El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró ayer que la instrucción del caso Begoña “dura meses y meses sin encontrar nada” y añadió que “quedan 48 millones y medio de españoles por interrogar” para “lograr algún elemento por parte del juez Peinado”. De esta manera, Planas sugirió que el instructor está alargando indebidamente el proceso con fines políticos, es decir, para desgastar al Gobierno. Algo de eso hay. La declaración de ayer en Moncloa, un sainete propio de Berlanga, sirvió para aclarar poco o nada. Eso sí, hubo mucho espectáculo mediático. El circo montado por Peinado (exigió coche oficial del Gobierno, chófer, ordenadores y medios técnicos y hasta una tarima para sentarse por encima de los demás asistentes a la comparecencia, como si estuviese en su juzgado de instrucción) ha servido para nutrir a las páginas de la extrema derecha, que esta mañana dedican amplios espacios al poderío del magistrado que pretende doblegar el sanchismo. Mucho ruido, pero pocas nueces, o sea, pocas pruebas de que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, cometió delitos de corrupción en la organización de un máster universitario.
Planas tiró ayer de ironía para explicar esta surrealista situación impropia en un Estado de derecho. Durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Valencia para dar a conocer nuevas ayudas a los afectados por la dana del sector agrícola y hacer balance de las medidas emprendidas en su departamento, se le preguntó cómo vivía el Ejecutivo central el interrogatorio que se estaba llevando a cabo en Moncloa contra Bolaños. “Con absoluta transparencia, este Gobierno no tiene nada que ocultar al respecto”, afirmó el titular de Agricultura, que recordó que “continúa esa instrucción que dura meses y meses sin encontrar nada”.
“Quedan 48 millones y medio de españoles por interrogar y supongo que habrá que interrogarlos a todos para intentar lograr algún elemento por parte del juez Peinado”, añadió Luis Planas.
Al final, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes declaró ante el instructor que él no participó en el nombramiento de la asesora personal de Begoña Gómez, ni fue su jefe, pero que dicha contratación se hizo conforme a la ley. Fuentes jurídicas han informado de que el ministro (que ha declarado como testigo) ha recordado que la figura de asistente de la mujer del presidente ha existido con todos los gobiernos anteriores y que la única diferencia es que en esta ocasión solo había una asistente y las esposas de anteriores presidentes tenían varios. Cabe recordar que Peinado ve delitos de malversación en el hecho de que la asesora pagada con dinero público le llevara la agenda de sus actividades profesionales privadas a la primera dama.
El ministro, que ha respondido “con detalle” a todas las preguntas y ha aportado toda la información requerida, ha declarado que no fue jefe de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, ni participó en su nombramiento y que éste se hizo conforme a la ley y como se han hecho con los anteriores presidentes.
El juez Juan Carlos Peinado, que se ha desplazado a Moncloa por segunda vez durante el año que lleva abierta la causa para interrogar a un miembro del Gobierno (la primera fue el 30 de julio con Pedro Sánchez), investiga a Gómez desde hace un año. El tiempo de la instrucción se le ha agotado, pero él lo ha prorrogado seis meses más.
La contratación de la asesora se produjo en 2018, cuando Bolaños era secretario general de Presidencia del Gobierno, y la citación del ministro como testigo se produce después de que Cristina Álvarez (la citada empleada de Moncloa) y quien propuso su nombramiento (el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González) mencionaran el nombre del ministro durante sus declaraciones ante el juez.