Isabel Díaz Ayuso asegura categóricamente que “estamos en un Estado policial”. Y para ello utiliza este argumento: “en un Estado policial los derechos y libertades civiles están restringidos, y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial. La policía actúa con amplios poderes y a menudo lo hace fuera de los límites del Estado de derecho. Y se utilizan prácticas como la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener el control social”. La letra pequeña es otra y la más significativa: “un ciudadano particular ve troceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda, con escarnio -algo que es completamente ilegal- por ser el novio de una adversaria política. Esto es un Estado policial”. Y ese es “el quid” de su relato. En el fondo, Díaz Ayuso se quejaba de lo que le están haciendo a su novio, Alberto González Amador. De ahí su percepción del Estado policial que ha creado Pedro Sánchez importándolo de las dictaduras bolivarianas y siguiendo los criterios más estrictos del estalinismo. La presidenta de la CAM se olvida de una cosa. No es la primera vez ni la última en que se publican datos de la declaración de impuestos de la ciudadanía.
Le ocurrió a “su maestra”, Esperanza Aguirre, y a muchos más notorios contribuyentes en la época en que Cristóbal Montoro era ministro de Hacienda. Habría que preguntarla, también, cómo se filtran todos los días aspectos personales de investigados en las causas abiertas a dirigentes de la izquierda. También podrían hablar de “persecución” las decenas de personas que fueron investigadas por la justicia y cuyas declaraciones de impuestos se incluyeron en sumarios hechos públicos y divulgados por los medios. Entre los más recientes, por ejemplo, Alberto Luceño y Luis Medina que estafaron al Ayuntamiento de Madrid con la venta de mascarillas, o Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, juzgado y absuelto de un delito fiscal, Víctor de Aldama, el famoso presunto conseguidor de la trama Koldo. Y, porqué no, el mismísimo Koldo García.
La Agencia de Protección de Datos tiene que ser un hervidero después de que se están conociendo infinidad de detalles sobre la vida particular de la ciudadanía a la que debería proteger. Y la Agencia Tributaria no digamos. Un organismo que está obligado por ley a guardar escrupulosamente los datos de los contribuyentes. Pero, es que si fuese la primera vez que sucede esto… La privacidad es una quimera en este país. Ocurre con el famoseo, con los políticos y con todo aquél que pueda llamar la atención y el morbo de la ciudadanía. Y González Amador no iba a ser una excepción.
Sobre la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, se han traspasado todas las líneas rojas de su privacidad. Se han contado, incluso, reuniones personales que habría mantenido en Moncloa que, recordemos, es su domicilio particular en estos momentos mientras su marido sea presidente del Gobierno. Se ha aireado su “amistad” con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, sin venir a cuento salvo para acusarla de “tráfico de influencias” en el rescate del grupo turístico, y hasta se han revelado detalles de las clases que impartía en el máster de la Universidad Complutense.
A Alberto González Amador lo único que se le ha hecho es difundir la forma en que defraudó a Hacienda. Lo que pasa es que la derecha está utilizando la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para retorcer los hechos presentando a la pareja de IDA como víctima. Incluso en el asunto de García Ortiz hay aspectos oscuros de personajes que, de momento, se están librando de pasar por los tribunales, como el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, de cuyo entorno, según todos los indicios, salió el famoso bulo que señalaba que el fiscal del caso Amador había hecho una propuesta de acuerdo de conformidad con el acusado. El fiscal general tuvo que salir al paso, como bien ha dicho en otras ocasiones, para contar lo contrario, la verdad de lo que había pasado. Ordenó la publicación de una nota de prensa. Cayó en la trampa que le tendieron. Las consecuencias son sobradamente conocidas. Va a ser investigado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos y el asunto está siendo utilizado por la caverna mediática para gritar a los cuatro vientos las maneras “mafiosas” de este gobierno.
Díaz Ayuso arremete contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que acusa de nombrar a dedo a los policías que deben investigar los casos “de la enorme corrupción” que hay en torno al gobierno progresista. Se olvida de que un ministro de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez, se van a sentar en el banquillo acusados de fabricar pruebas falsas contra adversarios políticos y destruir las que comprometían a su propio partido, por no hablar de asuntos que todavía están investigándose como es la operación Catalunya y las actividades de la famosa Brigada Patriótica en contra de Podemos.
Lo que está claro es que cada uno ve la fiesta a su conveniencia. Todos tienen mucho que callar, unos y otros. Lo que ocurre, en esta ocasión, es que algunos jueces están haciendo el juego al Partido Popular. Los fundamentos jurídicos que se están utilizando, por ejemplo, en el caso de la revelación de secretos de García Ortiz han tenido que reconocer la inexistencia de delito en la nota de prensa en la que fiscalía desmentía el bulo del entorno de Rodríguez. Pero en lugar de rechazar la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la sala de Lo Penal del TS decide mantener el juego porque, según los magistrados, hay que investigar quien filtró los correos se intercambiaron fiscal y abogado de González Amador. Aquí creen los jueces que puede haber una conducta delictiva. Lo que ocurre es fueron 18 las personas que tuvieron acceso a esos documentos. Demasiadas para encontrar un responsable.
Y eso también es un Estado policial. Acusar a García Ortiz cuando ni siquiera se le ha imputado. Solo se ha abierto un procedimiento para depurar responsabilidades. Esto, en mi pueblo, se llama persecución, pero cada uno que saque sus propias consecuencias.