La reciente revelación publicada por *eldiario.es* sobre la concesión de contratos a dedo por parte de la Xunta de Galicia pone en el centro del debate una trama de favoritismos que involucra directamente a Joaquín Cuíña, hermano de Beatriz Cuíña, la mano derecha del presidente Alfonso Rueda. Según la investigación, entre 2018 y 2024, la empresa de Cuíña, Gallaecia Patentes y Marcas S.L., recibió 782.666,5 euros en 272 contratos adjudicados sin concurso público. Este escándalo cuestiona seriamente la transparencia y la legalidad de los procedimientos de contratación pública de la administración gallega.
El entramado de contratos a dedo
Durante siete años, la empresa de Joaquín Cuíña se encargó de gestionar el registro de marcas asociadas a diversas entidades del gobierno gallego. Estos encargos, siempre adjudicados sin publicidad ni concurrencia competitiva, implicaban la tramitación de patentes y marcas para organismos como el Instituto Galego de Promoción Económica o la Axencia de Turismo de Galicia. Lo llamativo es que la empresa de Cuíña, creada con un capital mínimo de 3.000 euros, llegó a facturar en total más de un millón de euros, siendo la Xunta la principal fuente de ingresos de este pequeño negocio.
El punto más crítico es que buena parte de estos contratos fueron otorgados mientras su hermana, Beatriz Cuíña, ocupaba un puesto clave en la administración autonómica como secretaria general de presidencia. Esta conexión familiar levanta sospechas sobre un posible trato de favor y pone en duda la imparcialidad de los procesos de adjudicación en la Xunta.
Una influencia que atraviesa gobiernos
El negocio de los Cuíña no comenzó con la llegada de Alfonso Rueda a la presidencia en 2022. La empresa ya venía siendo beneficiada desde los tiempos de Alberto Núñez Feijóo, quien también otorgó numerosos contratos a Joaquín Cuíña durante su mandato. De hecho, entre 2018 y 2020, cinco de los contratos adjudicados a Gallaecia Patentes y Marcas fueron firmados por la vicepresidencia que ocupaba Rueda, con su hermana Beatriz como secretaria general.
Estos hechos ponen de manifiesto una influencia política que ha trascendido distintos gobiernos y plantea serias dudas sobre el funcionamiento interno de la Xunta. La entrega de contratos sin concurso público crea un clima de opacidad, donde las conexiones familiares y los favoritismos parecen pesar más que la competencia técnica y el mérito.
La defensa de la Xunta
Ante estas revelaciones, un portavoz de la Xunta ha defendido la legalidad de los contratos, afirmando que "los trabajos se adjudicaron utilizando la fórmula del contrato menor, recogida en la legislación vigente". Sin embargo, esta explicación no disipa las dudas sobre la concentración de contratos en una sola empresa y las posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.
La coincidencia de que el hermano de la secretaria general del presidente haya sido el principal beneficiario de estos encargos pone en tela de juicio la ética de las contrataciones en la administración gallega. Además, el uso recurrente del contrato menor para eludir la convocatoria de concursos públicos limita la transparencia y el acceso de otras empresas a estos procesos.
Investigación en marcha
Este escándalo sale a la luz en un momento delicado para la Xunta, ya que el Parlamento gallego ha puesto en marcha una comisión de investigación para indagar en la contratación pública del gobierno autonómico. Esta comisión no solo investigará los contratos otorgados a Gallaecia Patentes y Marcas, sino también los adjudicados a la empresa Eulen, propiedad de Micaela Núñez Feijóo, hermana del líder del Partido Popular y expresidente de la Xunta.
Aunque Alfonso Rueda ha manifestado su disposición a comparecer ante la comisión si es necesario, aún no se ha aclarado si tanto él como Núñez Feijóo rendirán cuentas sobre estos contratos. Mientras tanto, la oposición, encabezada por el BNG, continúa presionando para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se aclaren todas las irregularidades.
El hecho de que una empresa tan estrechamente vinculada al entorno familiar del presidente haya recibido más de 700.000 euros sin pasar por concursos públicos, plantea serias dudas sobre la ética de estos procedimientos. La ciudadanía gallega merece una explicación clara y acciones contundentes para garantizar que este tipo de prácticas no continúen en el futuro.