La reducción o retraso en la implementación de zonas de bajas emisiones (ZBE) se ha convertido en un nuevo desafío para algunas ciudades gobernadas por partidos de derecha en España. A pesar de la obligación europea y la Ley de Cambio Climático que exige que los municipios de más de 50,000 habitantes tengan ZBE en funcionamiento, varios municipios gobernados por PP y Vox han buscado formas de evitar su establecimiento completo.
En Gijón, donde PP y Vox gobiernan con Foro Asturias, se ha permitido que los vehículos sin etiqueta de la DGT (los más antiguos y contaminantes) vuelvan a aparcar en la zona ORA, que ocupa gran parte del centro de la ciudad. También se pretende reducir la futura ZBE en Gijón y Valladolid, limitándola a áreas específicas y retrasando su implementación.
Varios municipios, como Castellón y Lorca (Murcia), han pedido moratorias para instalar ZBE más tarde, mientras que en Majadahonda (Madrid) y Elche se han negado a implementarlas, a pesar de la legislación y los fondos europeos asignados para la movilidad sostenible y las ZBE.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha advertido que no se pueden relajar las medidas para reducir la contaminación y combatir la emergencia climática. No instaurar zonas de bajas emisiones es incumplir las normas y arriesgarse a perder fondos europeos. También se destaca que el Gobierno está trabajando en Bruselas para mejorar la normativa de calidad del aire y que la derecha pretende obviar la contaminación y obstaculizar las políticas contra la emergencia climática.
La lucha por reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire es fundamental para enfrentar los desafíos del cambio climático, y es necesario que todas las ciudades cumplan con las regulaciones y medidas necesarias para proteger el medio ambiente y la salud pública.
La pasada semana en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, Carmen Duce, representante de Ecologistas en Acción Valladolid, expresó su preocupación junto con otros colectivos ciudadanos sobre la derogación parcial y modificación de la Ordenanza Municipal que afecta los carriles bici y bus de la ciudad. Destacó la importancia de mantener los avances logrados en movilidad sostenible y calidad del aire para proteger la salud de la población.
Programa de la ultraderecha de Vox en materia de medioamiente
El programa medioambiental de VOX para las elecciones generales del 23J omite cualquier acción para abordar el cambio climático y se enfoca en revertir leyes y acuerdos medioambientales. El partido de extrema derecha rechaza el Acuerdo de París y acusa al Gobierno de estar bajo la influencia de "radicales ecologistas" y organismos internacionales. Sus medidas incluyen seguir explotando combustibles fósiles, derogar la prohibición de coches de gasolina y diésel a partir de 2035, aumentar los regadíos y abandonar iniciativas ecológicas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A pesar de la urgencia del cambio climático, el programa de VOX se muestra negacionista y desconectado de la realidad científica.
En lugar de tomar acciones para mitigar el calentamiento global y proteger el medio ambiente, VOX busca revertir cualquier avance en materia de energías renovables y reducción de emisiones. Su programa carece de propuestas para adaptar a la población a los impactos del cambio climático y no menciona la creación de zonas verdes o la reducción de la contaminación del aire.
La influencia de Vox en coalición con el Partido Popular en las políticas medioambientales locales
La presencia de Vox en 140 ayuntamientos, en coalición con el Partido Popular, está ejerciendo una influencia significativa en la toma de decisiones y políticas medioambientales a nivel local. Con el objetivo de mantener el poder y la gobernabilidad, el Partido Popular se ve presionado a adoptar algunas de las medidas extremas propuestas por Vox en sus programas medioambientales. Esto incluye políticas que favorecen la explotación de combustibles fósiles, el abandono de compromisos internacionales como el Acuerdo de París, la eliminación de avances en materia de energías renovables y la derogación de leyes que protegen el medio ambiente.
Esta colaboración con Vox plantea desafíos significativos, ya que algunas de estas medidas pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, y contradicen los compromisos internacionales asumidos previamente por España.