Miguel Ángel Rodríguez, conocido como MAR, ha sido citado por el Tribunal Supremo para declarar como testigo en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, una figura clave en su estrategia de comunicación, estará obligado a declarar con la verdad, una circunstancia que podría destapar las prácticas más cuestionables de su gestión.
Esta comparecencia llega tras meses de señalamientos por parte de la oposición y diversos medios, que han acusado a Rodríguez de ser el arquitecto de los bulos que rodearon la investigación a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. En marzo pasado, MAR filtró información parcial y tergiversada sobre un supuesto pacto entre la Fiscalía y González Amador para cerrar una causa de fraude fiscal. La realidad, sin embargo, era opuesta: fue la defensa del empresario quien propuso el acuerdo.
Ayuso y MAR: una dupla que busca blindarse
Isabel Díaz Ayuso no ha escatimado en defender a Rodríguez, describiéndolo como un pilar de su gobierno. Pero esta defensa también ha generado dudas sobre su implicación directa en las maniobras del jefe de gabinete. Según fuentes judiciales, la Abogacía del Estado podría argumentar que Rodríguez actuó bajo las órdenes de la presidenta, una hipótesis que podría derivar en nuevas complicaciones legales para Ayuso.
“Es impensable que Miguel Ángel Rodríguez haga algo tan grave sin que Ayuso lo sepa y lo avale,” declaró Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid. Esta opinión ha sido compartida por diversos grupos políticos, que acusan a la presidenta de utilizar los recursos de la Comunidad de Madrid para proteger a su entorno cercano. Desde el PSOE, Jesús Celada, portavoz interino, fue tajante: “Ayuso no puede seguir escondiéndose detrás de Rodríguez. Ambos son responsables de la campaña de desinformación que intenta desviar la atención de los delitos fiscales de su pareja.”
El engranaje de los bulos
Los bulos que emanaron del despacho de Rodríguez han sido cuidadosamente desmontados en los últimos meses. En primer lugar, la filtración del correo electrónico que pretendía incriminar a la Fiscalía generó una narrativa falsa: que el Ministerio Público había ofrecido un pacto a González Amador. Sin embargo, un segundo correo desveló que fue el abogado del empresario quien propuso el acuerdo, admitiendo además la comisión de dos delitos fiscales.
El propio Rodríguez ha reconocido en redes sociales su participación en la difusión de esta información sesgada, justificándola como un acto de “transparencia”. Pero esta explicación no convence a la oposición ni a la Abogacía del Estado, que sostiene que Rodríguez buscaba desviar la atención mediática de los problemas legales de la pareja de Ayuso, utilizando para ello métodos cuestionables.
El Tribunal Supremo toma la iniciativa
La decisión del juez Ángel Hurtado de citar a Rodríguez como testigo marca un punto de inflexión en esta investigación. Hasta ahora, la causa se había centrado exclusivamente en la Fiscalía, pero la comparecencia de MAR podría abrir nuevas líneas de investigación que apunten directamente al entorno de Ayuso.
Además, la citación de otros testigos, como periodistas de medios que divulgaron la información filtrada, refuerza la hipótesis de que el equipo de Ayuso estaba detras de estas maniobras. Los interrogatorios previstos para enero podrían arrojar luz sobre la cadena de decisiones que llevaron a la difusión de información confidencial, así como sobre el papel de la presidenta en estos movimientos.
Silencio y bloqueos en la Asamblea
Mientras tanto, en la Asamblea de Madrid, el PP ha cerrado filas en torno a Ayuso y Rodríguez, bloqueando cualquier intento de investigación parlamentaria. Esta estrategia de blindaje ha sido duramente criticada por la oposición, que ha llevado el caso al Tribunal Constitucional.
“La mayoría absoluta de Ayuso no puede ser un escudo para evitar rendir cuentas,” señaló Bergerot. “La presidenta debe responder por el uso de recursos públicos para proteger a su pareja y encubrir sus escándalos fiscales. Y Rodríguez no puede seguir actuando como un agente libre sin control.”
El futuro inmediato de Rodríguez y Ayuso
La comparecencia de MAR ante el Supremo supone un momento crítico para el gobierno de Ayuso. Si bien el jefe de gabinete ha sido hasta ahora el principal ejecutor de su estrategia política, su participación en esta causa podría debilitar significativamente su posición.
Por su parte, Ayuso enfrenta un dilema político y legal. Su defensa cerrada a Rodríguez podría interpretarse como una confirmación de su implicación en las maniobras investigadas. En cualquier caso, el caso MAR es un recordatorio del precio de las políticas basadas en la desinformación y el desprecio por las instituciones.
Con la oposición decidida a mantener la presión y una investigación judicial en marcha, el futuro de Ayuso y Rodríguez podría ser mucho más incierto de lo que ambos habían previsto.