Quien a hierro mata, a hierro muere. El dicho vale para el novio de la presidenta de la CAM, Alberto González Amador, que no se harta de presentar demandas contra todos los que le atacan, incluidas querellas por revelación de secretos y que, ahora, se ha encontrado con que la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, la jueza María Inmaculada Iglesias, ha abierto una pieza separada en la que se investigará su relación con Quirón, grupo empresarial que puede acabar siendo imputado como “colaborador necesario” de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.
A la pareja de Isabel Díaz Ayuso se le han complicado las cosas hasta tal punto que ya no tiene sentido el famoso “acuerdo de conformidad” que iba a firmar con el fiscal para declararse culpable de dos delitos de fraude a la Hacienda Pública con el resultado de ocho meses de condena que no cumpliría y el pago de una multa de 500.000 euros. Ahora la cosa es de mayor calado porque las penas contempladas en el Código Penal para los nuevos delitos que se van a investigar suman la decena de años de cárcel, 6 la administración desleal y 4 corrupción en los negocios.
La pieza separada de lo que ya se conoce como “caso González Amador” comienza con la firma por parte de este de un acuerdo de colaboración con Quirón Prevención en 2017 a través de su empresa Maxwell Cremona. Esta sociedad es la que utilizó, presuntamente, para dar un pelotazo de más de dos millones de euros en la venta de mascarillas a Mape, la empresa cuyo consejero delegado es Fernando Camino, directivo del grupo Quirón.
Maxwell Cremona pagó 500.000 euros por la compra de otra sociedad, Círculo de Belleza, cuya propietaria era la esposa de Camino. Una vez efectuada la adquisición, González Amador integró Circulo de Belleza en Maxwell Cremona. El fruto de esa fusión fue la constitución de Masterman & Whitaker, entidad en la que participaba la mujer de Camino, la farmacéutica Gloria Carrasco. Ahí es cuando los inspectores de la AEAT empiezan a investigar a González Amador porque existe la sospecha de que se pagó un sobreprecio por una empresa que apenas facturaba 30.000 euros al año.
Masterman fue utilizada para la expansión del grupo Quirón en Latinoamérica, y la obtención del sello de calidad para la Fundación Jiménez Díaz, el hospital de referencia de la Comunidad de Madrid. Según la investigación llevada a cabo por El Diario, “el mismo día del acuerdo para la expansión en Latinoamérica y el sello de calidad para la Jiménez Díaz, Maxwell remite una factura a Masterman de 600.000 euros más 126.000 de IVA y así consigue trasladar a esa empresa la fracturación procedente de Quirón. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha constatado que Masterman no tiene ni medios materiales ni humanos para realizar ningún trabajo. Ni para Quirón ni para nadie”. De ahí la sospecha de la AEAT de que Masterman es una sociedad instrumental.
El mismo día en que se produce la transferencia de los 600.000 euros, se transmiten todas acciones de Masterman a Alberto González Amador. Y la operación se lleva a cabo por tan solo 3.300 euros. Los ingresos de Maxwell acaban, así, en el bolsillo del empresario. Pero lo que es una operativa de fraude fiscal para Hacienda y la Fiscalía presenta ahora indicios de algo más, un delito de corrupción en los negocios en el que habría participado Quirón Prevención a través de la figura de su director, Fernando Camino.
Se sospecha que los 500.000 euros que se pagaron por la compra de Circulo de Belleza no fueron otra cosa que el importe de la contraprestación por los contratos que Camino adjudicaba a González Amador por un total de 2 millones de euros en concepto de material sanitario, incluidas las mascarillas en la época de la pandemia, la cantidad que debía haber declarado formalmente a Hacienda y que llevó a González Amador a ser acusado de fraude fiscal en el ejercicio 2020 y que la AEAT lo cuantifica en 350.951 euros.
Típica maniobra de ingeniería contable en la que, ahora, lo que interesa es saber dónde fueron a parar los beneficios. Y ahí es donde entra el famoso piso donde el empresario vive con la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, adquirido en julio de 2002 y quien está detrás del ático en ese mismo inmueble que también disfruta la pareja y que se encuentra comunicado con la vivienda declarada.
Un detalle muy importante es dejar claro que las operaciones llevadas a cabo por González Amador aquí citadas tuvieron lugar antes de empezar su relación con Díaz Ayuso, pero lo que resulta sospechoso es que la facturación del empresario se ha multiplicado por cuatro desde el comienzo de su noviazgo. Quirón se hace cargo de gran parte de la gestión de los hospitales públicos de Madrid, concepto por el cual factura cientos de millones de euros al gobierno regional.
Hasta ahora, el juzgado que lleva la causa por delito fiscal no había querido entrar en esta circunstancia. Nada de relacionar al todopoderoso grupo Quirón. Pero después de que las acusaciones particulares del PSOE y Mas Madrid hayan presentado las conclusiones derivadas del estudio de la documentación a la que han tenido acceso, ha quedado claro la necesidad de investigar. La conclusión jurídica es que Quirón puede acabar por ser acusada de “cooperador necesario” de un delito de corrupción en los negocios. La reforma del Código Penal llevada a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy permite la imputación a las personas jurídicas por lo que al grupo sanitario se le puede exigir responsabilidades penales.
Lo que Isabel Díaz Ayuso califica de “persecución” a su pareja empieza a ser algo más. La Agencia Tributaria lo tiene todo bien atado después de 18 meses de minuciosa investigación. La jueza no tiene más remedio que llevar a cabo una instrucción judicial y el empresario se encuentra, en estos momentos, entre la espada y la pared. Ya no es un simple acuerdo de conformidad para reconocer delitos fiscales. Y todo ello por el empecinamiento del entorno de la presidenta de la CAM de engordar ese asunto en el que entra, ya, hasta la histórica imputación del fiscal general del Estado en una querella por revelación de secretos. Y la incógnita de todo esto es quien irá p’alante, que dirían Miguel Ángel Rodríguez y su jefa, Isabel Díaz Ayuso.