Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, ha cruzado la línea roja al mentir descaradamente ante el Tribunal Supremo. Su declaración, plagada de falsedades, pretendía blindar a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusado de cometer un fraude fiscal millonario. Esta estrategia de defensa no solo ha estado marcada por la manipulación de información, sino también por una descarada campaña de intoxicación mediática.
Mentiras
Rodríguez afirmó bajo juramento que ningún periodista de elDiario.es intentó contactarle antes de la publicación de la investigación que destapó el fraude de González Amador. Sin embargo, José Precedo, director adjunto del medio, desmintió rotundamente esta versión al presentar pruebas documentales y mensajes de WhatsApp que evidencian el intento de obtener su versión. Esta mentira deliberada ante el alto tribunal no solo es grave, sino que revela hasta qué punto Rodríguez está dispuesto a comprometer la verdad para proteger a su jefa y su círculo cercano.
La situación empeora cuando se analiza cómo Rodríguez utilizó su posición para difundir bulos entre periodistas. Admitió haber enviado un correo manipulado, recibido del abogado de González Amador, a un grupo de medio centenar de periodistas. Este mensaje, cuidadosamente alterado, omitía información clave para construir el relato de que la Fiscalía había retirado un acuerdo de conformidad por "órdenes de arriba". Esta afirmación, que luego reconoció como una mera "opinión", fue el punto de partida de una campaña de desinformación que intentaba dibujar a González Amador como víctima de una conspiración política.
Manipulación
El escándalo no se limita a las mentiras de Rodríguez. Isabel Díaz Ayuso también contribuyó a la estrategia de manipulación. En una rueda de prensa, afirmó que Hacienda debía casi 600.000 euros a su pareja, negando el fraude fiscal. Esta afirmación resultó ser completamente falsa. La Agencia Tributaria ya había determinado que la maniobra de González Amador para intentar regularizar su situación tributaria era inválida, dado que se produjo cuando ya estaba siendo investigado. A pesar de conocer esta realidad, Ayuso no dudó en utilizar su posición institucional para desinformar y victimizar a su pareja.
La gravedad de estos hechos radica en la utilización de recursos públicos e institucionales para defender a un defraudador confeso. Miguel Ángel Rodríguez, como jefe de gabinete, debería velar por la transparencia y el buen funcionamiento del gobierno regional, no convertirse en el portavoz de mentiras para encubrir delitos. Su comportamiento, respaldado por la presidenta madrileña, muestra un preocupante desprecio por el Estado de Derecho y los principios democráticos.
Estrategia
La Abogacía del Estado ha solicitado acceder al teléfono de Rodríguez para verificar los mensajes y llamadas realizados en los días clave de la filtración. Esta petición busca esclarecer si Rodríguez actuó solo o si existió una coordinación más amplia para manipular la opinión pública. Sin embargo, el magistrado ha rechazado de momento esta medida, a la espera de analizar las pruebas aportadas por elDiario.es.
Es inaceptable que quienes ostentan cargos públicos utilicen sus posiciones para proteger a individuos acusados de delitos graves. Más aún cuando esa defensa se basa en la mentira y la manipulación de la información. Rodríguez no solo mintió al Supremo, sino que activamente intoxicó el debate público, atentando contra la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad.
Defensa
La defensa de González Amador se ha basado en una estrategia de victimismo y manipulación, promovida desde el entorno de Ayuso. Rodríguez, con la complicidad de medios afines, ha intentado desviar la atención del fraude fiscal hacia una supuesta persecución política. Sin embargo, los hechos son contundentes: González Amador reconoció su fraude y trató de evitar el juicio mediante maniobras irregulares.
La mentira como herramienta política no es nueva, pero la descarada utilización de bulos y medias verdades por parte de un alto cargo institucional debe encender todas las alarmas. Rodríguez ha demostrado que está dispuesto a vulnerar principios básicos de legalidad y ética para proteger los intereses personales de Ayuso.
Este caso es un reflejo de cómo el poder puede corromper las instituciones cuando se utilizan para fines personales. La Comunidad de Madrid merece representantes que actúen con integridad, no dirigentes que manipulan la verdad para encubrir delitos. Es imprescindible que el Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado actúen con firmeza para esclarecer este escándalo y depurar responsabilidades.
La ciudadanía no puede permitir que la mentira se normalice en el ejercicio del poder. Miguel Ángel Rodríguez debe responder por sus acciones y Ayuso por su complicidad. La justicia debe prevalecer y demostrar que, en un Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley, por muy alto que sea su cargo o influyente su posición.
La gravedad de este asunto exige transparencia, responsabilidad y, sobre todo, consecuencias. Rodríguez ha cruzado una línea que no puede quedar impune, y Ayuso debe rendir cuentas por el uso partidista y deshonesto de su Gobierno. La Comunidad de Madrid y su ciudadanía merecen líderes que respeten la verdad y las leyes, no cómplices de fraudes y mentiras.