No cabe duda de que el periodismo es el oficio más peligroso del mundo. Independientemente del vil asesinato de cinco informadores en un hospital de Gaza, otra acción más de la que tendrá que dar cuenta Netanyahu el día que se siente ante la Corte Penal Internacional, lo que realmente preocupa a la profesión en este país es mucho más sutil que la brutal acción del ejército israelí.
El novio de Isabel Díaz Ayuso, saltándose la elemental norma democrática sobre la libertad de prensa, ha pedido al juez del Supremo que investiga el delito de revelación de secretos, Ángel Hurtado, que intervenga los teléfonos móviles de los periodistas de El Plural, elDiario.es y la Cadena SER. Una petición que ya tiene un precedente en este país: el juez mallorquín, Miguel Florit, incautó los teléfonos de los periodistas Kiko Mestre, del Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, para buscar en ellos indicios de delitos cometidos por el empresario Bartolomé Cursach.
Por lo tanto, a nadie debe extrañar que Hurtado, muy próximo al Partido Popular como se demostró durante el proceso de la Gürtel, sea capaz de cometer el disparate de interrogar a unos periodistas que tienen el derecho y el deber constitucional de guardar secreto profesional. Y a nadie debe extrañar, repito, porque los populares presumen abiertamente de amistad “con magistrados”. Y si no que le pregunten a Juanma Moreno Bonilla quienes son “esos magistrados conocidos” que le han asesorado sobre la legalidad de la concesión de servicios a clínicas privadas durante la pandemia, la llamada “trama de la sanidad andaluza”
Alberto González Amador se ha pasado de la raya. En su afán por desviar la atención del verdadero objeto de su causa, que no es otro que la inspección que la AEAT le hizo sobre las declaraciones del Impuesto de Sociedades donde afloró un fraude fiscal por un total de 350.951 euros, está llevando a cabo una huida hacia adelante con la presentación de querellas y demandas civiles contra todos aquellos que, dice, están dañando su reputación. Pero pedir al juez que instruye la causa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la sospecha de la comisión de un delito de revelación de secretos, que inicie una cacería contra los periodistas que informaron sobre su actuación fiscal es muy grave y demuestra el poco talante democrático de una persona que ha adquirido relevancia pública por ser la pareja de una dirigente política tan cualificada como es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Díaz Ayuso está siendo asesorada por el jefe de su gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y hay quien piensa que éste está aconsejando, también, a su novio y es el inspirador de iniciativas como la llevada a cabo en el Supremo. Si es así, habrá que recordarle a Rodríguez que presume de tener “muy buena relación con el mundo de la comunicación”. Fue portavoz de Aznar, tanto cuando estaba en la oposición como cuando llegó a La Moncloa, y, ahora, se dice que es el inspirador del famoso bulo sobre una presunta oferta de acuerdo de conformidad por parte del fiscal que lleva el caso de González Amador, Julián Salto. El bulo hizo tanto daño a la fiscalía que obligó al jefe del ministerio público a salir al paso con una nota. Y de esos lodos vienen los barros actuales hasta llegar a dónde se ha llegado: periodistas señalados. Si el jefe de gabinete de Díaz Ayuso es el que ha diseñado esta nueva acción judicial debería tener un poco de cuidado porque, precisamente, no está siendo bien recibido en el mundillo periodístico. Ni siquiera por los profesionales que trabajan en los medios de la llamada “caverna mediática”.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España, FAPE, califica como un "atentado contra el secreto profesional" la petición deGonzález Amador al Tribunal Supremo. La FAPE lo deja claro: esta solicitud vulnera el artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes. El abogado de González Amador ha pedido al juez que se cargue la libertad de prensa y el secreto profesional que ampara a esta profesión. Y lo ha hecho “sin despeinarse” como denuncia uno de los medios afectados, “El Plural”. El magistrado Hurtado no ha respondido, de momento, pero la notificación del escrito del letrado introduce un elemento inquietante. En ella se transcriben los números de los móviles personales de varios periodistas que, además, tienen la condición de testigos. Nuevo desliz de un juez que ya cometió un grave error cuando ordenó a la guardia civil la requisa de los soportes digitales de la fiscalía general del Estado que contienen datos cuya difusión puede afectar a la seguridad del Estado.
Por aquel entonces, el juez ordenó el secreto de esa parte el sumario que ahora ha levantado borrando todos esos datos que, además, no sirven para la investigación que se lleva a cabo. Y ahora se han hecho públicos los números de teléfonos de periodistas que son testigos de la causa lo cual no solo vulnera la LOPD, sino que se ponen en manos de las acusaciones particulares donde se encuentran, entre otras, organizaciones de extrema derecha que pueden llegar a utilizarlos de la manera que todos conocemos.
Y todo ello sin saber, todavía, cual es la decisión del juez sobre esta petición. Pero la operación ya ha tenido un mal comienzo. Además, en una causa que cada vez está mas claro que tiene escaso recorrido judicial y donde van a salir muy mal parados los magistrados de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo. Anda circulando por ahí un chascarrillo que viene a decir que para andar por la sede de la madrileña plaza de la Villa de París “se requiere, como en el Himalaya, un sherpa”. A buen entendedor sobran los comentarios.