La maniobra del líder independentista vuelve a poner en evidencia el desequilibrio ideológico del Constitucional y reabre el debate sobre la politización de la justicia española.
Un “extraño movimiento” que incomoda
La batalla legal de Carles Puigdemont suma un nuevo capítulo y, como tantas veces antes, tensiona los cimientos del Estado. Esta vez, el expresident catalán ha movido ficha contra tres magistrados del Tribunal Constitucional: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías, todos ellos vinculados al ala conservadora. A través de su abogado, Gonzalo Boye, ha solicitado su recusación por "pérdida de apariencia de imparcialidad", una figura jurídica que suele levantar ampollas… sobre todo cuando el juicio político precede al jurídico.
Este movimiento, calificado de “sorpresivo” por fuentes del propio TC, retrasa al menos un mes la decisión sobre la admisión del recurso de amparo que Puigdemont presentó tras la negativa del Tribunal Supremo a amnistiarle por el delito de malversación en el marco del 'procés'.
Aunque el Constitucional tenía previsto pronunciarse esta semana —con la negativa a las medidas cautelarísimas como escenario más probable—, la recusación obliga ahora a abrir otro procedimiento: el de decidir si estos tres magistrados deben o no apartarse.
En la práctica, Puigdemont ha logrado ganar tiempo y reavivar el foco mediático sobre un tribunal cuya imparcialidad ha sido sistemáticamente cuestionada por amplios sectores de la sociedad civil y jurídica. El choque entre justicia y política no da tregua.
Más que nombres, un modelo de justicia en entredicho
La recusación no se fundamenta solo en lo ideológico, sino en declaraciones públicas, libros, artículos de prensa y hasta amistades personales. Contra Arnaldo, Boye recuerda que el magistrado ya se pronunció en su contra en columnas y en su libro reciente. En cuanto a Espejel, el argumento es su proximidad al Partido Popular, su voto particular contra la absolución de Trapero y su afiliación a la Asociación Profesional de la Magistratura, conocida por sus posturas abiertamente conservadoras.
Pero quizá el caso más escandaloso, al menos en forma, es el de José María Macías, de quien el equipo legal del líder independentista destaca su amistad con el juez del Supremo Pablo Llarena, instructor del caso 'procés', así como sus declaraciones públicas en las que llegó a tildar a Puigdemont de "nazi". Difícil pedir imparcialidad cuando las hemerotecas arden.
Y, sin embargo, en la sede del Constitucional restan importancia al gesto, que califican de "claramente extemporáneo". Algunas fuentes sugieren que la estrategia del expresident obedece a un cálculo político más que jurídico: tensionar al TC en un momento delicado, internacionalizar su causa y apuntar al desgaste reputacional de una justicia española que ha demostrado demasiadas veces estar lejos de los estándares de neutralidad exigibles.
Más que una defensa, un contraataque simbólico
Aunque voces en el propio tribunal ven con escepticismo la iniciativa de Puigdemont, lo cierto es que su ofensiva reabre el debate nunca resuelto sobre la independencia judicial en España. No es casual que las recusaciones se dirijan contra los mismos magistrados que durante años han sido instrumentalizados políticamente por los sectores más reaccionarios del sistema.
En el fondo, la estrategia del líder de Junts no es solo una defensa procesal: es una denuncia en toda regla al sesgo estructural de quienes tienen el encargo de garantizar los derechos fundamentales. En un país donde jueces opinan libremente en tribunas ideológicas y hacen carrera a la sombra de partidos políticos, cuestionar su imparcialidad no es una extravagancia, sino una necesidad democrática.
El TC resolverá las recusaciones en las próximas semanas. Lo más probable, como apuntan las fuentes consultadas, es que se rechacen. Pero el mensaje está lanzado: si la amnistía es un intento de reconciliación política, la justicia también deberá asumir su parte en el deshielo.
Hasta entonces, Puigdemont seguirá siendo un exiliado político para unos, un prófugo para otros y, sobre todo, un espejo en el que se refleja la fragilidad institucional del Estado.