El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a situarse en el centro de la polémica por su gestión de fondos públicos. Desde 2020, la Comunidad de Madrid ha otorgado subvenciones por valor de 7,5 millones de euros a la asociación Centro de Recursos para Asociaciones y Ayuntamientos (Crea), pese a los reiterados incumplimientos en la justificación de sus proyectos y múltiples sanciones previas. Así lo detalla una investigación de InfoLibre, que ha destapado un sistema de ayudas plagado de irregularidades y opacidad.
Millones sin justificar: ¿dónde está el dinero?
Las ayudas a Crea, al menos 90 desde el inicio de la pandemia, han generado ingresos millonarios para esta entidad, que se presenta como un punto de encuentro para pequeñas ONG y asociaciones. Sin embargo, la asociación no ha cumplido con los estándares de transparencia básicos. A diferencia de otras organizaciones del sector, en su página web no figuran las ONG asociadas, ni los miembros de su junta directiva, ni sus estatutos o cuentas.
Ya en 2021, la Consejería de Políticas Sociales y Familia reclamó la devolución de 43.333 euros concedidos en 2019 tras determinar que no se justificó el empleo de esos fondos. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó esta decisión, rechazando los argumentos de Crea. A pesar de ello, las subvenciones han continuado año tras año, con la más abultada, de 1,4 millones de euros, concedida a dedo en 2022 mediante los fondos europeos Next Generation.
Argumentos y excusas: la defensa de Crea
Desde la asociación, su expresidente Rafael Escudero y el actual presidente, Jorge Vales, han defendido la legalidad de sus actuaciones. Atribuyen los problemas en la justificación de las ayudas a "errores administrativos" y a la complejidad de gestionar proyectos en varias comunidades autónomas. Según Vales, la mayoría de los fondos no se quedaron en Crea, sino que fueron transferidos a su principal colaborador, la Fundación Grupo Hada. Sin embargo, esta fundación tampoco ofrece claridad sobre su estructura, ya que en su portal no figuran los miembros de su patronato ni su director.
Fondos públicos y falta de control
Uno de los aspectos más cuestionables de este caso es la continuidad de las subvenciones a pesar de las sanciones y los antecedentes de la asociación. En 2023, el Ministerio de Sanidad impuso a Crea una multa de 9.000 euros por no justificar los fondos recibidos dentro del plazo legal. Este patrón de incumplimientos no ha sido impedimento para que el Gobierno de Ayuso siga destinando recursos públicos a la asociación.
La comunidad ha eludido ofrecer explicaciones claras sobre este apoyo reiterado. Según *infoLibre*, un portavoz de la Consejería de Familia aseguró que están recopilando información para revisar las decisiones tomadas en diversas áreas. Pero esta respuesta llega tarde y tras años de permisividad.
Un modelo cuestionado
El caso de Crea pone en entredicho el modelo de gestión de ayudas públicas en la Comunidad de Madrid. La falta de transparencia y los reiterados incumplimientos de esta asociación son solo la punta del iceberg de un problema más amplio: la ausencia de mecanismos efectivos para garantizar que el dinero público se utiliza adecuadamente. A pesar de los intentos de Crea por justificar su opacidad, resulta inaceptable que, tras 7,5 millones de euros en subvenciones, no exista un control riguroso de los proyectos financiados.
Esta situación no es nueva. Bajo el mandato de Ayuso, se han multiplicado las denuncias por la asignación opaca de contratos y ayudas públicas. La presidenta ha defendido siempre la eficacia de su administración, pero casos como el de Crea dejan claro que el control y la transparencia no son prioridades para su Gobierno.
Polémica sobre fondos europeos
Uno de los puntos más polémicos del caso es la subvención de 1,4 millones de euros provenientes de los fondos europeos Next Generation. Este programa, destinado a impulsar la recuperación tras la pandemia, exige un riguroso control de los proyectos financiados. Sin embargo, en este caso, el dinero se otorgó a una asociación con un historial de incumplimientos. El proyecto, destinado a cursos de formación digital para mujeres en zonas rurales, se extenderá hasta 2025, pero ya hay dudas sobre su ejecución real.
Ayuso y su modelo de gestión
El caso Crea no es un hecho aislado en la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Durante su mandato, la presidenta ha priorizado un modelo que favorece adjudicaciones rápidas y directas, muchas veces sin la supervisión necesaria. Esto ha generado un entorno propicio para la opacidad y el despilfarro de recursos públicos.
Las críticas no se han hecho esperar. Desde la oposición, se ha exigido una auditoría exhaustiva de las subvenciones otorgadas a Crea y otras asociaciones similares. Además, se ha pedido que Ayuso asuma responsabilidades políticas por lo ocurrido. Pero la presidenta, lejos de reconocer errores, ha optado por eludir las críticas y mantener el discurso de la eficiencia administrativa.
Además de las subvenciones otorgadas a la asociación Crea, la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha estado bajo escrutinio por diversas irregularidades en la administración de fondos públicos. A continuación, se detallan algunos casos destacados:
Fraccionamiento de contratos en centros de Formación Profesional (FP)
Se han denunciado prácticas de fraccionamiento de contratos en la construcción y reforma de centros de FP en la Comunidad de Madrid. Esta estrategia permite eludir los controles y procedimientos de licitación pública, facilitando adjudicaciones directas. Más Madrid presentó ante la Fiscalía 342 contratos que considera troceados para evitar concursos públicos, sumando un total de seis millones de euros y vinculados a once proveedores.
Subvenciones directas sin justificación adecuada
El Tribunal Supremo estimó un recurso de la Comunidad de Madrid contra un Real Decreto del Gobierno central que otorgaba subvenciones directas a determinadas comunidades autónomas sin una justificación clara. El alto tribunal invalidó estas concesiones por falta de transparencia en el procedimiento.
Denuncias por contratos vinculados a familiares de políticos
El Partido Popular de Madrid denunció supuestas irregularidades en adjudicaciones y ayudas a empresas vinculadas a familiares de altos cargos del Gobierno central, incluyendo al presidente Pedro Sánchez y a la vicepresidenta Nadia Calviño. Estas denuncias apuntan a posibles casos de tráfico de influencias y prevaricación en la concesión de contratos durante la pandemia.
Investigaciones archivadas
A pesar de las múltiples denuncias presentadas contra la presidenta Ayuso por presuntas irregularidades en la gestión de contratos y subvenciones, varias de ellas han sido archivadas por la Fiscalía y otros órganos jurisdiccionales, al no encontrar indicios suficientes de delito.
Estos casos reflejan preocupaciones sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos en la Comunidad de Madrid bajo la administración de Isabel Díaz Ayuso.