El último revés del Tribunal Supremo al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un serio toque de atención al magistrado aficionado a dar trámite a todas y cada una de las querellas y denuncias de la extrema derecha, por descabelladas que sean, contra el sanchismo. La resolución del alto tribunal por la que frena la imputación al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, supone un serio varapalo a las tesis del instructor. Peinado pretendía demostrar que el ministro medió para favorecer la contratación de una asesora de Moncloa para llevar los negocios privados de Begoña Gómez, lo que a juicio del magistrado supondría un delito de malversación de fondos públicos. El Supremo no solo rebate esa argumentación jurídica, sino que le dice que ha llegado a ella sin indicio probatorio alguno. O lo que es lo mismo: Peinado trataba de inventarse una imputación.
Los hechos son extremadamente graves, ya que estamos hablando de promover nada más y nada menos que una acusación judicial contra un ciudadano titular de derechos fundamentales sin la menor prueba. En cualquier Estado de derecho este juez sería llamado a capítulo por el órgano superior o al menos se abriría un expediente informativo, ya que todo apunta a que se han atravesado todas las líneas rojas y se han pisoteado algunas que otras garantías procesales, legales y constitucionales. Sin embargo, hasta donde sabemos, el Consejo General del Poder Judicial no ha movido ficha, y no se ha abierto investigación alguna para aclarar los hechos.
La invención forma parte del manual de estilo del juez Peinado. El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid es uno de esos juristas demasiado propensos a dejar volar la imaginación, a elucubrar, a crear ficciones judiciales. Unas veces tergiversa declaraciones de testigos e imputados; otras, se interna en asuntos que no son de su competencia o practica pruebas totalmente banales, superfluas o innecesarias con el fin de ganar tiempo. Y por lo que vamos viendo, su afición a imputar a gente inocente, empieza a ser otro síntoma preocupante. Ya le pasó con Juan José Güemes, exconsejero de Esperanza Aguirre, a quien imputó por mediar en favor de Begoña Gómez con el criterio en contra de la Audiencia Provincial de Madrid. Lo mismo le ocurrió con Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, a quien pretendía procesar pese a la “ausencia de datos incriminatorios contra él”. Por no hablar de otro damnificado por los métodos expeditivos de Peinado, el empresario Juan Carlos Barrabés, cuyo domicilio fue registrado mientras el industrial estaba hospitalizado. En el Poder Judicial hay quien empieza a estar harto de los circos de Peinado, un hombre capaz de buscar “la verdad real a cualquier precio”. La Audiencia Provincial no para de corregir sus desmanes, como cuando trató de endosarle a la esposa del presidente el rescate millonario de la compañía aérea Air Europa, una investigación que la Audiencia cortó de raíz advirtiendo a Peinado que podría incurrir en una indagación prospectiva prohibida por la ley.
En cualquier caso, el último varapalo del Supremo supone una derrota sin paliativos para el juez Peinado y un gran triunfo del Gobierno Sánchez que abre la puerta a que el sumario Begoña Gómez termine cerrándose más pronto que tarde. Al juez Peinado le queda un año hasta su jubilación, de modo que él pretende alargar el sumario para causarle todo el daño posible el Ejecutivo de coalición. El problema es que, al paso que va (cometiendo errores de bulto día sí, día también), es muy posible que la jubilación se le adelante. O que lo jubilen anticipadamente. En la última semana se ha sabido que dos casos de enjundia se han malogrado al haberse superado, por error, los plazos legales. A alguien en el juzgado 41 de Madrid se le pasaron las fechas de forma tan burda como fatal y el resultado fue que un funcionario del Ayuntamiento de Madrid dirigido por el popular Martínez-Almeida se fue de rositas de un presunto caso de corrupción y que unos estafadores expertos en criptomonedas también quedaron impunes por puro descuido del juzgado. El celo profesional que Peinado le está poniendo a la persecución de Begoña Gómez no se corresponde con otras causas que el magistrado parece tener abandonadas. Como si al instructor, obsesionado con el sanchismo, no le interesara otra cosa que Begoña, Begoña y Begoña.
El triunfo de Bolaños lo adelantó el propio ministro cuando profetizó que “la verdad resplandecería” y que “todo se aclararía”, como así ha sido finalmente. El ministro tuvo que tragar con varias humillaciones del juez, como el tono arrogante e inquisitorial del interrogatorio en Moncloa, donde Peinado se permitió la maldad de suspender el acto hasta que le trajeran una tarima, una maniobra con la que pretendía escenificar que tenía al Gobierno subyugado, sometido, a sus pies. Finalmente, se ha demostrado que el titular de Presidencia nada tuvo que ver con la contratación de una asesora de Moncloa para la primera dama, tal como concluye el Supremo, y este hecho constituye un antes y un después en el sumario que instruye el polémico juez de Plaza Castilla. Esa frase lapidaria del tribunal –hay una “absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud de la participación” de Bolaños en esos delitos–, deja a Peinado en una complicada y difícil situación. Fue tanto como dejarlo solo ante el peligro y afearle que se hubiese inventado la imputación del ministro. Alguien desde arriba, en el Poder Judicial, está haciendo un férreo marcaje al juez ídolo del mundo ultraderechista. ¿Estamos asistiendo al final de su carrera y del caso Begoña? Quién sabe.