La jornada en el Tribunal Supremo dejó al descubierto las maniobras de Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en un caso que combina filtraciones, manipulación y ataques al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tras declarar como testigo durante menos de una hora, Rodríguez no solo reiteró su versión de los hechos, sino que también exigió una “condena ejemplar” para el fiscal general, a quien acusó de ser el “creador de la trama de corrupción”. Además, admitió que difundió un ‘mail’ del fiscal del caso abierto contra el novio de Ayuso.
El asesor de Ayuso, que lleva meses en el punto de mira por su implicación en la difusión de información manipulada sobre el caso del novio de la presidenta madrileña, se presentó en el Supremo con un discurso desafiante. “La verdad siempre para adelante”, afirmó ante los periodistas, utilizando un tono habitual en sus intervenciones públicas. Sin embargo, sus propias palabras y acciones han levantado más sospechas que certezas.
Una manipulación calculada
El caso que ha llevado a MAR al Tribunal Supremo se centra en la filtración de correos electrónicos relacionados con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusado de fraude fiscal y falsedad documental. Rodríguez admitió haber difundido a la prensa un correo del fiscal Julián Salto, pero omitió un mensaje previo en el que el abogado de González Amador proponía un pacto. Esta omisión no fue casual: permitió construir un relato falso en el que la Fiscalía aparecía como promotora de un acuerdo para beneficiar al empresario.
Según Rodríguez, desconocía la existencia de ese primer correo. Una excusa que, lejos de despejar dudas, refuerza la percepción de que la filtración buscaba manipular la opinión pública en favor de la pareja de Ayuso. De hecho, el Supremo investiga si las primeras publicaciones sobre este caso, basadas en información sesgada, surgieron del entorno de González Amador.
Ataques y contradicciones
A pesar de su declaración como testigo, Rodríguez aprovechó la ocasión para cargar duramente contra García Ortiz. “El fiscal general debe ser condenado de manera ejemplar para que nadie más se atreva a filtrar datos confidenciales”, afirmó. Una declaración llamativa, teniendo en cuenta que el propio Rodríguez está siendo investigado por revelación de secretos y manipulación informativa.
La incoherencia de sus palabras no pasó desapercibida. Durante su intervención, el jefe de gabinete de Ayuso no explicó por qué envió solo una parte de la cadena de correos ni quién le proporcionó dicha información. Las preguntas sobre el papel de Ayuso en esta estrategia también quedaron sin respuesta. ¿Sabía la presidenta que su jefe de gabinete estaba filtrando información confidencial? ¿Fue informada antes o después de que el caso saltara a los medios?
Un historial de controversias
El comportamiento de Rodríguez no es nuevo. En su historial como asesor de Ayuso, ha utilizado redes sociales y filtraciones para desacreditar a opositores y medios críticos. En este caso, además de atacar al fiscal general, ha acusado a periodistas de encapucharse para “asaltar” el domicilio de la presidenta y ha difundido teorías conspirativas sobre Hacienda y el supuesto complot del Gobierno contra González Amador.
El PSOE, por su parte, ha presentado una denuncia contra Rodríguez por revelación de secretos, exigiendo que se conserven los datos de su teléfono móvil para evitar la destrucción de pruebas. Según los socialistas, Rodríguez filtró datos privados de periodistas de El País, obtenidos a través de un escolta de Ayuso. Una acusación que, de confirmarse, podría tener graves consecuencias legales.
Ayuso en el centro del escándalo
Aunque el foco está en Rodríguez, resulta inevitable cuestionar el papel de Ayuso en este escándalo. Como presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido públicamente a su pareja y a su asesor, mientras ha guardado silencio sobre las acusaciones de manipulación y filtraciones. Su falta de explicaciones contrasta con su discurso habitual de transparencia y rectitud.
El caso también pone en evidencia las tensiones dentro del Partido Popular. Mientras Ayuso y su equipo se enfrentan a estas acusaciones, el líder nacional, Alberto Nuñez Feijóo, intenta desvincularse de los escándalos que salpican a la Comunidad de Madrid. Una fractura que podría tener consecuencias políticas a nivel nacional.
El Supremo toma cartas en el asunto
La investigación del Supremo se ha intensificado en las últimas semanas, tras un informe de la Guardia Civil que reveló el cambio de teléfono de García Ortiz poco después de que se abriera la causa contra él. Aunque este detalle ha sido utilizado por Rodríguez para reforzar sus acusaciones, el tribunal ha descartado que el comunicado de la Fiscalía sobre el caso haya incurrido en revelación de secretos, ya que los medios habían publicado previamente su contenido.
Por ahora, la investigación se centra en determinar si el círculo de González Amador fue el primero en filtrar los correos y con qué intención. Un dato que podría cambiar el rumbo del caso y poner a Rodríguez y Ayuso en una situación aún más comprometida.
Consecuencias políticas y legales
Las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez han dejado más sombras que luces. Su exigencia de una condena ejemplar para el fiscal general parece un intento de desviar la atención de sus propias acciones. Mientras tanto, la presión sobre Ayuso aumenta, tanto por su vinculación personal con el caso como por su responsabilidad política.
En un contexto en el que la credibilidad de las instituciones está en juego, este escándalo no solo afecta a los implicados directos, sino también a la imagen del Partido Popular y de la Comunidad de Madrid. Con cada nueva revelación, se hace más evidente que la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca.