Casos ERE y Begoña Gómez, parecidos razonables en busca de una “cúspide de la pirámide”

La cuestionada instrucción del juez Peinado coincide en muchos aspectos con los pasos de Mercedes Alaya cuando dio por cierta una inexistente cúpula política en las ayudas sociolaborales irregulares en Andalucía

23 de Julio de 2024
Actualizado el 24 de julio
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Los jueces Mercedes Alaya y Juan Carlos Peinado, instructores del Caso ERE y del Caso Begoña Gómez

“Operación política y mediática con ropaje judicial”. Así ha definido el ex presidente socialista andaluz Manuel Chavez la macrocausa de los ERE irregulares que terminó con la condena de la ex cúpula socialista en Andalucía, ahora desmontada por completo por las sentencias del Tribunal Constitucional. El que fuera también ministro y presidente del PSOE ha ido más allá y ha trazado los parecidos razonables que se dan entre los dos casos judiciales que actualmente acaparan todos los titulares informativos: el caso Begoña Gómez y el de los ERE de Andalucía. Chaves ha asegurado que el caso judicial de la esposa del presidente del Gobierno le “recuerda al proceso de instrucción” del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que él fue uno de los ex altos cargos socialistas andaluces condenados, en su caso concreto a nueve años de inhabilitación.

“La instrucción de los ERE, más que perseguir la pista del dinero, lo que buscaba era ir a la cúspide de la pirámide de la Junta de Andalucía”, ha asegurado Chaves este martes en una entrevista en Canal Sur Televisión. “Sobre esa base judicial, el Partido Popular montó una operación política y mediática”, añade el ex presidente andaluz. Una tesis que concuerda en todos sus extremos con la que la actual dirección del PSOE y también el ejecutivo de Pedro Sánchez mantienen sobre la causa judicial contra la esposa del presidente del Gobierno, abierta por Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

El término “cúspide de la pirámide” fue utilizado de forma reiterada por la juez instructora de la macrocausa política de los ERE irregulares, la polémica y mediática Mercedes Alaya. Un término que acabó formando parte de la espoleta política y mediática de aquellos años por parte del Partido Popular en su oposición a los ejecutivos autonómicos socialistas y, del mismo modo, por los medios de comunicación afines, que sirvieron de correa de transmisión de lo que Chaves denomina ahora “operación política y mediática con ropaje judicial”.

Estas últimas semanas, el Constitucional ha sentenciado definitivamente cómo termina el proceso judicial que primero dictaminó la Audiencia Provincial de Sevilla y después confirmó el Tribunal Supremo en base a principios erróneos ahora desmontados por el órgano de garantías. En ningún momento existió esa “cúspide de la pirámide” de la que hablaba Alaya en sus autos judiciales. Sobre los ERE, el Constitucional ha dado la razón al también ex presidente andaluz José Antonio Griñán, cuando en 2015 aseguró que “no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude”.

Alaya vio “imposible” que los dos ex presidentes andaluces desconocieran que sus ejecutivos utilizaban “de forma absolutamente libérrima” un sistema ilegal de ayudas

La instrucción que el juez Peinado comenzó en abril de este 2024 contra la esposa de Sánchez recuerda en muchos aspectos procesales aquello que vivieron los ex dirigentes socialistas andaluces cuando Alaya vio sin dudarlo una “cúspide de la pirámide” tras ‘comprar’ en todos sus extremos el relato político del PP, un discurso que pese a las últimas sentencias del Constitucional mantienen aún a día de hoy en 2024, lo que ha llevado al PSOE de Andalucía a anunciar querellas contra los dirigentes populares que acusan sin fundamento a los socialistas.

En agosto de 2014, tras más de tres años de instrucción iniciada en enero de 2011, la juez Alaya elevó al Supremo la exposición razonada donde detalló los indicios delictivos que halló en la cúpula socialista andaluza de aquellos años. Alaya vio “imposible” que los dos ex presidentes andaluces desconocieran que sus ejecutivos utilizaban “de forma absolutamente libérrima” un sistema ilegal de ayudas sociolaborales a empresas en crisis, vinculadas supuestamente al PSOE y a los sindicatos UGT y CCOO. El tiempo ha aclarado que estos extremos solo los vio con nítida claridad la instructora del caso, el PP y los medios que ‘compraron’ esta tesis sin más.

 

 

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