No es verdad. No hay crisis en el seno del Tribunal Constitucional. Tampoco es verdad que Cándido Conde-Pumpido, “el ministro 23” de Pedro Sánchez según Miguel Ángel Martin, el portavoz de Isabel Díaz Ayuso, haya intentado maniobrar para vetar la iniciativa de la Audiencia Provincial de Sevilla de llevar al TJUE la sentencia sobre los Eres. Lo único que se ha hecho es abrir un debate en el pleno sobre los límites de la corte de garantías a la hora de controlar las actuaciones judiciales. Un tema tan extenso que suscitó un fuerte debate sin que se llegase a alguna conclusión. Además, el presidente dejó claro desde un principio, que no pretendía que se llegase a tomar una resolución. De esta manera se desmiente, a través de la vía de los hechos, todo lo que los medios conservadores han ido contando en estos últimos días. Y la mejor muestra de la inexistencia de enfrentamientos entre progresistas y conservadores está en la resolución de inadmitir a trámite el recurso de amparo presentado por Dolores Delgado contra la revocación de su nombramiento como fiscala de memoria democrática. A la derecha se le ha llenado la boca diciendo que la exministra de Justicia es una protegida de Conde- Pumpido. Este gesto demuestra que alguien se está pasando de frenada.
El Partido Popular y Vox, principalmente, iniciaron, hace ya un tiempo, una campaña de desprestigio contra el TC. La postura de Vox se entiende ya que, por una parte, no puede participar en los recursos al carecer del número de diputados requerido. Pero es que, además, en el programa electoral de la formación de extrema derecha se propone la eliminación de la corte de garantías y que sus competencias sean asumidas por el Supremo. En cambio, la estrategia del PP obedece a otro criterio: en Génova están muy pendientes de la sentencia que va a producirse, según Conde-Pumpido, antes del verano, sobre la amnistía a los independentistas catalanes.
Cuestionan lo que llaman “el rodillo progresista” en el pleno del TC. Esa proporción de siete a cinco saca de quicio a los conservadores porque saben que, en cuestiones fundamentales, al final se impondrá la mayoría del otro sector. Es lo que piensan los Espejel, Tolosa y Macías. Este último dice haber sido apartado del debate sobre la amnistía de manera irregular pero lo cierto es la decisión se tomó de acuerdo con la normativa vigente. Macías se había mostrado radicalmente contrario al perdón de los soberanistas. Y lo mismo ocurrió con otro de los jueces, Juan Carlos Campo. Este último se apartó voluntariamente. José María Macias luchó hasta el final, encima con el apoyo de la derecha mediática.
Lo que calla la “caverna mediática” es que ya se ha producido alguna filtración de la ponencia que está elaborando la número dos del TC, Inmaculada Montalbán, de signo progresista. Y, la verdad, es que no pinta nada bien para los que defienden la constitucionalidad de le ley. Hay un apartado en el que la ponente muestra algunas dudas sobre la malversación acercándose a las posturas de la sala de Lo Penal del Supremo. Además, está teniendo muy en cuenta la normativa europea en materia de corrupción en lo que se refiere al capítulo de la malversación. Algunas fuentes de Doménico Scarlatti anticipan sorpresas.
Aunque tome unos derroteros diferentes a los previstos en principio, el PP criticará esta sentencia porque los populares van mas lejos en su estrategia. Atacan a la institución, en primer lugar, por el odio de los conservadores a Conde-Pumpido, el cual se ha quejado en los últimos días de las filtraciones sobre los informes elaborados por los letrados favorables a aceptar que la Audiencia de Sevilla pida un dictamen sobre a sentencia de los Eres al TJUE. El presidente cree que se ha hecho mucho daño a la institución.
La política de tierra quemada no termina ahí, El seudosindicato de extrema derecha, Manos Limpias, ha denunciado a Conde-Pumpido ante la Comisión Europea por entender que está incumpliendo las exigencias de la Unión en materia de corrupción y le acusa de desviación de poder y obstrucción a la justicia. En otras palabras, sea el PP, o Vox, o sus correas de transmisión, las asociaciones de extrema derecha, lo cierto es que no van a terminar con esta campaña de desprestigio porque el objetivo es cargarse al presidente. Los jueces conservadores no le perdonan su actuación, primero, como militante de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Le acusan de haber instigado la escisión que acabó formando la progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Posteriormente fue atacado por sus decisiones cuando fue nombrado fiscal general del Estado. Sus compañeros del Supremo siempre le han respetado y considerado como un prestigioso jurista. Pero los de sector conservador critican su cercanía al PSOE. Como si ellos no tuviesen que callar por sus inclinaciones políticas y sus visitas a Génova.
En cambio, el cuento chino de la derecha mediática también omite que, durante el actual mandato, el Tribunal Constitucional se ha puesto al día cuando en los cajones de los jueces había asuntos sin resolver como el de la ley de plazos de la interrupción del embarazo de la época de Rodríguez Zapatero, una demora de una docena de años. La institución ha consensuado un sistema de admisión a tramite de los asuntos que debe estudiar que agiliza el procedimiento. De ahí que ahora mismo se estén debatiendo recursos presentados el año pasado.
Sobre el “rodillo de la mayoría” habría mucho que hablar porque, según los datos que se manejan en Doménico Scarlatti, casi la mitad de los asuntos tratados han sido resueltos “por unanimidad” del conjunto de los jueces. La derecha contesta con el argumento de que los temas más controvertidos se han aprobado sólo por la mayoría progresista y piden que se consulten los archivos de los votos particulares, casi todos ellos elaborados por los vocales conservadores.
El Tribunal Constitucional siempre ha funcionado con estos esquemas. Sólo hay que remitirse a los mandatos de Felipe González, Aznar y Rajoy para comprobar el juego de mayorías y minorías siempre a favor de quien estuviese en el poder. Es un organismo que se diseñó políticamente y así continúa. La derecha no puede quejarse. O si, claro está. Porque lo que quieren realmente es recuperar ese poder de la manera que sea.