El escándalo que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su pareja, Alberto González Amador, se agrava día a día. Los audios inéditos de la declaración de la inspectora jefa de la Agencia Tributaria en Madrid, Mercedes Urbano, han sacudido la escena política. Su relato es tan minucioso como demoledor: González Amador habría cometido dos delitos fiscales en 2020 y 2021, defraudando más de 350.000 euros, utilizando facturas falsas y operaciones simuladas para pagar menos impuestos.
La inspectora no se quedó en generalidades. Explicó con precisión quirúrgica cómo el empresario pasó de ingresar poco más de 300.000 euros en 2019 a 2,3 millones en 2020, y aun así pagó menos a Hacienda que el año anterior. Esa anomalía fue el punto de partida para abrir la inspección. “Solo intentó regularizar su situación cuando fue pillado”, afirma Urbano, echando por tierra el argumento de Ayuso de que todo es una “cacería” por motivos políticos.
Un fraude meticuloso
Según Urbano, González Amador no se limitó a ocultar ingresos, sino que montó un entramado de facturación falsa para reducir su cuota tributaria. Entre los ejemplos más escandalosos figura una factura de más de 300.000 euros a una empresa mexicana por una operación ficticia y otra de 922.000 euros por la supuesta venta de vacunas a Costa de Marfil que nunca se materializó. A pesar de saber que no habían ganado el contrato, tres meses después de recibir la notificación contabilizó el gasto para rebajar artificialmente el pago a Hacienda.
La inspectora relató también cómo seis sociedades sevillanas, administradas por transportistas, agricultores y tratantes de ganado, emitieron 13 facturas por trabajos técnicos que jamás realizaron. Cuando los inspectores fueron a comprobarlo, se encontraron con domicilios particulares sin rótulos ni actividad alguna.
No fue una inspección salvaje
— PSOE Madrid (@psoe_m) September 11, 2025
Ni hay una operación de estado contra él
Defraudó presuntamente a Hacienda tras forrarse contratando con Quirón.
Ahora los dos viven en un ático de lujo.
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Masterman y la sospecha de corrupción
El testimonio de Urbano va más allá de la mera defraudación fiscal. Revela que González Amador adquirió la sociedad Masterman, propiedad de la esposa del presidente de Quirón Prevención, por 500.000 euros, pese a que la empresa carecía de valor real. Inmediatamente, trasladó a ella dos contratos de 600.000 euros desde su propia consultora, Maxwell Cremona, en lo que la inspectora considera un intento de “remansar fondos” para pagar menos impuestos.
Este movimiento ha llevado a la jueza instructora a abrir una pieza separada por un presunto delito de corrupción en los negocios. Los investigadores sospechan que el pago pudo ser una comisión encubierta para facilitar contratos sanitarios a favor de Quirón, una de las compañías más beneficiadas por las adjudicaciones del Gobierno de Ayuso durante la pandemia.
La estrategia de Ayuso, en entredicho
Las palabras de Urbano son un golpe directo a la narrativa de Ayuso, que lleva meses denunciando una “persecución” política. La inspectora dejó claro que la investigación se inició por criterios técnicos, no por su relación sentimental con la presidenta. “Lo que nos resultó llamativo fue que, pese a multiplicar por seis los ingresos, bajara la tributación. Eso no es lógico”, subrayó.
El interrogatorio fue tan sólido que la defensa de González Amador apenas se atrevió a rebatirlo. La jueza, que lleva un año instruyendo el caso, prepara ya el auto de apertura de juicio oral. La Fiscalía pide tres años y nueve meses de prisión para el novio de Ayuso, que ha recurrido en un último intento de evitar el banquillo.
Una cuestión política y ética
Este caso no es solo un procedimiento judicial. Es un terremoto político que pone en cuestión la credibilidad de la presidenta de Madrid. Mientras Ayuso insiste en que todo es una “cacería”, la realidad judicial va en dirección contraria. Si la justicia confirma los delitos, no solo será un duro golpe para su pareja, sino también para su propia imagen como líder.
Las revelaciones de Urbano ponen de manifiesto que no se trata de un error puntual ni de una “inspección salvaje”, como repite Ayuso, sino de un plan sistemático para engañar a la Hacienda Pública. El hecho de que las regularizaciones solo se produjeran tras ser descubierto por la Agencia Tributaria deja poco margen para la duda.
El caso está a punto de entrar en su fase más decisiva. Si se abre juicio oral, será la primera vez que una pareja sentimental de un presidente autonómico se siente en el banquillo por delitos fiscales de esta magnitud. Y aunque Ayuso insista en separarse del caso, su defensa política de González Amador la ata inexorablemente a su destino judicial.
El mensaje de la inspectora es claro: nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el entorno más cercano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.