La Generalitat Valenciana, bajo el liderazgo de Carlos Mazón, ha dado un paso más en su estrategia de confrontación con los sindicatos. Susana Camarero, vicepresidenta y portavoz del Consell, ha declarado que las ayudas públicas a UGT y CCOO son "incompatibles" con las críticas vertidas por sus líderes contra el jefe del Ejecutivo autonómico. La afirmación, que roza la amenaza velada, ha desatado una polémica sobre la libertad sindical y el uso de los fondos públicos para condicionar la oposición política.
Una confrontación abierta
La crispación entre el gobierno de Mazón y los sindicatos alcanzó su punto álgido tras las declaraciones del secretario general de UGT, Ismael Sáez, y la responsable de CCOO, Ana García, quienes en el congreso del PSPV-PSOE cargaron con dureza contra la gestión de la dana. Sáez calificó a Mazón de "caradura" y "personaje sin dignidad" por minimizar el impacto del temporal y no actuar con rapidez ante la alerta roja. Por su parte, García denunció "una involución democrática" en la Comunitat Valenciana y exigió la dimisión del presidente autonómico.
Las Comisiones Obreras nacieron para proteger a los trabajadores y trabajadoras de este país.
— COMISIONES OBRERAS (@CCOO) February 4, 2025
Así lo peleamos y así lo seguimos luchando. Nuestro papel en la sociedad es fundamental. Así lo avala la Constitución y el millón de afiliados y afiliadas que nos apoyan.
Venimos de…
Las palabras de ambos líderes sindicales no han sentado bien en el Palau de la Generalitat. Camarero ha cargado contra ellos, asegurando que "es inaceptable que reciban subvenciones mientras atacan al gobierno" y se alinean con la oposición. "Buscan inestabilidad porque prefieren un gobierno de Pedro Sánchez, que les ha multiplicado por cuatro las ayudas", añadió la vicepresidenta, insinuando que la financiación sindical está condicionada al color político del Ejecutivo.
Subvenciones y amenazas veladas
Los sindicatos han sido destinatarios de 2,5 millones de euros en subvenciones, según los datos proporcionados por la Generalitat. Además, el Consell señala que hay 800 liberados sindicales, más 500 en el ámbito sanitario, que reciben fondos públicos. "Es absolutamente incompatible con los insultos", sentenció Camarero, insinuando que una rebaja en estas partidas podría estar sobre la mesa.
La insinuación de que la financiación sindical depende del grado de simpatía con el Consell ha generado una oleada de críticas desde el ámbito sindical y político. UGT y CCOO han respondido con contundencia, acusando a Mazón de "intentar amordazar a los representantes de los trabajadores" y de "perseguir a quienes cuestionan su gestión".
📢 Concentracions per a denunciar l'ús oportunista dels drets socials i la protecció de la majoria social.
— UGT País Valencià (@UGTPV) February 2, 2025
El Parlament ha d'estar al servei de la gent, no d'estratègies de curt termini que tenen efectes negatius sobre les institucions democràtiques que han de defendre. pic.twitter.com/LdPj1yXOV2
La polémica de la dana
La gestión de la dana ha sido el epicentro del enfrentamiento. La oposición y los sindicatos han acusado a Mazón de falta de previsión y negligencia en la respuesta ante la catástrofe. En particular, han cuestionado la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), creada por el anterior gobierno del Botánic, y la tardanza en activar las alertas.
La Generalitat ha intentado desviar la atención destacando el volumen de ayudas concedidas tras el desastre. Según Camarero, ya se han tramitado 49.000 ayudas por valor de 88,6 millones de euros y se esperan otras 100.000 solicitudes. "13.000 autónomos han recibido la ayuda de 3.000 euros", subrayó, tratando de restar importancia a las críticas recibidas.
Un precedente peligroso
La insinuación de que los sindicatos deben elegir entre recibir ayudas o mantener su independencia crítica ha sido interpretada como un intento de coacción. La Constitución de 1978 consagra el derecho a la libertad sindical y la independencia de las organizaciones de trabajadores, por lo que condicionar la financiación a su grado de afinidad con el gobierno de turno podría vulnerar este principio.
Las declaraciones de Camarero también han puesto sobre la mesa el papel de la financiación sindical. Mientras la derecha ha defendido la necesidad de "revisar" el modelo de subvenciones, la izquierda advierte del peligro de recortar los fondos a quienes fiscalizan al poder. "Quieren sindicatos sumisos y domesticados, que no cuestionen sus decisiones", denuncian desde la oposición.
Un clima de confrontación
El choque entre el Consell y los sindicatos se enmarca en un clima de creciente polarización en la Comunitat Valenciana. La llegada de Mazón al poder ha supuesto un cambio de rumbo en la relación con las organizaciones de trabajadores, tradicionalmente aliadas de los gobiernos progresistas. La amenaza de recortar las subvenciones si no se alinean con la Generalitat marca un antes y un después en esta relación.
A medida que se acerca el debate sobre los presupuestos autonómicos, la presión sobre los sindicatos podría intensificarse. Vox, socio parlamentario de Mazón, lleva meses reclamando una "reducción drástica" de las ayudas a UGT y CCOO, por lo que el Consell podría usar esta crisis como excusa para aplicar recortes.
Lo que queda claro es que el gobierno valenciano no está dispuesto a tolerar críticas sin represalias. "No vale todo por hacer política", dijo Camarero. Pero la pregunta es: ¿a qué llama Mazón "hacer política"? Porque si cuestionar su gestión se castiga con recortes, la libertad sindical en la Comunitat Valenciana está en serio peligro.