La relación entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador ha quedado en el centro de la tormenta mediática y judicial en los últimos meses. Mientras ella sigue con su agenda política, su pareja se enfrenta graves acusaciones por fraude fiscal y falsificación de documentos, muchos de ellos reconocidos ante Hacienda. Los detalles del caso no dejan lugar a dudas: González Amador está acusado de defraudar a Hacienda mediante el uso de facturas falsas y la declaración de gastos inexistentes que le habrían ahorrado cerca de 350.000 euros en impuestos entre 2020 y 2021.
El fraude: facturas falsas y deducciones millonarias
El informe de la Agencia Tributaria es contundente: González Amador, empresario y comisionista en el sector sanitario, infló artificialmente los gastos de su empresa, Maxwell Cremona, para reducir su carga fiscal. Según el informe, los ingresos de su compañía pasaron de 357.000 euros en 2019 a más de 2,3 millones en 2020, coincidiendo con la pandemia de COVID-19, un aumento descomunal que despertó sospechas en los inspectores de Hacienda. Sin embargo, la base imponible declarada apenas creció, lo que encendió las alarmas.
El método utilizado por González Amador consistía en deducir facturas por servicios que nunca se prestaron. Una de las operaciones más significativas fue la emisión de una factura de 620.000 euros a una empresa mexicana, MKE, supuestamente por trabajos de intermediación en la búsqueda de clientes para operaciones comerciales. Sin embargo, tal negocio nunca se materializó. “¿Cómo se puede justificar un gasto tan elevado si no hubo ninguna operación efectiva?” se preguntan los inspectores en su informe.
El intento de negocio en Costa de Marfil
Otro episodio que ha destapado la investigación es el fallido intento de negocio en Costa de Marfil. En junio de 2021, González Amador viajó al país africano para negociar un contrato millonario de venta de vacunas contra el COVID-19. A pesar de que su oferta fue rechazada por las autoridades marfileñas, González Amador declaró a Hacienda un gasto de 922.000 euros en concepto de intermediación, una cifra que ahora forma parte de las pruebas de su fraude fiscal.
“El empresario sabía que el concurso no se iba a materializar desde julio de 2021, pero aun así incluyó esos gastos en su declaración de impuestos del año siguiente”, explica el informe de la Agencia Tributaria. Este patrón de actuación, basado en facturas ficticias y operaciones inexistentes, se repitió en varias ocasiones, hasta que la inspección fiscal destapó el esquema de fraude.
Un preacuerdo frustrado
Con la documentación en su contra y la presión judicial en aumento, González Amador optó por llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El objetivo era evitar una pena de prisión efectiva mediante la aceptación de los delitos y el pago de las cantidades defraudadas. “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo, pero cuando entendí la gravedad de los hechos, procedí a ingresar las cantidades correspondientes en Hacienda”, reconoció su abogado en un escrito presentado ante los tribunales.
El preacuerdo incluía una condena de cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos fiscales cometidos, más una multa equivalente al 40% de la cuota defraudada. En total, González Amador debía pagar 60.000 euros por el fraude de 2020 y 78.000 euros por el de 2021, evitando así la cárcel al ser penas inferiores a dos años y tras haber regularizado su situación fiscal.
Sin embargo, el acuerdo se frustró cuando la acusación popular, representada por PSOE y Más Madrid, solicitó ampliar la investigación a otros posibles delitos relacionados con corrupción en los negocios y falsedad contable. Este movimiento detuvo el acuerdo en seco, y ahora el caso podría alargarse varios meses mientras se resuelven los recursos interpuestos por las partes.
La sombra de Ayuso
Aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intentado mantenerse al margen del escándalo, su relación con González Amador ha complicado la situación política. Diversos sectores han señalado que el empresario ha visto multiplicar su facturación desde que inició su relación con Ayuso. En particular, la empresa Quirón Salud, beneficiaria de los procesos de privatización de la sanidad madrileña, ha sido vinculada a contratos con la compañía de González Amador, lo que ha levantado sospechas sobre posibles conflictos de interés.
El hecho de que Fernando Camino, directivo de Quirón Salud, mantenga una relación personal y profesional estrecha con el empresario agrava aún más las dudas. A medida que avanza la investigación, Más Madrid y el PSOE han pedido que se revisen los correos electrónicos entre González Amador y Quirón Prevención, con el fin de esclarecer si hubo algún tipo de trato de favor en la adjudicación de contratos.
Un caso que no ha terminado
El caso de Alberto González Amador está lejos de concluir. A medida que se revelan más detalles sobre su fraude fiscal y sus conexiones empresariales, la presión sobre Isabel Díaz Ayuso crece. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido públicamente a su pareja, afirmando que “Hacienda le debe dinero” en lugar de lo contrario. No obstante, las pruebas acumuladas por la Agencia Tributaria y la negativa de la oposición a dejar pasar el caso sin una investigación exhaustiva apuntan a que el caso seguirá ocupando titulares durante meses.
Con un preacuerdo en el aire y nuevas acusaciones por parte de la oposición, el futuro judicial de González Amador parece complicado. La posibilidad de que acabe con una condena de prisión suspendida sigue sobre la mesa, pero la presión política podría inclinar la balanza hacia un juicio más largo y, posiblemente, nuevas revelaciones sobre su relación con el mundo empresarial y político madrileño.