Rubén Rus, el magistrado que ha aireado el chiringuito de lobistas que Cristóbal Montoro había instalado en el corazón mismo del Ministerio de Hacienda, es uno de esos jueces anónimos de provincias que, de cuando en cuando, saltan a las primeras páginas de los periódicos por alguna heroicidad. Profesionales que trabajan de sol a sol, que saben de Derecho, que investigan los casos sin importarles si los afectados son de un partido o de otro. No son muchos, pero son el último bastión que le queda al Estado de derecho carcomido por el mal de la politización, la cloaca y el lawfare. Son los jueces y juezas honestos, los imparciales e independientes, los valientes y bravos que mantienen viva la llama agonizante de una Justicia verdaderamente justa.
En esa más que digna nómina de magistrados a la que ahora se une Rus habría que incluir, cómo no, al ya mítico juez Castro, que tuvo el valor de airear el escándalo Nóos con ramificaciones en la Casa Real hasta sentar en el banquillo a toda una infanta de España; a Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, que acaba de procesar al novio-defraudador-confeso de Isabel Díaz Ayuso por delitos fiscales; y también, cómo no, a Nuria Ruiz, la jueza de Catarroja que trabaja incansable, día y noche, para reconstruir las negligencias y torpezas de la Generalitat de Mazón en los peores días de la riada de Valencia. Todos ellos, los jueces buenos, los buenos jueces, sobreviven en circunstancias vitales y profesionales parecidas: trabajando con escasos medios entre montañas de papel que atascan la oficina judicial; sometidos a presiones de todo tipo, de políticos, de los caciques del terruño y de la prensa carroñera entregada a la bandería de uno u otro color. No es fácil vivir en Tarragona, en Valencia o Baleares –lejos de Madrid y de la Audiencia Nacional, que debería entender de estas macrocausas pero a menudo se lava las manos–, e impulsar el sumario de un escándalo gordísimo que puede hacer volar por los aires no solo un ayuntamiento, una diputación provincial o un Gobierno regional, sino también el Gobierno entero de una nación. Los teléfonos suenan a altas horas de la noche, las consignas y sugerencias para que se archive el caso son constantes y las tentadoras ofertas para medrar con un puesto en el escalafón del Poder Judicial (a cambio de hacer la vista gorda y meter las diligencias en un cajón) están a la orden del día. Amenazas y órdenes veladas de algún superior, reproches, invitaciones al soborno, campañas de desprestigio y hasta violentas operaciones de propaganda en redes sociales, ese es el menú del día de un juez o jueza de provincias al que, de pronto, le cae en el despacho un expediente altamente inflamable y explosivo. La soledad que se debe sentir debe ser no apta para cobardes o pusilánimes.
A Rubén Rus, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, no lo conocía nadie hasta ayer, el histórico día en el que se le ocurrió procesar a Montoro tras más de siete años de investigación en secreto por la presunta trama de corrupción vinculada al despacho Equipo Económico fundado por el propio ministro. A partir de ahora oiremos hablar mucho de él porque, por lo visto, hay escándalo para rato (y no nos estamos refiriendo a aquel otro superministro, también ídolo caído, que dirigió el Fondo Monetario Internacional). El caso no ha hecho más que comenzar y ya se han abierto nuevas ramificaciones, nombres de nuevos implicados, nombres de nuevas empresas (y no solo gasísticas) a las que el bufete de Montoro supuestamente favorecía. Los periodistas buenos (esa otra especie en vías de extinción, como la de los jueces buenos) ya han empezado a conectar unos asuntos con otros, unos episodios del pasado con otros del presente, unos sucesos sospechosos que en su día fueron enterrados con los que hoy aparecen en el auto de Rus. Por no hablar de las presiones y coacciones que Montoro ejerció contra periodistas de este país como Chicote, Alsina o Jiménez Losantos para que las trapacerías de su consultoría no salieran a la luz pública. Las denuncias de los profesionales hablan de un ministro que amenazaba con inspecciones fiscales a todo aquel plumilla que husmeara más de la cuenta en los entresijos del chiringuito que tenía montado. Terrorismo de Estado, en este caso terrorismo fiscal.
Nos encontramos, sin duda, a las puertas de un inmenso caso de corrupción que, una vez más, y ya van unas cuantas, toca de lleno al Partido Popular. Una trama con más de 28 implicados (prácticamente media plantilla del Ministerio de Hacienda) que había carcomido el departamento ministerial más importante del Gobierno, el que recauda los impuestos y tributos que sostienen el Estado de bienestar, la Sanidad, la Educación, las pensiones y prestaciones sociales. Sonroja saber que mientras a los españoles se les apretaba el cinturón con políticas de austeridad por la crisis, había un grupo de lobistas que nadaban en la abundancia. Avergüenza tener que escuchar a algún que otro preboste del PP tratando de defender que no hay caso porque Montoro ya no es nadie en el partido, porque esto ocurrió hace mucho tiempo y porque no había prostitutas por medio, como sí ocurre con el trío calavera de Ferraz: Cerdán/Ábalos/Koldo. Claro que hay caso, lo acaba de abrir el juez de Tarragona. En cuanto a los protagonistas investigados, siguen en la política activa (Feijóo ha fichado a alguno de ellos para su núcleo duro, para su nuevo “equipo económico”). Y eso de las mujeres de pago habrá que verlo, porque la historia no ha hecho más que comenzar y donde hay corrupción siempre hay sexo, drogas y rock and roll.
Todo esto lo vamos a saber gracias a un juez anónimo que ha trabajado con discreción, con astucia y hormiguita hormiguita. Todo eso se ha destapado gracias a un regalo para la democracia: un magistrado que como otro puñado de compañeros se empeña en que la verdad resplandezca caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Rus, el ya jubilado Castro, Ruiz e Iglesias son nuestros intocables de Eliot Ness, un reducto de utópicos idealistas que todavía creen en la democracia y en el Estado de derecho frente a los poderosos Capone de nuestra época. En este país, la Justicia contra el ladrón de guante blanco tiene que hacerla un juez de pueblo muy alejado de Madrid. Por algo será.