La historia del acceso a la vivienda en Madrid ha cambiado radicalmente en la última década. Lo que antes era un debate centrado en conseguir una casa digna, hoy se ha transformado en una lucha desesperada por no ser expulsado de ella, aun pagando religiosamente el alquiler. Así lo denuncia con contundencia el abogado José Mariano Benítez de Lugo, con más de 60 años de ejercicio y 300 familias afectadas entre sus casos actuales en unas jornadas sobre vivienda organizadas por UGT este pasado viernes en Madrid.
El origen de esta tragedia se remonta a 2013, cuando el Ayuntamiento de Madrid, bajo gobierno del Partido Popular, vendió miles de viviendas sociales a fondos de inversión, entre ellos Blackstone y Harper Group. Lo hizo sin convocar una subasta pública ni establecer condiciones claras. Para avalar la operación se contrató a una auditora, PricewaterhouseCoopers (PwC), que tenía como cliente al propio fondo comprador, lo que plantea un grave conflicto de intereses.
Del contrato a la calle
Del derecho a la vivienda al derecho a quedarse
Los contratos firmados en 2006 tenían una duración de 10 años. En 2013, sin que nadie lo esperara, las casas fueron vendidas. A cambio, los nuevos dueños ofrecieron contratos de tres años. Parecía una tregua. Pero en 2019 llegaron las demandas de desahucio. Las familias no habían dejado de pagar, pero eso no importaba. El derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución, se evaporaba ante un nuevo campo de batalla: el derecho a permanecer.
Benítez de Lugo explica con indignación que muchas familias, desesperadas, le entregaban las llaves con lágrimas en los ojos. Una mujer con su marido, su madre con demencia y su abuela de 102 años. Una esposa con cáncer y cuatro hijos menores. Todos fuera.
El drama del desalojo silencioso
Las historias que relata son estremecedoras: una madre con cáncer de mama y cuatro hijos, una mujer cuya madre tiene demencia y su abuela supera los 100 años, familias enteras entregando las llaves por miedo. “No puedo tratar estos pleitos como si no fueran míos. Son míos”, insiste.
La legislación, lejos de protegerles, ha fallado. El Real Decreto Ley 7/2019 amplió la duración de los contratos, pero no es retroactivo. Los contratos firmados antes de esa fecha no están cubiertos, lo que deja a estas familias fuera de cualquier escudo legal.
“Yo acuso”
Benítez de Lugo ha llevado varios casos al Tribunal de Cuentas e incluso al Tribunal Supremo. Algunos los ha ganado en audiencias provinciales, donde se reconoció el derecho de los inquilinos a comprar sus viviendas al mismo precio pagado por los fondos. Pero el Supremo ha revocado esas decisiones, alegando que las ventas fueron en bloque y no se puede perjudicar al comprador.
“No hay voluntad política ni judicial para frenar estos abusos”, denuncia el abogado, que también ha recurrido al Tribunal Constitucional. Sus esfuerzos chocan con un sistema donde los grandes tenedores tienen todas las ventajas y los inquilinos, aún cumpliendo, ninguna garantía.
Leyes que no protegen, jueces que no escuchan
Mientras a los deudores hipotecarios se les garantiza la vivienda hasta 2028, las familias que pagan religiosamente el alquiler se enfrentan al abismo del desahucio. Ni siquiera los informes de servicios sociales se tienen en cuenta, y la justicia europea ha advertido de que estos desalojos forzosos son una violación de los derechos humanos.
Benítez de Lugo ha recurrido hasta el Tribunal Supremo. De los 50 recursos presentados, todos han sido rechazados. “El Supremo protege al fuerte”, denuncia. En contraste, los fondos buitre logran que sus recursos pasen directamente a resolución, sin barreras previas.
El drama no es la pobreza. El drama es la indiferencia institucional ante ella. “Yo acuso”, repite el abogado, recordando a Zola. Acusa al Partido Popular por la venta. A los fondos buitre por la explotación. A los jueces por la insensibilidad. Y al legislador progresista por su falta de valentía. Mientras tanto, cientos de familias viven en el corredor de la muerte del desahucio. Sin haber hecho nada malo. Solo vivir.