Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron el informe clave en la investigación por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, han comparecido este viernes ante el Tribunal Supremo en calidad de peritos. Lo hacen tras una decisión de la Sala de Apelación, que ordenó su citación al estimar parcialmente un recurso del propio fiscal general.
Su testimonio busca esclarecer por qué la UCO concluyó que García Ortiz tuvo una “participación preeminente” en la filtración de información reservada sobre Alberto González Amador, empresario e íntimo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La investigación se apoya en el análisis de las comunicaciones extraídas del móvil de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, requisado durante un registro en octubre pasado.
El papel del fiscal general en el centro de la investigación
El informe que ahora sustenta la comparecencia de los agentes reconstruye de forma cronológica las comunicaciones mantenidas entre Rodríguez y otros fiscales, delimitando un periodo crítico: del 8 al 14 de marzo de 2024. Según los investigadores, durante ese lapso se filtraron a los medios varios elementos clave del caso, entre ellos un correo del abogado de González Amador al fiscal del caso, en el que se mostraba dispuesto a reconocer delitos fiscales para alcanzar un acuerdo judicial.
La UCO señala que, desde que García Ortiz recibió dicho correo a las 21:59 horas, hasta que la noticia apareció en la prensa a las 23:51, solo un grupo reducido de personas dentro de la Fiscalía tuvo acceso a esa información. En particular, destacan que la elaboración de la nota de prensa que desmentía una información previa de El Mundo fue dirigida directamente por el fiscal general, quien también dio instrucciones para recabar los correos necesarios.
Además, los agentes subrayan que Rodríguez consultó esa noche con García Ortiz a qué dirección debía enviar los mensajes entre el fiscal Salto y la defensa. El fiscal general le indicó una cuenta de Gmail, a la que se enviaron los documentos que luego acabarían publicados.
Una investigación obstaculizada por la eliminación de pruebas
La relevancia del informe se incrementó después de que el Supremo confirmara que no podría acceder al contenido del teléfono móvil del fiscal general, ni a su cuenta de Gmail, ya que habían sido eliminados. La UCO informó al juez de que las gestiones con Google y WhatsApp no permitieron recuperar datos útiles para la causa.
La instrucción del caso se centra en tres hechos concretos: la filtración a los medios sobre la investigación a González Amador, la difusión del correo en el que el empresario buscaba un acuerdo con la Fiscalía y la nota informativa emitida el 14 de marzo por el Ministerio Público. El juez Ángel Hurtado mantiene imputado a García Ortiz y considera que los indicios apuntan directamente a él como autor de la filtración.
El próximo paso clave será el 23 de mayo, fecha en la que declarará el propio González Amador. Su testimonio puede reforzar —o contradecir— la versión que hasta ahora sostienen los peritos y el juez instructor en un caso que ha sacudido los cimientos de la Fiscalía General del Estado.