En la rueda de prensa celebrada este lunes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se vertieron afirmaciones de extrema gravedad que han encendido el debate público. "Pedro Sánchez está en fase terminal. Salvar la cabeza del presidente nos va a costar la ruptura de España", afirmó Ayuso, en un discurso plagado de descalificaciones y acusaciones sin base fáctica. Entre ellas, destacó su ya habitual recurso a cifras imprecisas: "Madrid ya sufraga el 70% de la caja común con la que se pagan servicios públicos fundamentales".
Madrid no paga el 70% de España
Sin embargo, ese dato es incorrecto. Madrid no aporta el 70% del conjunto de la financiación autonómica ni de los servicios del Estado. Lo que Ayuso cita es su aportación al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que representa solo una parte del sistema de financiación. En 2021, Madrid contribuyó con 4.259 millones de euros al fondo, el 71,9% de lo aportado por las tres comunidades que contribuyen (Madrid, Baleares y Cataluña). Pero si se analiza el conjunto del sistema, incluyendo impuestos y transferencias, su contribución neta fue del 24%, según Fedea.
Ni 25.000 millones, ni expolio
Ayuso acusó al presidente del Gobierno de haber "regalado casi 25.000 millones al independentismo". Esta cifra no se corresponde con ningún dato del acuerdo anunciado. Lo pactado hasta ahora entre el Gobierno y la Generalitat incluye la cesión parcial del 50% del IVA recaudado por pymes en Cataluña, lo que podría representar alrededor de 600 millones de euros, según datos de 2022.
Tampoco se ha concedido el "cupo vasco" a Cataluña. De hecho, fuentes del Govern han mostrado su insatisfacción porque el modelo acordado está muy lejos de sus aspiraciones. Junts per Catalunya lo calificó de "decepcionante" y "sin un euro más". Difícilmente puede hablarse de "expolio" o "atraco a la nación" cuando ni siquiera existe transferencia efectiva de fondos. Se está negociando un modelo que respete el principio de ordinalidad: que una comunidad no quede por debajo en recursos respecto a lo que aporta.
Madrid no tiene impuestos propios
Otro punto cuestionable fue cuando Ayuso denunció que "los independentistas han acordado impedir a las demás comunidades bajar impuestos" y que "Madrid tiene recogido en su Constitución el derecho a gestionar su Hacienda". Lo cierto es que Madrid eliminó todos sus impuestos propios en 2021, como el de residuos o el recargo al IAE. Hoy solo gestiona tributos estatales cedidos (IRPF, IVA, Patrimonio), sin aplicar ninguno que sea exclusivo de la región.
Decir que el acuerdo impide bajar impuestos tampoco es correcto. No existe tal cláusula en ningún documento oficial. Lo que se plantea en la negociación es que, si una comunidad decide reducir su presión fiscal, no puede exigir luego una compensación del Estado para mantener sus servicios. Es una cuestión de coherencia presupuestaria, no de "prohibición".
"Dictadura bolivariana" y alarmismo constitucional
La presidenta madrileña no dudó en calificar lo ocurrido de "atropello contra la nación", "ruptura del Estado de Derecho" y "dictadura bolivariana". Incluso afirmó: "Ya solo falta que los independentistas redacten la Constitución". Este tipo de afirmaciones buscan generar alarma social sin aportar una base jurídica real. El modelo de financiación autonómica está previsto en el artículo 156 de la Constitución, y sus posibles reformas se negocian entre el Gobierno central y las comunidades, como ha ocurrido con todas las actualizaciones desde 1979.
Ayuso también apuntó al Tribunal Constitucional, acusándolo de ser "la mayor estafa que soportamos", "trufado de políticos disfrazados de magistrados". Las resoluciones del Constitucional pueden ser criticadas, pero deslegitimarlo sin pruebas ni respeto institucional socava la separación de poderes y fomenta el descrédito institucional.
Las cifras reales
Las estimaciones de economistas y centros de investigación como Fedea apuntan a que un nuevo modelo que respete el principio de ordinalidad podría suponer para Cataluña entre 6.000 y 13.000 millones de euros adicionales al año, dependiendo de la solidaridad aplicada (entre el 2 y el 4% del PIB). Esto estaría años luz de los 25.000 millones que Ayuso denuncia como "regalo".
Y mientras Ayuso habla de "asfixia fiscal" en Cataluña, olvida que su gobierno no tiene competencias ambientales ni fiscales propias que gestionar. La región madrileña crece, sí, pero a costa de no reinvertir en servicios esenciales como vivienda o medio ambiente, ámbitos en los que otras comunidades sí ejercen su autonomía.
Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso han sobrepasado límites institucionales y democráticos. Se puede debatir el modelo de financiación y exigir transparencia, pero hacerlo con cifras falsas, lenguaje belicista y desprecio a las instituciones no contribuye a una democracia sana. Ni hay golpe, ni hay dictadura, ni se ha roto España. Lo que sí hay es ruido, confrontación calculada y una peligrosa banalización del discurso político.