La reciente decisión del Tribunal Supremo de no investigar la primera filtración relacionada con el pacto de conformidad del novio de Isabel Díaz Ayuso ha generado controversia y sospechas sobre la imparcialidad en la gestión de este caso. Según los datos, el diario *El Mundo* publicó el 13 de marzo a las 21:29 el primer correo que destapaba la existencia de negociaciones entre la Fiscalía y Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. Sin embargo, según el relato del propio Supremo, el fiscal general del Estado y la Fiscal Jefa Provincial accedieron a esa comunicación media hora más tarde. A pesar de esta discordancia temporal, el alto tribunal ha decidido no investigar esa primera filtración.
La cronología de una noche frenética
La noche del 13 de marzo estuvo marcada por una serie de filtraciones y noticias que, a medida que avanzaban las horas, se contradecían unas a otras, evidenciando una clara guerra de información. El diario 'El Mundo' fue el primero en lanzar el bulo a las 21:29, titulando que "la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales". Este titular iba acompañado del entrecomillado de un correo electrónico supuestamente remitido por el fiscal al abogado de González Amador, en el que se detallaba la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad.
Poco más de una hora después, a las 22:41, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, añadía leña al fuego en Twitter, asegurando que la fiscalía había ofrecido un acuerdo que luego se deshizo por "órdenes de arriba". Esta narrativa fue replicada por otros medios afines a la presidenta madrileña, como 'Vozpópuli' y 'Libertad Digital', que publicaron noticias similares citando a fuentes cercanas a Ayuso.
La revelación de la SER y la versión real
La narrativa cambió radicalmente cuando la Cadena SER reveló, primero en antena y luego en su página web a las 23:51, un correo anterior al mencionado por 'El Mundo'. Según esta información, fue Alberto González Amador, y no la Fiscalía, quien propuso un pacto de conformidad. En dicho acuerdo, el novio de Ayuso se declaraba culpable de dos delitos fiscales, reconociendo íntegramente los hechos. Esta revelación desmentía las acusaciones vertidas en las horas previas por los medios alineados con Ayuso y dejaba al descubierto las manipulaciones informativas en torno al caso.
La Fiscalía, por su parte, emitió una nota de prensa la mañana siguiente, a las 10:20, en la que aclaraba que el único documento que se había hecho público bajo su responsabilidad era esta comunicación oficial. La secuencia temporal desmontaba así la teoría de que la filtración inicial provenía de las altas esferas de la fiscalía.
El Supremo se limita a una investigación parcial
El Tribunal Supremo, en su auto publicado este miércoles, abrió una investigación por revelación de secretos al desmontar las informaciones previas sobre el supuesto pacto de conformidad. No obstante, se centró exclusivamente en la filtración revelada por la Cadena SER y decidió no indagar en el correo publicado por 'El Mundo' a las 21:29, a pesar de que este fue el primero en aparecer y, según la cronología oficial, se difundió antes de que el Fiscal General y la Fiscal Jefa Provincial tuvieran acceso al mismo.
Esta decisión ha generado numerosas críticas, ya que parece evidente que la primera filtración no pudo provenir de las altas esferas de la Fiscalía, dado que estas aún no habían recibido esa información. El hecho de que el Supremo descarte investigar esta línea pone en duda la exhaustividad y transparencia de la investigación. ¿Por qué el Tribunal Supremo ignora una evidencia tan clara de que hubo filtraciones previas a la intervención de la Fiscalía? ¿Por qué se limita a investigar únicamente una parte de los hechos?
¿Protección política o negligencia?
La decisión del Supremo de no investigar la filtración inicial ha despertado suspicacias sobre posibles motivaciones políticas o, al menos, una falta de rigor en el proceso. El hecho de que la primera publicación provenga de un medio alineado con los intereses de la presidenta madrileña y que, además, esa información se publicara antes de que la Fiscalía accediera a los correos, plantea serias dudas. La falta de una investigación exhaustiva podría interpretarse como un intento de proteger a quienes filtraron esa información en beneficio de ciertos intereses políticos.
Por otro lado, la decisión de centrarse únicamente en la revelación de la Cadena SER, un medio con una línea editorial más crítica hacia Ayuso, pone de manifiesto un sesgo evidente que perjudica la credibilidad del Tribunal Supremo en su gestión de este caso. La impresión de que solo se investiga a aquellos que contradicen la versión oficial de la presidenta madrileña socava la confianza en las instituciones judiciales del país.
Las implicaciones para el derecho de defensa
Más allá de las consideraciones políticas, esta falta de exhaustividad en la investigación afecta directamente al derecho de defensa de Alberto González Amador. El hecho de que se filtraran correos antes de que la fiscalía tuviera acceso a ellos supone una violación de la confidencialidad y del derecho a un proceso justo. Al no investigar todas las posibles filtraciones, el Supremo está ignorando una violación fundamental que afecta no solo a este caso en particular, sino a la percepción de imparcialidad y transparencia del sistema judicial en general.
La filtración inicial, difundida por 'El Mundo', condicionó la narrativa del caso desde el primer momento y, al no investigarse, se deja abierta la posibilidad de que existan filtradores dentro del sistema con capacidad para manipular la información a conveniencia. La falta de investigación en esta línea implica una grave negligencia que puede tener consecuencias a largo plazo para la confianza pública en la justicia.