Se había especulado con la posibilidad de que el “superjuez”, Juan Carlos Peinado, se atreviese a imputar al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras su declaración como testigo por el asunto de la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa para asistir a la esposa del presidente, Begoña Gómez. Y, por supuesto, en esta ocasión, este magistrado, que tiene la costumbre de convertir en investigados a todos los que interroga como testigos, se ha dado cuenta de que si lo hace con Bolaños tendría que haber remitido al Supremo la esperpéntica causa que instruye por lo que habría perdido la posibilidad de sostener este circo mediático. Una investigación que no le lleva a ninguna parte salvo a la del griterío esta vez protagonizado por la ultraderechista Hazte Oír que mandó un autobús al complejo de Moncloa para que sus militantes mostrasen pancartas en las que decían “Hazte Oír, de nuevo en Moncloa”. Y otras como “Bolaños quiere eliminar las acusaciones populares, hoy se sienta frente a ellas”. Eso es lo único que ha logrado Juan Carlos Peinado.
El magistrado tuvo que escuchar, contrariado, el testimonio del ministro el cual confirmó que se cumplió con el procedimiento legal, similar al aplicado por anteriores administraciones. Y ha destacado que, a diferencia de otros Gobiernos, Begoña Gómez solo ha tenido una asistente. Bolaños subrayó que la esposa de Mariano Rajoy tuvo dos; y la de José María Aznar, tres. No le ha respondido sobre quien se encargó del nombramiento. El juez ha interrumpido el interrogatorio para que, durante media hora, fuera a averiguarlo. Según fuentes judiciales, a su vuelta, el ministro señaló al magistrado que hace dos meses se le envió un documento certificado con el nombre del coordinador de personal. Una defensa también le indicó el folio del sumario dónde consta dicho nombre. Peinado, molesto, ha preguntado cuál es el segundo apellido de Raúl Díaz, el responsable del personal dedicado a tales efectos. Y Bolaños ha afirmado que lo desconocía.
Al juez se le está poniendo la cara colorada constantemente. No logra abrir una línea de investigación consistente que le permita mandar el asunto a sus superiores de la sala de Lo Civil y Penal de la Audiencia de Madrid. Ahora, intenta encontrar un camino que señale a los responsables de Moncloa como autores de de malversación de caudales partiendo de la base de que el nombramiento de una asesora para asistir a esposa del presidente es un delito. Se basa en el hecho de que esa asistenta efectuaba “labores privadas”, algo que hasta la fecha no ha podido ser probado por mucho que se haya imputado a Cristina Álvarez la cual llevaba a cabo tales labores. Nadie va a sostener que la investigada fuese responsable penalmente de haber enviado correos electrónicos o efectuado algunas gestiones personales ordenadas por Begoña Gómez. Estos cometidos entran dentro del capítulo de los de un asistente personal del presidente.
En su testimonio, Álvarez dijo que su trabajo consiste en coordinar los actos oficiales y la agenda institucional y personal de la mujer del jefe del ejecutivo y que solo le hizo algún favor en sus proyectos particulares por su relación de amistad. Por su parte, Alfredo González, quien fuera vicesecretario general de Moncloa, había confirmado ese fichaje a Peinado durante su comparecencia como testigo pero que no recordaba de quién partió la propuesta de contratar a Álvarez como personal eventual, en esa época de cambio de Gobierno. Tramitó “decenas”, y, además, añadió, que esa designación era “libre” y, por tanto, no “operaban los requisitos” de la ley que le mencionó el instructor.
Peinado le preguntó si el responsable de esa contratación fue Félix Bolaños y González contestó afirmativamente. De ahí que el juez apunte directamente a Moncloa. Lo primero que debe de hacer un instructor es basarse en indicios penales y una contratación como la que le ocupa ahora no es ilegal. Es una libre designación, hasta ahí podríamos llegar. Pero Peinado insiste en buscar una nueva línea que le lleve a su objetivo: Moncloa.
Otro grave error cometido por el juez ha sido la multa que ha impuesto a Camacho, abogado defensor de Gómez, por haber filtrado, presuntamente, documentación del sumario a los medios de comunicación. La multa, de 5.000 euros, contrasta con la impuesta a las acusaciones particulares de sólo 500 euros, diez veces menos. Cualquiera que conozca el entramado mediático del caso Begoña Gómez sabe que las filtraciones del sumario proceden de las acusaciones de la extrema derecha, Manos Limpias, Hazte Oír y Vox principalmente, que luego son utilizadas por el Partido Popular. Y no olvidemos que la hija del juez es concejala del PP en una importante localidad de Madrid.
Del asunto de las filtraciones interesadas ya se ha dado cuenta suficientemente aquí mismo. Y no es de extrañar que Hazte Oír haya sacado una pancarta en la que señalan que Bolaños intenta acabar con este tipo de abusos judiciales que, encima, cuentan con el visto bueno de los instructores. Se supone que la multa del abogado y exministro Camacho será recurrida. Pero, mientras tanto, la caverna mediática se ha apresurado en culpar a la defensa de Begoña Gómez como la filtradora de las investigaciones que se llevan a cabo.
Investigaciones que Peinado no quiere que se le escapen de las manos por mucho que cada día que pasa pierdan consistencia. Pero el juez, y ya lo hemos reiterado aquí, no tiene prisa en cerrar el sumario porque sabe que puede ser utilizado políticamente por el partido al que representa su hija. Esos mismos que han aprovechado, de nuevo, la oportunidad del interrogatorio a Félix Bolaños para decir que “¿van a llamar al juez Peinado prevaricador a la cara? ¿facha con toga? ¿ultra del lawfare? “. Y, al mismo tiempo, amenazan a Bolaños con la posibilidad de acabar imputado por un delito de prevaricación. Algo que no quiere el juez porque sabe que perdería su chollo. Un caso a su medida a falta de dos años para jubilarse. Y luego, pues ya veremos cómo queda el reparto de las candidaturas a los ayuntamientos, o algo más.