Hubo un tiempo en el que el PP era la Alianza Popular de Manuel Fraga que la formación encontró una forma de efectuar oposición al margen del parlamento cuando carecía de la mayoría suficiente para neutralizar las iniciativas de los gobiernos de Felipe González que tenía mayoría absoluta en el Congreso y aplicaba lo que se llamaba “el rodillo socialista”. Los estrategas de Fraga se sacaron de la manga los recursos en los tribunales prioritariamente en el Constitucional. Era la época en que la corte de garantías estaba habilitada para ordenar la suspensión cautelar de la norma recurrida en caso de admisión a trámite. De esta manera, Fraga y los suyos consiguieron paralizar multitud de leyes que tardaron años en entrar en vigor. Ahora, Isabel Díaz Ayuso presiona en la planta noble de Génova para que se lleve a cabo una estrategia similar. Judicializar todas las discrepancias con el gobierno central. Llevarlas a los tribunales porque creen que los jueces están de su parte. La última que tienen prevista es la presentación de una demanda judicial contra el reparto de los menores inmigrantes acordado por el PSOE y Junts.
Ahora se ha descubierto quién es la ideóloga de esa estrategia, aunque seguramente contará con la inestimable colaboración de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, experto en manejar métodos al margen de los cauces democráticos. La baronesa madrileña tiene claro su objetivo: arrinconar a Moncloa en los tribunales. Y está utilizando todos los medios, incluso la mentira y la manipulación. En un desayuno de trabajo llegó a decir que lo de su pareja, Alberto González Amador, se habría resuelto “con una multa”. O ignora cómo es la ley o nos toma el pelo a los ciudadanos que el que más o el que menos sabe que en un fraude a la Hacienda Pública que sobrepasa los 100.000 euros, la Agencia Tributaria tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal porque hay delito. No se resuelve “con una multa”.
Ayuso, obsesionada con que la están persiguiendo “los comunistas” de Pedro Sánchez, no encuentra mejor salida que la de judicializar sus discrepancias. En la Asamblea regional no tiene problema por su mayoría absoluta. Pero cuando se trata de un asunto de Estado y toca intervenir al parlamento nacional la cosa es diferente. Aún así, en Génova son conscientes de que a veces no va a ser necesaria la acción en los juzgados porque, tal y como están las cosas en el Congreso con los socios de investidura divididos, la mayoría de las propuestas socialistas no salen adelante. Pero, por si acaso, en la cúpula del PP tienen bien preparado un ejército de abogados listos para presentar demandas que van desde los juzgados de primera instancia hasta el Supremo sin olvidar los recursos de inconstitucionalidad. Y la propulsora de esta estrategia es Díaz Ayuso. Si por ella fuera ya habrían presentado una querella contra Pedro Sánchez.
De momento, y a falta de estudiar las posibilidades de llevar adelante una iniciativa de semejante calado, se conforma con dar en la línea de flotación de instituciones tan fundamentales para el funcionamiento del Estado de Derecho como es el fiscal general del Estado a quien su novio ha denunciado por revelación de secretos con la suerte de que el juez del Supremo que la instruye, Ángel Hurtado, es proclive a salir en defensa del PP. Por ese motivo fue apartado de la Gürtel cuando era magistrado de la Audiencia Nacional. Y por ese motivo está siendo muy cuestionado por olvidarse de los testimonios de periodistas que, bajo juramento, manifiestan que jamás recibieron filtraciones por parte de García Ortiz mientras toma en consideración los indicios expresados por la UCO de la Guardia Civil en sus informes en los que tampoco se expresan con claridad que esas filtraciones hayan salido de Fortuny.
Los populares se están percatando de que cuentan con la inestimable colaboración de la casi totalidad de la judicatura. A veces ni siquiera hace falta que sean sus abogados los encargados de presentar los recursos. Para eso están la extrema derecha de Vox y afines, Manos Limpias y Hazte Oír. Los estrategas de Núñez Feijoo se limitan a actuar de caja de resonancia intentando arrinconar políticamente a la izquierda utilizando las investigaciones judiciales.
Y cuando ese tipo de investigaciones apuntan al Partido Popular o a sus significados barones, como es el caso de Ayuso en los tristemente conocidos como “protocolos de la vergüenza”, se intenta que los jueces “amigos” se encarguen de archivar las denuncias utilizando los fundamentos más peregrinos que se le puede ocurrir al magistrado de turno.
Ayuso ha logrado que todos los gobiernos autonómicos del Partido Popular hayan presentado recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía lo que ha permitido a la derecha utilizar el argumento de que la norma es la más recurrida en la historia de la democracia. Y la cosa no ha acabado ahí. Los barones territoriales han judicializado sus cuentas presentando recursos en los tribunales contra la condonación de la deuda que tienen con la administración central y que anunció la vicepresidenta María Jesús Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ley de Memoria Histórica también está recurrida porque, dicen en las autonomías, que invade sus competencias.
Los gobiernos de Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, Galicia, Andalucía y Castilla y León anunciaron la presentación de recursos en el TC prácticamente desde que se hizo oficial el acuerdo con Junts sobre el reparto de menores inmigrantes. Consideran "partidista" y "xenófobo" el reparto pactado con los neoconvergentes. En Génova ven "mucho recorrido" a estos recursos, aunque no descartan mantener la presión política ya que son conscientes de la debilidad parlamentaria del gobierno progresista y creen que esa debilidad les puede favorecer.
De todas maneras, Ayuso insiste en utilizar la vía judicial lo que da la medida de la cultura democrática de la lideresa madrileña. Nunca, en la reciente historia de este país, se había utilizado tanto a los tribunales con el objetivo no sólo de neutralizar la acción de gobierno sino también de acorralar a sus miembros. De lo que no parece darse cuenta Alberto Núñez Feijóo es de que si sigue aceptando la estrategia de la presidenta de la CAM puede acabar por perder la poltrona porque de instigadora en la sombra a acabar por dar la cara sólo hay un paso. Y la lideresa es muy ambiciosa. No se conforma con Madrid.