Los audios de alcoba del rey emérito con Bárbara Rey siguen marcando la vida política de este país. Aunque la relación secreta de Juan Carlos I con la vedete era algo bien sabido desde hace décadas, no es lo mismo sospecharlo que escuchar a los dos protagonistas del romance arrullándose confidencias, intercambiándose materia reservada, en plena acción.
Cuesta trabajo digerir algunas cosas que se dicen en esas cintas, las alabanzas al golpista Armada, el deseo de ver muerto a Roldán, el nepotismo y enchufismo laboral, las humillaciones machistas a la reina Sofía. Pero, por encima de todo, una pregunta sobrevuela el caso: ¿cuánto nos costó a los españoles aquel lujoso silencio de la actriz, aquel circo con leones en la oscuridad, aquellos polvos que nos trajeron estos lodos? Nadie lo sabe a fecha de hoy. Se habla de muchas cantidades para frenar el chantaje, incluso de 600 millones de vellón que se pagaron, en diferentes momentos de la historia, a la amante del emérito, al que habría que empezar a llamarlo ya el “demérito”. Se supone que vivimos en una democracia consolidada donde hasta el último euro de dinero público debería ser fiscalizado para evitar la corrupción. Sin embargo, de una forma o de otra, cada vez que nos encontramos con un marrón de Juan Carlos, ya sea tributario o sexual, se echa tierra encima y aquí paz y después gloria. Pues no.
El ciudadano, el común de los mortales, el contribuyente que paga religiosamente sus impuestos, tiene derecho a saber en qué se gastan sus dineros. Y ya no es suficiente con que se abra una de esas inútiles comisiones de investigación para hacer el paripé. Es preciso incoar una causa penal para llegar al fondo del asunto. Lo que ha ocurrido en este país en la Restauración monárquica del 78 es grave, muy grave. Y ya está bien de mirar para otro lado, de hacer la vista gorda o de mantener el manto de protección que todos, políticos, jueces y periodistas, han desplegado para proteger las farras del jefe del Estado. Luz y taquígrafos hasta sus últimas consecuencias, hasta el último céntimo.
El caso de los fraudes a Hacienda del demérito (regularizados de aquella manera tan vergonzante) ya fue un asunto suficientemente delicado como para que el monarca se hubiese sentado en un banquillo. Cualquiera que hubiese movido la mitad de la pasta en dinero negro que ha manejado este hombre estaría en la cárcel desde hace años. Por tanto, ha quebrado el principio de igualdad de todos los españoles, un artículo constitucional que, hoy por hoy, suena a sarcasmo con todo lo que se está sabiendo. Aquí hay una ley para los españolitos y otra propia y privilegiada para este señor que, con la excusa de que hizo mucho por España trayéndonos la democracia y liberándonos del franquismo –algo que tras los audios de Bárbara empieza a estar también en entredicho–, ha hecho de su capa un sayo. Una cosa es que en la Transición se lo toleráramos todo al tótem intocable con el pretexto del miedo al golpismo militar y otra muy distinta es que hayamos estado pagando sus orgasmos con nuestro dinero y a tocateja. Seiscientos millones de pesetas son muchos millones, millones que salieron de nuestros bolsillos, que presuntamente fueron a parar a una bragueta, que terminaron en alguna parte lúbrica y desconocida, no precisamente en escuelas y hospitales. Ya basta de impunidad.
Ahora que está tan de moda el modelo de juez arrojado y valiente en lucha contra las bagatelas corruptas de las altas esferas, contra las migajas o chocolate del loro de Begoña Gómez, ¿por qué la Justicia no elige a otro juez Peinado y le asigna una misión de verdad, la misión de tirar de la manta de la auténtica corrupción, del chanchullo organizado, de las cloacas de la monarquía, para ver qué hay debajo? El instructor del caso de la mujer del presidente Sánchez irrumpió en Moncloa, como elefante en cacharrería, solo para preguntarle al premier socialista si la primera dama imputada era realmente su esposa. ¿Cuándo veremos a otro superhéroe con toga negra en lugar de capa roja entrando al vuelo en Zarzuela para sonsacarle a Sofía si ese señor que hasta hace poco convivía con ella, y que ahora está en el exilio, era su marido? Podemos apostar a que ni un solo magistrado de los miles que hay en la piel de toro se atreverá a mover un solo dedo para depurar responsabilidades en palacio. Bastaría con levantar una esquinita de esa alfombra putrefacta del salón real para encontrar cosas pestilentes, espionajes, chantajes, amenazas, malversación de fondos públicos, fraudes, tráfico de influencias, estafas, revelación de altos secretos de Estado, cosas. Un sindiós.
Hemos permitido y tolerado que Zarzuela sea una especie de agujero negro de la democracia, un territorio sin ley donde el amo y señor con derecho de pernada, a la manera de la Edad Media, puede hacer casi cualquier cosa, ya que nada malo le ocurrirá. No vamos a caer en la ingenuidad de creer que un juez de instrucción va a tirar para adelante con el caso Bárbara, ni que la Fiscalía va a tener los arrestos de impulsar una investigación en condiciones. Ya se encargará el bipartidismo de encubrir, por enésima vez, la delincuencia de sangre azul. Pero nosotros, los ciudadanos, deberíamos remover todo este barrizal por propia higiene democrática. Algunos ya han empezado a movilizarse para saber qué pasó con su dinero. Así, la Asemblea Republicana de Vigo ha presentado una denuncia contra Juan Carlos I y las infantas Elena y Cristina por esa misteriosa fundación en Abu Dabi creada para eternizar el emporio juancarlista y para que la herencia (una herencia negra de un funcionario público que ha degenerado en blindada y opaca, no lo olvidemos) se pueda transmitir a la descendencia. Si queremos que nuestra democracia deje de ser una apariencia, una mentira, una ficción, tenemos que empezar ya a limpiar los cuartos reales. Nos han tomado por tontos durante demasiado tiempo. Ya va siendo hora de despertar.