La denuncia, apoyada por miles de personas y entidades, desafía la impunidad que aún ampara a los verdugos del franquismo más de cuatro décadas después del fin de la dictadura. Carles Vallejo tenía 20 años cuando fue detenido, incomunicado y torturado durante 21 días por la Brigada Político-Social franquista. Más de medio siglo después, su búsqueda de justicia ha cruzado las fronteras del Estado español y ha llegado hasta Estrasburgo. La impunidad de los crímenes del franquismo será juzgada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El histórico sindicalista catalán y presidente de la Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme ha presentado este jueves una demanda, con el respaldo de Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, por la negativa de los tribunales españoles a investigar las torturas que sufrió entre 1970 y 1971 en la comisaría de Vía Laietana de Barcelona.
No es solo su historia. Es la de miles de personas que, a día de hoy, siguen esperando justicia, verdad y reparación, mientras España mantiene intactas las murallas jurídicas levantadas por la Ley de Amnistía de 1977 y por décadas de silencio institucional.
Un caso histórico tras la Ley de Memoria Democrática
La demanda de Vallejo es la primera que llega al TEDH tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obliga explícitamente a investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Una ley que, al menos en el papel, reconoce que estas violaciones no prescriben ni pueden ser amnistiadas.
Sin embargo, la justicia española no ha estado a la altura del marco legal. El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona rechazó la querella sin practicar una sola diligencia de investigación, esgrimiendo los mismos argumentos de siempre: prescripción del delito, principio de legalidad y la incombustible Ley de Amnistía.
“Vamos a Estrasburgo a pedir que se condene al Estado español por la vulneración de los artículos 3 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, afirma Sònia Olivella, coordinadora de litigios de Irídia. Lo que está en juego es el derecho a una investigación efectiva ante denuncias de tortura y el acceso a un recurso judicial real. Derechos básicos, sistemáticamente negados en nombre de una transición pactada sobre la impunidad.
El Estado español, en el punto de mira internacional
La sección octava de la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó el archivo del caso, y el Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo. La vía interna se agotó. El paso a Estrasburgo es, por tanto, el último recurso legal pero también un acto político y moral: visibilizar que España sigue incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
“Esta acción no es solo personal, sino profundamente colectiva”, subraya Vallejo. Más de 5.800 personas y 175 entidades respaldan la campaña “Nunca es tarde para hacer justicia, pero tiene que ser ahora”, que acompaña esta demanda y recuerda que más de 100 víctimas directas de tortura franquista siguen vivas, esperando que el Estado les mire de frente.
Vallejo ha sido reconocido oficialmente como víctima del franquismo. Pero ese reconocimiento simbólico no ha venido acompañado de verdad, justicia ni reparación efectiva. El mensaje es claro: España no puede seguir mirando hacia otro lado mientras el reloj biológico se lleva consigo a los últimos testigos vivos de los crímenes del régimen.
Este caso puede marcar un antes y un después. Si el TEDH da la razón a Vallejo, se abriría una grieta legal capaz de derrumbar décadas de impunidad. La historia no se repara sola. Y la memoria democrática no puede depender del paso del tiempo ni del silencio institucional.