La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha dado un paso significativo al presentar una demanda contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el Tribunal Supremo, alegando una presunta “intromisión ilegítima en su derecho al honor”. La acción se produce después de que Montero hiciera declaraciones públicas donde insinuó que González Amador podría estar vinculado a prácticas fraudulentas, mencionando el supuesto pago irregular de la vivienda de Ayuso. Este conflicto legal cobra especial relevancia debido al carácter mediático tanto de Ayuso como de Montero y las repercusiones políticas de sus respectivos cargos.
La disputa comenzó el pasado marzo, cuando Montero, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, afirmó que la presidenta de la Comunidad de Madrid “podría estar viviendo en un piso que se pagó con fraude”. En esa misma intervención, la ministra insinuó que tanto el hermano como la pareja de Ayuso estarían involucrados en operaciones financieras cuestionables, incluyendo posibles fraudes en el contexto de la pandemia. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de González Amador, quien consideró que Montero había traspasado el límite de la crítica política para afectar directamente su honor y reputación.
González Amador solicitó inicialmente un acto de conciliación con la ministra, instando a Montero a retractarse de sus declaraciones. El acto de conciliación fue convocado en un juzgado de Madrid el 2 de octubre, pero la ministra no se presentó, lo que llevó al demandante a escalar el caso al Tribunal Supremo. En su demanda, González Amador exige una compensación de 40.000 euros como reparación por lo que él y sus representantes legales consideran una violación de su derecho al honor.
Fuentes jurídicas señalan que el demandante ha argumentado que las declaraciones de Montero sobre el presunto fraude fiscal exceden el ámbito de la crítica política y se convierten en una “acusación directa” que afecta su integridad. La defensa de González Amador subraya que estas palabras proyectan una imagen pública negativa que puede tener consecuencias en su vida privada y profesional. La demanda enumera varias intervenciones de la ministra en marzo y en octubre, en las que menciona las acusaciones de fraude y cuestiona la relación de Ayuso con personas presuntamente involucradas en actividades ilícitas.
La ministra Montero, por su parte, no ha emitido aún declaraciones sobre esta demanda, pero en sus intervenciones anteriores dejó claro que considera que la ciudadanía tiene derecho a saber si existen irregularidades en figuras públicas o en su entorno. Esta postura ha sido respaldada por varios sectores que interpretan sus palabras como una manifestación de transparencia y de exigencia de responsabilidad hacia los cargos públicos.
La demanda de González Amador marca otro capítulo en la relación cada vez más tensa entre el Gobierno central y el equipo de Ayuso, cuya administración se ha caracterizado por fuertes enfrentamientos con Moncloa. En este caso, la polémica se intensifica al implicar cuestiones personales y al abrir un debate sobre los límites entre la crítica política y el respeto al honor de las personas del entorno de los líderes.
Este proceso ante el Supremo añadirá nuevas tensiones y preguntas sobre hasta dónde se debe llegar en la política española al tratar temas personales en la arena pública.