Menores fuera de las redes: la ley que quiere blindar a la infancia del caos digital

La nueva normativa prohíbe abrir cuentas en redes sociales hasta los 16 años, exige controles parentales de serie y convierte en delito los deepfakes sexuales y el acoso digital

25 de Marzo de 2025
Actualizado a las 11:45h
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Menores fuera de las redes: la ley que quiere blindar a la infancia del caos digital

La infancia ha estado demasiado tiempo sola frente a una tecnología que no entiende de edades, madurez ni consecuencias. Pero el Gobierno quiere poner freno a ese abandono con la nueva Ley de Protección de los Menores en el Entorno Digital, que ha sido aprobada este martes por el Consejo de Ministros y que pasará ahora a su tramitación parlamentaria. La norma busca proteger a los menores del acceso a contenidos dañinos, establecer límites claros para plataformas y fabricantes, y promover un uso saludable y responsable de las pantallas desde los primeros años de vida.

Nada de redes sociales hasta los 16

Uno de los puntos clave de la ley es que los menores de 16 años no podrán tener cuentas en redes sociales. Se eleva así la edad mínima, que hasta ahora estaba en los 14, con el objetivo de frenar la exposición precoz a entornos donde proliferan el acoso, la desinformación, los retos virales peligrosos y los contenidos sexuales o violentos. Para asegurar el cumplimiento de esta medida, se obligará a las plataformas a implantar sistemas fiables de verificación de edad. No valdrá con pedir la fecha de nacimiento: deberán establecerse mecanismos que realmente impidan que un menor se registre mintiendo sobre su edad.

La norma también establece que todos los dispositivos digitales —móviles, tabletas, ordenadores, televisores inteligentes— deberán incluir controles parentales activados por defecto en el momento de la configuración inicial. Esta funcionalidad, que deberá ser gratuita y fácil de utilizar, permitirá a padres y madres bloquear contenidos inapropiados, limitar el tiempo de uso y supervisar las aplicaciones instaladas. La idea es sencilla: si un dispositivo puede conectarse a internet, debe estar preparado para proteger a quienes aún no tienen herramientas para defenderse.

Delitos nuevos para peligros reales

En el ámbito penal, la ley da un paso más allá y convierte en delito la creación y difusión de deepfakes sexuales o gravemente vejatorios, es decir, la manipulación de imágenes con inteligencia artificial que afectan gravemente a la dignidad de una persona. También se endurecen las penas por grooming, el acoso a menores por parte de adultos que buscan obtener imágenes íntimas o establecer un contacto sexual. Y se introduce una nueva figura: la orden de alejamiento digital, que impedirá a los agresores comunicarse con sus víctimas a través de redes sociales o plataformas online.

Otro de los focos de la ley está en los videojuegos, donde se prohibirá el acceso de menores a las llamadas cajas botín o recompensas aleatorias que se compran con dinero real. Estas mecánicas, muy similares a las de los juegos de azar, han sido criticadas por fomentar la adicción y el gasto incontrolado entre los más jóvenes. Con esta medida, el Gobierno pretende cortar el paso a uno de los caminos más habituales hacia las conductas compulsivas.

Control también en colegios y centros de salud

En el terreno educativo, la ley obliga a que todos los centros —públicos y privados— cuenten con una regulación clara sobre el uso de móviles y pantallas, adaptada a las normas de cada comunidad autónoma. Aunque no impone una prohibición total, como ha hecho la Comunidad de Madrid, sí exige que cada colegio tenga su propia normativa y supervise el uso de los dispositivos también durante los recreos o actividades extraescolares. Además, se fomentará la formación en competencias digitales tanto en el alumnado como en el profesorado, para garantizar un uso seguro, crítico y equilibrado de las tecnologías.

La parte sanitaria del texto también introduce medidas novedosas. Se establecerán protocolos específicos en pediatría para detectar adicciones o usos problemáticos de móviles y pantallas, con el objetivo de actuar a tiempo en los casos más graves. Además, se prevé la creación de centros especializados en salud mental infantil para tratar estas nuevas formas de dependencia digital, que se están convirtiendo en un problema de salud pública invisible, pero cada vez más presente.

Proteger la infancia

La ley también modifica el Código Penal y la Ley de Protección de Datos. A partir de ahora, los menores de 16 años no podrán dar su consentimiento para que las empresas traten sus datos personales, salvo que lo autoricen sus padres o tutores. Esto impedirá, por ejemplo, que las redes sociales recopilen información sobre menores sin conocimiento familiar. También se aplicarán sanciones más duras a quienes utilicen imágenes o datos de menores con fines comerciales o abusivos.

El texto legal se complementará con una Estrategia Nacional para la Protección de la Infancia en el Entorno Digital, que coordinará el Ministerio de Juventud e Infancia y que se revisará cada tres años. En ella participarán 50 expertos que evaluarán los nuevos riesgos a medida que surjan, y propondrán actualizaciones legislativas cuando sea necesario.

La ley no solo impone deberes a las plataformas y a las empresas tecnológicas. También exige a los poderes públicos garantizar una igualdad real de acceso a internet, dispositivos y formación. Porque proteger no significa restringir sin más, sino enseñar a usar la tecnología con responsabilidad, y asegurar que todos los niños y niñas —sin importar su entorno— tengan las mismas oportunidades de aprender y participar en la sociedad digital.

El impacto del acceso precoz y sin control a los contenidos digitales es una realidad conocida por los expertos. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los menores están expuestos a peligros como la manipulación emocional, la desinformación, las conductas extremas o los trastornos alimentarios, sin olvidar los daños a nivel psicológico, emocional y físico. La falta de madurez, de referentes y de criterio crítico los convierte en un blanco fácil.

En definitiva, esta ley no es una prohibición caprichosa ni un ejercicio de moralismo. Es una reacción necesaria ante una situación que se nos ha ido de las manos. El entorno digital no puede ser una jungla sin reglas para los menores. Con esta norma, España se coloca a la vanguardia de la protección infantil frente a los riesgos del siglo XXI. A partir de ahora, la infancia estará un poco menos sola frente a las pantallas. Y eso, en tiempos como estos, ya es mucho.

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