El caso del exmiembro de la UCO vinculado a la Comunidad de Madrid, la falta de pruebas contra Santos Cerdán y la creciente presión judicial sobre Ayuso y otros cuadros del PP revelan un patrón comunicativo: generar confusión para evitar el debate sobre responsabilidades políticas. El control del relato mediático se consolida como arma central en la batalla por la opinión pública.
La política del ruido como estrategia de supervivencia
En el ecosistema político español, el uso de maniobras comunicativas para desviar la atención de escándalos propios se ha convertido en una práctica reconocible. El reciente desarrollo de varios casos que afectan directamente al Partido Popular (PP) ha vuelto a activar un patrón ya observado en anteriores crisis: el desvío del foco hacia asuntos colaterales, muchas veces impulsado a través de filtraciones interesadas que permiten marcar la agenda informativa y desplazar los temas más comprometidos.
Uno de los episodios más ilustrativos en esta línea se remonta a 2022, cuando Pablo Casado, entonces líder del PP, denunció públicamente presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia por parte de la Comunidad de Madrid, vinculados al entorno familiar de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La respuesta interna fue fulminante: Casado perdió el respaldo del aparato del partido y acabó abandonando la dirección. Aquel caso dejó una lección clara: las denuncias internas en el PP, incluso cuando apuntan a posibles malas prácticas, pueden tener un coste político elevado si afectan a figuras de poder.
Una denuncia inquietante y la sombra de una Guardia Civil politizada
Este mismo contexto de opacidad selectiva resurge ahora con una nueva polémica que implica a un antiguo alto cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recientemente incorporado al equipo de Díaz Ayuso. Según una denuncia presentada en el Juzgado Central de Instrucción nº5, esta persona habría supuestamente ocultado información en procedimientos internos de la Guardia Civil con el fin de beneficiar políticamente al Partido Popular. Los documentos que acompañan la denuncia incluyen extractos de comunicaciones en las que se identifica un tono abiertamente hostil hacia el actual Gobierno de coalición, con frases como “Vamos a por el PSOE”, lo que refuerza la sospecha de una instrumentalización partidista de recursos del Estado.
El caso plantea serias dudas sobre la neutralidad de determinados actores dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y abre la puerta a una revisión más amplia sobre el uso político de estructuras institucionales. La presunta existencia de una “policía patriótica”, ya señalada en legislaturas anteriores, cobra una renovada dimensión si se confirma que ciertas investigaciones se dirigieron o frenaron en función de intereses partidistas.
El juego de las filtraciones y la erosión de la credibilidad institucional
Paralelamente, en el entorno mediático se ha producido una serie de filtraciones en torno al dirigente socialista Santos Cerdán. Durante varios días, distintos medios publicaron informaciones que apuntaban a un supuesto enriquecimiento personal, incluyendo el recibo de coches de lujo. Sin embargo, según una información publicada esta semana por el diario ABC, “no existe un informe específico sobre el político”. El desmentido plantea un problema evidente: ¿cómo se generaron titulares tan concretos sobre el patrimonio de Cerdán en ausencia de un informe oficial? ¿Quién fue el origen de esa filtración y qué objetivo perseguía?
Este tipo de dinámicas tiene un efecto conocido: aun cuando se demuestre que la información era falsa o imprecisa, el daño reputacional ya se ha producido. Las rectificaciones, cuando llegan, carecen del mismo eco que los titulares iniciales. En este contexto, las filtraciones no buscan necesariamente sustentar causas judiciales, sino incidir en el clima político general, sembrando dudas y alimentando la polarización.
Mientras tanto, varios frentes judiciales avanzan con implicaciones directas para el Partido Popular. Entre ellos, destaca la imputación de antiguos cargos del Gobierno regional madrileño por la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, una cuestión particularmente sensible, dado que se investiga la responsabilidad administrativa en la muerte de más de 7.000 personas. También sigue en curso la investigación sobre la pareja de la presidenta Díaz Ayuso, cuyos detalles procesales continúan generando inquietud.
Además, en Galicia, un ex alto cargo de la Xunta se enfrenta a una solicitud fiscal de más de 50 años de prisión por su implicación en una trama de fraude de IVA relacionado con el comercio de hidrocarburos. Esta operación, por su volumen económico y su envergadura organizativa, representa uno de los escándalos más graves vinculados a estructuras del PP autonómico.