La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presume de su política de bajadas de impuestos mientras mantiene una estrategia de recaudación encubierta que castiga a las familias que heredan viviendas. Aunque la propaganda del gobierno regional insiste en suprimir la carga fiscal para los herederos, lo que realmente ocurre es que la Hacienda madrileña revisa al alza el valor catastral de las propiedades heredadas, disparando las cifras que los ciudadanos deben pagar a años vista.
La trampa del impuesto de sucesiones en Madrid
La Comunidad de Madrid vende la idea de que ha eliminado el impuesto de sucesiones, pero en la realidad muchos herederos están recibiendo sorpresas desagradables de la Agencia Tributaria autonómica. La ley permite a Hacienda revisar una herencia durante cinco años y el gobierno de Ayuso ha aprovechado este margen para enviar cartas a los herederos reclamando cantidades astronómicas por la revalorización catastral de los inmuebles heredados.
Las cifras oscilan entre los 7.000 euros hasta cantidades inasumibles para muchas familias, que se ven obligadas a pagar sin posibilidad real de recurso, ya que llevar el caso a los tribunales supondría costes adicionales y pocas probabilidades de éxito. Además, cuando el contribuyente se resigna a pagar, la Administración añade intereses de demora que no figuraban en la primera notificación, inflando la deuda en miles de euros adicionales por intereses.
Una estrategia de recaudación encubierta
Lejos de suprimir impuestos, Ayuso está aplicando un modelo de "dumping fiscal" que beneficia a las rentas altas mientras exprime a la clase media mediante mecanismos poco transparentes. La revalorización catastral de las viviendas heredadas es un ejemplo de cómo la Comunidad de Madrid busca recaudar dinero de forma encubierta, sin que el grueso de la opinión pública sea consciente de ello.
El gobierno regional ha bajado o eliminado ciertos tributos, pero al mismo tiempo ha recortado drásticamente el gasto público. En los últimos cinco años, la Comunidad ha acometido 31 bajadas de impuestos, lo que ha supuesto dejar de recaudar 31.300 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda. Esto ha tenido consecuencias directas en el deterioro de los servicios públicos, especialmente en sanidad y educación, donde los recortes han sido evidentes.
Mientras Ayuso insiste en suprimir impuestos, la realidad es que los madrileños pagan por otras vías. Según un estudio de la OCDE, Madrid es un "paraísco fiscal interno", con una fiscalidad que beneficia principalmente a las rentas altas y grandes patrimonios, dejando la carga sobre las clases medias y bajas. Además, según un informe de Fedea, el centil más rico de la región destina un 26,9% de su renta al pago de impuestos, mientras que los tramos intermedios llegan a soportar entre un 31% y un 38%.
¿Beneficio para todos o solo para unos pocos?
El modelo de fiscalidad de Ayuso no busca el beneficio de la mayoría, sino de una minoría con grandes patrimonios. La rebaja del impuesto de sucesiones hasta el 50% entre hermanos, tíos y sobrinos es un claro ejemplo de cómo las decisiones fiscales se toman en función de los intereses de los más privilegiados. En Madrid, una de las regiones más ricas del país, se recauda menos de lo que se podría para sostener servicios esenciales.
Las bajadas de impuestos en Madrid han tenido un impacto directo en la financiación de la sanidad y la educación públicas. Por ejemplo, la tasa de pacientes por cada 1.000 habitantes en lista de espera para una primera consulta hospitalaria ha aumentado un 125%. La universidad pública también se encuentra en una situación crítica: los rectores han advertido que el presupuesto asignado ni siquiera permite cubrir los gastos de personal y que la financiación es un 15% inferior a la de 2010.
Por otro lado, la reducción en la recaudación por impuestos de sucesiones y donaciones ha dejado sin fondos a muchas políticas sociales. En 2023, Madrid y Andalucía vieron reducida su capacidad de gasto en 1.000 millones de euros por estas rebajas fiscales, según un informe del Ministerio de Hacienda. Esta pérdida de recursos afecta a servicios esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras.
Ayuso defiende su "dumping fiscal" mientras Madrid se asfixia
Mientras Ayuso presume de su "autonomía fiscal", la realidad es que su política beneficia a los grandes patrimonios en detrimento de los servicios públicos y de la estabilidad financiera de la región. Su defensa del "dumping fiscal" como una herramienta de competitividad esconde el hecho de que Madrid ha renunciado a una parte fundamental de su recaudación, forzando a los madrileños a pagar por vías indirectas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que sus medidas benefician a todos, pero los datos demuestran que las rentas altas son las principales favorecidas. Mientras tanto, la clase media y trabajadora es la que soporta el peso de la carga fiscal mediante mecanismos opacos como la revalorización catastral de las viviendas heredadas.
La hipocresía del gobierno de Ayuso queda en evidencia: mientras baja impuestos a los ricos, recauda a través de una estrategia fiscal encubierta que afecta directamente a miles de familias.
Madrid, bajo su mandato, se ha convertido en un paraísco fiscal para unos pocos y en un infierno tributario para quienes heredan una vivienda modesta.