La figura de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, está al borde del abismo. Este lunes, el Tribunal Supremo dictó un auto que lo sitúa a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Junto a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, se enfrenta a una investigación por presunta revelación de secretos, tras un proceso que pone en entredicho la independencia de la Justicia en España.
Según el juez Ángel Hurtado, tanto García Ortiz como Rodríguez habrían seguido "indicaciones de la Presidencia del Gobierno", lo que ha elevado las tensiones entre la política y la Justicia. La acusación de "revelación de secretos" ha desatado un torrente de reacciones desde todos los frentes políticos, y la situación ha provocado que el propio fiscal general se vea arrinconado. Sin embargo, García Ortiz ha reiterado que no dimitirá, defendiendo su inocencia con firmeza y dejando claro que no tiene intención de abandonar su puesto.
La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer, tiene que haberles sentado fatal. https://t.co/8rdSArlJfe
— Oscar Puente (@oscar_puente_) June 9, 2025
¿Un ataque a la democracia?
La situación se ha politizado rápidamente, y muchos sectores ven en esta investigación un intento de desestabilizar al gobierno de coalición. Antonio Maíllo, líder de Izquierda Unida, ha sido claro al señalar que la decisión judicial refleja los intentos de la derecha por derribar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según Maíllo, "procesar al fiscal general es el reflejo de lo que estamos viviendo, una guerra sucia para derribar al gobierno".
Procesar al Fiscal General informa de a qué nos estamos enfrentando, a qué está dispuesta la reacción para derribar al gobierno y a qué estamos emplazados en la izquierda más allá de los discursos.
— Antonio Maíllo 🇪🇭🔻 (@MailloAntonio) June 9, 2025
En la misma línea, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado la situación, sugiriendo que el único culpable en todo este proceso podría ser Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Para Bergerot, lo verdaderamente grave es la "impunidad" de los políticos del entorno de Ayuso, mientras se sigue el juicio contra García Ortiz por unas filtraciones relacionadas con su pareja.
La manifestación del Partido Popular fue un ridículo absoluto.
— Manuela Bergerot (@manuelabergerot) June 9, 2025
Media plaza vacía, Feijóo siendo ignorado un día más y ultras de pacotilla pidiendo asaltar la Moncloa. pic.twitter.com/DmLahyHVaa
Presión desde la oposición: Dimisión ya
En el ámbito de la oposición, el Partido Popular no ha tardado en exigir la dimisión inmediata de García Ortiz. Para el portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, la decisión del Supremo debería tener una "respuesta rápida y tajante". A su juicio, el fiscal general debería haber dimitido desde el principio de la investigación para no empañar la imagen de la institución, y argumenta que su permanencia en el cargo es incompatible con la gravedad de la acusación.
El responsable de perseguir los delitos penales está siendo investigado por la posible comisión de uno.
— Partido Popular (@ppopular) June 9, 2025
Algo sin precedentes en la historia democrática española. pic.twitter.com/PkyyYtI3iX
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, también ha exigido públicamente la salida de García Ortiz, escribiendo en sus redes sociales: "Es el momento de que se vaya el fiscal general del Estado y quien le daba las indicaciones". Esta postura es respaldada por figuras del partido como Borja Sémper, quien ha señalado que "si el Gobierno estuviera a la altura, estaría pidiendo que se echara a un lado", subrayando la "gravedad histórica" del procesamiento al fiscal general.
Es el momento de que se vaya el Fiscal General del Estado y quien le daba las indicaciones. pic.twitter.com/UN96ydTjAV
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 9, 2025
La acusación de lawfare: ¿un golpe a la izquierda?
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha sido aún más tajante en sus declaraciones. Para ella, lo sucedido con García Ortiz es una muestra más de cómo "la derecha sigue mandando en España, aunque no esté formalmente en el Gobierno". La ministra ha denunciado lo que considera una persecución política, que, según su análisis, tiene como objetivo debilitar al gobierno progresista y a sus aliados.
En este contexto, Belarra ha recordado que el PSOE pactó con la derecha el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que ha permitido que situaciones como la de García Ortiz se hayan vuelto posibles. Para la dirigente de Podemos, este tipo de procesos judiciales son ejemplos claros de "lawfare", una guerra sucia en la que los rivales políticos se eliminan judicialmente.
La consecuencia de que cuando la guerra sucia era contra Podemos, movimientos sociales o independentistas, el PSOE no hiciera nada, es que vayan a sentar en el banquillo al Fiscal General del Estado. De aquellos polvos, estos lodos.
— Podemos (@PODEMOS) June 9, 2025
🎥 @ionebelarrapic.twitter.com/n17rWzgdJT
¿Operación política? Ayuso habla de persecución
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido su versión de los hechos horas antes de la decisión del Supremo. Según Ayuso, la investigación contra su pareja, Alberto González Amador, es parte de una "operación de Estado" destinada a hacerla dimitir. La presidenta ha insinuado que el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando a García Ortiz como herramienta en su lucha política personal contra ella, acusando al Ejecutivo de manipular las instituciones judiciales en su contra.
La investigación que ha puesto al fiscal general del Estado bajo la lupa judicial sigue su curso, pero la presión política no da tregua. Las fuerzas de la oposición exigen su dimisión, mientras que desde el Ejecutivo se mantiene el principio de presunción de inocencia. Este enfrentamiento no solo está poniendo en jaque a la figura de García Ortiz, sino que también plantea interrogantes sobre la independencia de las instituciones y el uso de la justicia como arma política en un contexto cada vez más polarizado.