Esas querellas ultras que nos cuestan un dineral

La denuncia contra el Gran Wyoming por su gag sobre la Iglesia Aznariana, y otras por delitos contra los sentimientos religiosos, tienen escaso recorrido, pero suponen un despilfarro de recursos públicos

12 de Octubre de 2024
Actualizado el 14 de octubre
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Wyoming ya ha recibido varias querellas de grupos ultras por su programa El Intermedio.
Wyoming ya ha recibido varias querellas de grupos ultras por su programa El Intermedio.

Sigue dando que hablar la querella de Abogados Cristianos contra el Gran Wyoming por su serie de sketches sobre la Iglesia Aznariana. Para quien no haya visto aún la ingeniosa puesta en escena, escenifica a una especie de dios Aznar elevado a los altares mientras el presentador de El Intermedio, vestido de obispo y asistido por su candoroso monaguillo Dani Mateo, suelta diatribas paródicas sobre el expresidente del Gobierno. Brillante sainetillo sarcástico.

En principio, no debería haber problema con el gag, ya que no resulta escatológico, ofensivo o procaz, ni se habla de la Iglesia católica en ningún momento, sino de una supuesta y ficticia Iglesia Aznariana, de modo que no hay ataque a los sentimientos de los católicos. Sin embargo, los abogados meapilas, siempre ofendiditos, piden cuatro años de cárcel para los cómicos, y lo que es más interesante para ellos: han olido el rastro del dinero en forma de jugosa multa contra la cadena de televisión privada. De momento, solo han conseguido el efecto contrario: el jueves, el obispo Wyoming volvió a tocarles las narices a los letrados reaccionarios con otra misa nocturna, y los índices de audiencia de El Intermedio (algo maltrecho desde la emisión de La Revuelta de Broncano) se dispararon. El morbo es la mejor campaña de publicidad.

No parece que la iniciativa pueda prosperar, ya que vivimos en un país libre donde cualquiera puede adorar al Ser Supremo que se le antoje –ya sea el Dios de los cristianos, Alá, Jahveh, Buda, Zeus o el alienígena ET– así como practicar los rituales que cada confesión ordene. Por esa misma regla de tres, habría que meter en la cárcel a los simpatizantes de la Iglesia Maradoniana, una religión creada por los fans del fallecido futbolista Diego Armando Maradona. En España ya hay muchos adeptos entre la colonia de emigrantes argentinos (tantos como 9.000) y la fe sigue extendiéndose, hasta alcanzar el medio millón de seguidores en países como Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y hasta en Afganistán (allí, sin duda, serán perseguidos por los Abogados Talibanes, que seguramente serán tan fanáticos como estos de aquí). La Iglesia Maradoniana tiene su Biblia particular, el Yo soy el Diego de la gente, y siguen sus propios dogmas y ceremonias de culto. ¿Qué pasa si estos creyentes futboleros salen un día en la tele entonando su propio Diego nuestro, en lugar del padrenuestro que estás en los cielos de la Iglesia católica? ¿Los metemos en la cárcel también porque los católicos se sienten ofendidos como cuando ven al obispo Wyoming oficiando misa en honor a Aznar con el ya célebre “en el nombre del pádel, del hijo y del espíritu rancio, amén”? Otro conflicto con Milei a la vista.

Últimamente, entre la tropa ultraderechista, se ha puesto de moda el activismo judicial. Grupos como Abogados Cristianos, Manos Limpias y Hazte Oír, entre otros, han descubierto que la democracia tiene sus resquicios, sus grietas legales, y los aprovechan para colarse en las instituciones, conseguir un altavoz mediático impagable para sus ideas delirantes y hacer política en los tribunales. Como aún no pueden conseguir el poder por la fuerza de las urnas (los españoles siguen teniendo fresco el recuerdo del franquismo) tratan de erosionar el sistema desde dentro allá donde hay una rendija, y la Justicia tiene muchas.

El Código Penal no está para perseguir a criminales de los sentimientos, sino a quienes cometen delitos materiales, efectivos, reales. Si esta tendencia no es frenada a tiempo por los jueces de instrucción (primera barrera en la defensa de los derechos fundamentales), no tardaremos demasiado en ver cómo la oficina judicial se colapsa por un aluvión de querellas por cualquier chorrada. La Justicia debería estar para las cosas importantes, no para las tontunas de santurrones, chupacirios y beatos que, como no tienen nada mejor que hacer (la mayoría son ricos o nobles hijos de cayetanos) se pasan la vida en los pasillos de los juzgados o dando por saco a los jueces, que ya soportan bastante con el atasco de pleitos que arrastran como para tener que atender a las performances de esta fauna extraña.

Cuando Abogados Cristianos pone en marcha la maquinaria judicial con alguna de sus marcianas denuncias, como por ejemplo una querella contra Willy Toledo por defecarse en los santos, contra las procesionarias del coño insumiso, contra una película respetuosa con los derechos LGTBI, contra los informes sobre pederastia en el clero del Defensor del Pueblo o contra una pobre drag queen por parodiar los símbolos religiosos, eso tiene un coste elevadísimo para el Estado. Hay que activar un aparato formidable, destinar recursos, funcionarios, fondos públicos, montañas de papel, todo un dineral que podría emplearse para casos serios como capturar a un delincuente peligroso y que acaba yéndose por el sumidero del despilfarro. Si echáramos números sobre lo que nos cuestan cada año las movidas mentales de estos improvisados policías de la moral nos llevaríamos las manos a la cabeza. Probablemente, un buen puñado de millones de euros (ahí tiene material del bueno el Poder Judicial si quiere hacer un amplio y completo dosier).

Lógicamente, cuando la denuncia friki cae en manos de un juez o jueza en sus cabales y con sentido común, el papelajo termina donde tiene que estar: en la papelera, o vertedero de la historia, sin más. Archivada, finiquitada, caso cerrado. Sin embargo, otras veces esa misma denuncia que no pasa el filtro por disparatada acaba en poder de una toga falangista, que se toma la cosa tan a pecho como si fuese el mismísimo caso GAL. ¿Por qué lo hace el magistrado de instrucción? Por muchos motivos, por hacerle un servicio altruista a la causa, por notoriedad (si el caso tiene relevancia, el juez de turno sale en la tele y se hace famoso, lo cual mola mucho) o simplemente por miedo a que el CGPJ le sancione por haber cerrado un asunto de forma prematura. El Poder Judicial debería hacer circular algún tipo de ordenanza interna entre los jueces para cortar este tipo de espectáculos circenses que causan un grave daño a la credibilidad de la Justicia española, además de a la libertad de expresión y al humor como forma de expresión artística. Y que dejen a los perseguidos aznarianos creer en lo que quieran.

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