tambalea mientras su pareja se hunde en un entramado cada vez más turbio.
La red de corrupción que salpica a Ayuso
El caso que investiga la justicia no es un simple error contable ni una confusión burocrática. La Fiscalía y la Agencia Tributaria han calificado la operación de González Amador como "artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria". Se trata de la compra de una empresa pantalla, Masterman SL, por medio millón de euros a la esposa del presidente de Quirón Prevención, una operación que, según la Audiencia Provincial, encubría el pago de una comisión ilegal.
En otras palabras: el empresario adquirió una compañía sin actividad, sin empleados y sin valor real con el único objetivo de evadir impuestos y obtener beneficios indebidos. Todo ello mientras mantenía una relación con Ayuso y mientras la Comunidad de Madrid adjudicaba contratos millonarios al grupo Quirón. La conexión es innegable y deja a la presidenta sin margen para seguir vendiendo su discurso de inocencia.
Ayuso, acorralada pero desafiante
Desde que estalló el escándalo, Isabel Díaz Ayuso ha intentado distanciarse de las acusaciones con su habitual estrategia: victimismo y ataques a la izquierda. La presidenta madrileña insiste en que los delitos fiscales de su pareja ocurrieron antes de que comenzaran su relación, pero esta nueva imputación dinamita su coartada. La supuesta corrupción y administración desleal se produjeron en 2021, cuando ya eran pareja y eran fotografiados juntos en viajes de lujo.
Además, su insistencia en que todo es una "operación política" orquestada por el Gobierno de Sánchez es insostenible. Los hechos investigados han sido confirmados por la Agencia Tributaria y la propia Audiencia Provincial, organismos independientes que han encontrado pruebas suficientes para ampliar la investigación. Su intento de desviar la atención con discursos incendiarios y acusaciones contra la oposición solo demuestra su desesperación.
Un esquema de corrupción evidente
La gravedad del caso no radica solo en el fraude fiscal de 350.000 euros por el que ya estaba imputado González Amador, sino en cómo su relación con Ayuso podría haber facilitado operaciones ilícitas. La compra de la empresa Masterman SL no es un caso aislado, sino un indicio de un sistema de favores que vincula a la pareja de la presidenta con intereses privados beneficiados por el Gobierno regional.
Las conexiones entre Alberto González y Quirón Prevención son clave en este entramado. Se trata de una empresa que ha recibido adjudicaciones millonarias de la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario y que, casualmente, está relacionada con la operación fraudulenta de la que se benefició el novio de Ayuso. La sospecha de corrupción en los negocios no es una elucubración política, sino una conclusión respaldada por los indicios que han llevado a la jueza a imputarlo.
Un intento desesperado de tapar el escándalo
Lejos de reconocer la gravedad del caso, Ayuso ha optado por la confrontación total. Su pareja intentó evitar que las acusaciones populares, representadas por el PSOE y Más Madrid, se personaran en la causa, pero la jueza rechazó su maniobra. Además, la defensa de González Amador recurrió sin éxito la decisión de abrir una pieza separada sobre la corrupción en los negocios, mostrando el pánico de su entorno ante el avance del caso.
Este intento de bloquear las investigaciones y silenciar a la oposición es una muestra de cómo Ayuso y su círculo más cercano operan: negación, victimismo y uso del poder institucional para frenar las consecuencias de sus escándalos. Pero esta vez, la estrategia podría no funcionar.
Un caso que puede acabar en prisión
El horizonte judicial de Alberto González Amador se complica cada vez más. Su defensa confiaba en cerrar el caso con un acuerdo con la Fiscalía tras reconocer los delitos fiscales, pero la apertura de esta nueva investigación por corrupción lo cambia todo. Si finalmente es declarado culpable, podría enfrentarse a penas de prisión efectivas.
Esto sitúa a Ayuso en una posición insostenible. No solo por la relación personal con el imputado, sino porque su gobierno está cada vez más contaminado por la sospecha de que la corrupción se ha instalado en su entorno más cercano. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha hecho del "liberalismo" y la "transparencia" sus banderas políticas, está viendo cómo su discurso se desmorona ante la evidencia de que su pareja ha operado en las sombras para enriquecerse.
El final del blindaje mediático
Hasta ahora, Ayuso ha gozado de un blindaje mediático que le ha permitido sortear crisis políticas con facilidad. Sin embargo, este caso es demasiado grande para ser enterrado bajo la alfombra. Con un escándalo judicial que crece cada día, con la Fiscalía empujando la investigación y con la justicia ratificando la solidez de las pruebas, la presidenta madrileña enfrenta su crisis más grave.
El problema ya no es solo su pareja, sino la duda razonable que se instala en la opinión pública: ¿hasta qué punto estaba informada Ayuso de estas operaciones? ¿Hasta qué punto su gobierno ha facilitado estos movimientos? ¿Hasta qué punto puede seguir evitando responsabilidades?
El principio del fin de la impunidad
Por primera vez en mucho tiempo, Ayuso no tiene el control del relato. Su pareja deberá sentarse en el banquillo como imputado por corrupción, su defensa hace aguas y su estrategia de victimización se vuelve insostenible. La Comunidad de Madrid no puede permitirse un gobierno envuelto en escándalos mientras la sanidad y la vivienda colapsan.
Los próximos meses serán decisivos. Si la justicia sigue avanzando y las pruebas siguen acumulándose, el caso de Alberto González Amador podría convertirse en el escándalo que acabe con la carrera política de Isabel Díaz Ayuso. Y cuando eso ocurra, ni su populismo ni su blindaje mediático podrán salvarla.