Mientras la legislación reconoce el derecho a la desconexión digital, sentencias recientes y prácticas laborales lo ponen en entredicho. En sectores como el periodismo, la exigencia de estar siempre localizable convive con sueldos bajos, pagos irregulares y una precariedad normalizada. La línea entre compromiso y explotación se ha vuelto peligrosamente fina.
Desde hace años, el ordenamiento jurídico español reconoce el derecho a la desconexión digital, pero en la práctica este principio choca contra una realidad laboral que avanza en dirección contraria. La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que valida la obligación de facilitar el número de teléfono y correo electrónico personales para poder teletrabajar ,aunque sea solo “por urgencias del servicio”, es una muestra de esa contradicción. El riesgo es evidente: lo que empieza como excepcional, a menudo se convierte en costumbre.
Para quienes trabajan en sectores como el periodismo, la comunicación, la atención al cliente o las tecnologías de la información, el derecho a desconectar rara vez se vive como una realidad tangible. En estos ámbitos, donde la inmediatez lo domina todo, la frontera entre el horario laboral y el tiempo personal se ha ido difuminando peligrosamente.
La conectividad constante no es solo una cuestión de eficiencia, es una fuente creciente de desgaste emocional. El simple hecho de tener que estar localizable “por si acaso” implica una forma de tensión continua. Como han recordado numerosos estudios y voces expertas, esta situación puede tener consecuencias serias para la salud mental de los trabajadores: insomnio, ansiedad, dificultad para desconectar incluso cuando se apagan los dispositivos.
Aunque la normativa europea y la legislación española recogen el derecho a no atender llamadas o mensajes fuera del horario laboral, la realidad demuestra que el contexto cultural y empresarial aún no ha interiorizado ese límite. Y lo cierto es que la desconexión digital no debería depender del criterio individual de un superior ni de la percepción subjetiva de lo que es urgente.
El periodismo es, quizás, uno de los sectores donde esta situación se refleja con mayor claridad. La urgencia informativa ha hecho que las redacciones digitales vivan en un estado de alerta permanente. La cultura del “por si acaso” y del “hay que estar atentos” se ha instalado con naturalidad, a menudo sin contemplar descansos reales. Pero a esto se suma otro elemento especialmente preocupante: la precariedad.
Bajos salarios, pagos tardíos, falta de contratos estables... son condiciones que afectan a muchos profesionales de la información, sobre todo en medios digitales pequeños o independientes. La vocación, tan invocada como escudo, no puede seguir siendo la excusa para ignorar los derechos laborales básicos. Nadie debería tener que elegir entre ejercer su profesión y conservar su salud mental.
Facilitar datos personales para ser contactado solo “en caso de urgencia” puede parecer razonable. El problema surge cuando lo urgente se convierte en habitual y lo habitual, en obligación no escrita. Por eso, es esencial que se clarifiquen los marcos de actuación y que se proteja al trabajador no solo desde la ley, sino también desde la práctica.