El juez Peinado sigue escudriñando y rebuscando para ver qué encuentra en el máster de Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez. Tras la performance que montó la pasada semana en Moncloa, adonde se desplazó para tomarle declaración al ministro Félix Bolaños, trata de impulsar una causa que divaga de acá para allá, como un pato mareado, sin que se llegue a nada concreto. En realidad, el asunto debería estar cerrado hace mucho tiempo, pero Peinado se afana por mantenerlo vivo hasta las próximas elecciones (es su forma particular de contribuir a la causa ultra, conjurada al derrocamiento del sanchismo por tierra, mar y aire).
En las últimas horas han trascendido más detalles del numerito o vodevil estrenado por Peinado en el palacio monclovita. “Esta mesa hay que subirla. No puede ser que yo esté más bajo que el testigo”. Esas fueron sus palabras cuando constató que el personal de Moncloa no había dispuesto el mobiliario a su gusto. De modo que, ante la sorpresa de todos, ordenó que le trajeran una tarima para su actuación, como en una especie de verbena de pueblo.
Ayer, Peinado volvió a publicar una nueva diligencia. El magistrado ha citado a declarar como testigo al que era coordinador de personal de Moncloa cuando se nombró a la famosa asesora de Begoña Gómez y también ha ordenado un careo entre la citada asesora y la persona que propuso su nombramiento. ¿Qué pretende el instructor? Solo él lo sabe. Los cargos de libre designación son precisamente eso, cargos de libre designación. Todas las esposas de todos los presidentes del Gobierno han tenido a algún ayudante que le lleve sus cosas, la agenda, o sea las conferencias, las charlas, las galas o actos benéficos y hasta la cesta de la compra. No hay nada al respecto legislado en la ley, vacío legal, de modo que no puede haber delito alguno en que una asesora se encargara de ayudar a la primera dama en sus actividades profesionales. Pero hay más prácticas extrañas en el magistrado. En un momento de la declaración, el juez Peinado exigió a Bolaños que le dijera quién fue el responsable del personal en Moncloa cuando se nombró como asesora a Cristina Álvarez, y se acabó comprobando que este dato ya figuraba en la información que Moncloa había remitido al juzgado, según informaron fuentes jurídicas citadas por Efe. Ahora resulta que el juez no se lee sus propias diligencias y repite pruebas innecesarias. Otra dilación más, otro esperpento más. Pero qué más da, aquí se trata de fabricar mucho papel para alargar lo más posible el culebrón.
El magistrado ordena estas diligencias en una providencia que está fechada el pasado miércoles, el mismo día que tomó declaración como testigo al ministro Bolaños, con el fin de indagar en un presunto delito de malversación en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez en 2018 (cuando el titular de Justicia era secretario general de la Presidencia del Gobierno).
Según la agencia Efe, el próximo funcionario en declarar será Raúl Díaz Silva, que ahora es citado por el juez como testigo para el 14 de mayo a las 12.30 horas. En su providencia, el magistrado también ordena para ese mismo día la práctica de un careo entre Cristina Álvarez y la persona que propuso su nombramiento: el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González. Precisamente la declaración de estas dos personas dio pie a que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que investiga desde hace un año a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos, abriera el pasado mes de marzo una pieza separada para determinar si de la contratación de Cristina Álvarez “pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación” de caudales públicos. Ambos nombraron en sus comparecencias a Bolaños. En el caso de González lo hizo al ser preguntado, como testigo, por quién era su superior entonces.
En su declaración ante el juez, Bolaños defendió que el nombramiento de Cristina Álvarez como cargo eventual se ajustó a la normativa, si bien explicó que él no participó en el mismo porque las competencias para tramitar esos contratos las tenía el vicesecretario general de Presidencia, Alfredo González.
Por su parte, Cristina Álvarez negó ante el juez haberse servido de ese cargo (que desempeña desde julio de 2018) en su beneficio o de terceros, y rechazó haber intervenido en gestiones relacionadas con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió la mujer del presidente del Gobierno antes de su creación.
González indicó que no conocía a Cristina Álvarez y que no puede recordar quién le dio sus datos, ya que, en esa época, cuando el primer Gobierno de Pedro Sánchez echaba a andar, tramitó cerca de un centenar de nombramientos. Tras la decisión del juez, la defensa de Cristina Álvarez le ha pedido a Peinado que “aclare” qué contradicciones ha percibido entre su declaración y la del exvicesecretario de Presidencia para ordenar un careo. Esta diligencia, explica la defensa de Cristina Álvarez en un escrito, se contempla cuando “los testigos o los procesados entre sí o aquellos con estos discordaren acerca de algún hecho o de alguna circunstancia que interese en el sumario”, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin duda, Peinado ve donde nadie más ve; donde no hay.